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SUSANA Y MARISOL, ALFILES DEL GRUPO UNIVERSIDAD, APUNTAN AL DISTRITO VII CON MIRAS AL 2028

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* Susana Ángeles Quezada y Marisol Ortega López hoy pregonan lealtad inquebrantable al gobernador Julio Menchaca Salazar, pero su pasado en el Consejo Estatal de Morena en agosto de 2022 las desmiente con estrépito. Hoy, cargando observaciones de la Auditoría Superior del Estado y carpetas en la Procuraduría derivadas de sus gestiones en Tizayuca y Tepeapulco, pretenden conquistar la diputación federal por el Distrito VII y utilizar sus relaciones en la cúpula partidista como trampolín hacia 2028, apostando a que las bases morenistas padecen desmemoria crónica.

Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010

Especial de Expediente Ultra

Hay en la grilla hidalguense quienes creen que basta cambiarse de camiseta para que se evaporen las investigaciones judiciales, los pliegos de auditoría y las carpetas ministeriales, y ver hoy a Susana Ángeles Quezada y a Marisol Ortega López golpearse el pecho invocando los principios de la Cuarta Transformación y jurando fidelidad absoluta al proyecto de Julio Menchaca Salazar obliga a sacar su verdadero rostro para exhibir la magnitud de su amnesia moral.

En política, como bien advertían los viejos juristas romanos bajo la máxima de que nadie puede alegar su propia torpeza en su beneficio, las huellas en el lodo no se borran con boletines de prensa ni con semblanzas llenas de pragmatismo y de supuestas lealtades.

La cronología de 2022 es una losa imposible de levantar para este par de alfiles forjados bajo el manto protector del Grupo Universidad, propiedad de los hermanos Sosa Castelán. Julio Menchaca ganó la gubernatura el 5 de junio de aquel año y recibió su constancia de mayoría el día 12 del mismo mes, convirtiéndose formalmente en gobernador electo, pero lejos de sumarse con disciplina institucional al liderazgo del mandatario entrante, las entonces alcaldesas de Tizayuca y Tepeapulco decidieron encabezar una emboscada interna apenas nueve días antes de que el nuevo titular del Ejecutivo rindiera protesta constitucional el 5 de septiembre.

Bastó que llegara el 27 de agosto de 2022, durante la sesión del Consejo Estatal de Morena en Pachuca, para que ambas unieran fuerzas en el Distrito VII y operaran a favor de la cofradía universitaria conocida como la “Sosa Nostra”, logrando sumar 38 votos para imponer a Marisol Ortega en la presidencia del Consejo Estatal de Morena frente a Liliana Mera Curiel, aunque sufrieron un revés doloroso cuando intentaron colocar al exdiputado federal Gustavo Callejas Romero (cercano al delegado del bienestar Abraham Mendoza) en la dirigencia ejecutiva de ese partido, cayendo por un estrecho margen de apenas dos o tres votos ante Marco Antonio Rico Mercado. Quisieron arrebatarle la casa al nuevo inquilino antes siquiera de que abriera la puerta.

Hoy, con el agua hasta el cuello tras acumular pasivos administrativos y penales durante sus respectivos trienios, ambas exediles vuelven a cruzarse en el tablero electoral buscando la Coordinación Distrital Federal 07 con cabecera en Tepeapulco rumbo a los comicios de 2027, convirtiendo la curul de San Lázaro —y la que resulte perdedora, obtener por lo menos una diputación local— en su única tabla de salvación para obtener fuero constitucional y esquivar el peso de sus propios expedientes.

Ahí están las investigaciones ministeriales de Marisol Ortega López en Tepeapulco, donde su paso turbulento por la alcaldía dejó al menos siete carpetas de investigación abiertas en la Procuraduría estatal tras la retención ilegal de ocho regidores en el Cabildo durante más de siete horas, sin olvidar las agresiones que sufrieron ediles disidentes a manos de grupos de choque en septiembre de 2021, ni la cancelación unilateral del convenio con la Caasim para perforar ocho pozos en la Laguna de Tecocomulco, sustituyendo la obra pública por el arrendamiento directo de pipas a la firma Grupo Amicizia a razón de mil 392 pesos por viaje bajo la operación real de su hermano Óscar Gabriel Ortega López.

¿O acaso creen que en el Altiplano ya nadie recuerda su alianza callejera con liderazgos priistas como Carolina Viggiano y Mayka Ortega para agitar pobladores y sabotear pozos hidráulicos?

Menos aún se borra su abrupta mudanza en la primavera de 2024 hacia la franquicia del Partido del Trabajo (PT) arrendada por los Sosa Castelán, donde registró a su hermano como alcalde suplente y a su madre como regidora propietaria antes de renunciar de forma urgente el 22 de abril a una candidatura a diputada local bajo las siglas del PT, para regresar corriendo al palacio municipal, justo cuando colaboradores suyos fueron grabados en video sacando diez cajas con archivos contables de 2021 previo a las auditorías estatales.

En Tizayuca la historia de Susana Ángeles Quezada es igual de espesa.

Las investigaciones, de quien escribe esta columna, comprueban aquel pacto bilateral firmado con el entonces alcalde priista de Tolcayuca, Gastón Valdespino Ávila, mediante el cual se facilitó la cesión de más de 41 hectáreas del ex Ejido de Tizayuca y se comprometió el suministro de agua potable de la Caamath para favorecer al fraccionamiento privado de Arrendadora Cesvin, detonando una solicitud de juicio político promovida por once regidores ante el Congreso local; mientras las calles tizayuquenses padecían inseguridad y escasez de patrullas, en el Sistema DIF Municipal, entonces bajo el mando de su hermana Adriana Ángeles Quezada, los números nomás no cuadraban, al grado de que la Auditoría Superior del Estado documentó observaciones por más de tres millones y medio de pesos en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 ante apoyos alimentarios sin evidencia de entrega ni padrones verificables. Pero hoy dice “Todo está aclarado”.

Aquella red familiar pretende perpetuarse hoy mediante un nepotismo a trasmano desde la Secretaría General del Ayuntamiento sucesor, oficina desde la cual la propia Adriana Ángeles mantiene el control administrativo de la alcaldía, todo ello sin contar aquel episodio de megalomanía en que amaneció colocada una placa con el nombre de la exedil en la céntrica calle Álvaro Obregón.

Descartada en 2021 de la encuesta a la gubernatura, relegada al humillante lugar 21 como suplente plurinominal en 2024 y con el naufragio reciente de su respaldo a la llamada Ley Esposa tras el fallo de la Suprema Corte, Susana Ángeles renunció el pasado 2 de octubre a su dirección general en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal para lanzarse por el Distrito VII federal.

Hoy, la que intentaba, hace algunos años, arrebatarle la candidatura al actual gobernador, no busca únicamente una curul en San Lázaro, sino que sueña con usar esa escalera para pelear la gubernatura de Hidalgo en 2028, convencida ingenuamente de que su cercanía y amistad con Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, le servirá de salvoconducto para doblar las encuestas.

¡Vaya manera de hacerse al ensarapado frente a una realidad política que ya les cerró el paso!

Abrirle la puerta de la sucesión estatal de 2028 a Susana Ángeles equivaldría a entregarle el Poder Ejecutivo de Hidalgo por la puerta de servicio a los hermanos Sosa Castelán y a su cofradía universitaria, cuando ni en Palacio Nacional ni en la dirigencia guinda cabe la ingenuidad para reciclar a quienes en agosto de 2022 operaron contra el proyecto de Julio Menchaca, ni mucho menos para premiar con candidaturas mayores a cuadros marcados por el porrismo, las observaciones de auditoría y los pactos de impunidad con el viejo régimen.

Podrán cambiar de micrófono y envolverse en toda la bandera de la Cuarta Transformación, pero en Hidalgo la curul federal no funciona como borrador de traiciones, ni como antesala para el regreso de la “Sosa Nostra”.

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