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Por Samuel Cantón Zetina / @SamuelCanton
La mayoría de MORENA aprobó en el Senado la iniciativa de supremacía consttitucional, y en la madrugada debió hacerlo también en San Lázaro.
El Poder Judicial dejará de tener la última palabra cuando se trate de modificaciones a la Carta Magna.
No podrá ya frenar o “congelar” iniciativas avaladas
por dos terceras partes de los senadores y diputados, y la mayoría de los Congresos de los estados.
El principio de esto se produjo cuando el ex presidente López Obrador llamó a ese poder a depurarse solo para acabar con la corrupción, privilegios, nepotismo y tráfico de influencias.
Por décadas, la justicia al pueblo quedó a manera de rehén en una subasta a mejor postor.
AMLO fue ignorado por casi seis años, incluso por quienes dentro del Poder Judicial pudieron desempeñarse con legalidad y honradez, y no eran grandes beneficiarios de la situación.
Con su silencio, se hicieron cómplices de las camarillas que lucraron con la bandera de la “autonomía”.
La corrupción en el Judicial, que a decir de Obrador terminará con la reforma, fue aceptada por el propio ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya: “Sí hay jueces de consigna. Te dejan años en la cárcel mientras averiguan…”
Los togados, que hacen “mañaneras” para refutar a la presidenta Sheinbaum, y redujeron la edad de retiro (65 a 55 años) en pleno paro de labores y discusiones legislativas, para que jueces de distrito y magistrados de circuito se jubilen anticipadamente y amarren pensión con todo su salario, han gozado de total impunidad.
“¿Desde cuándo no hay un juez en la cárcel? ¿Un magistrado? ¿Un ministro?”, se preguntó en su tiempo AMLO.
En el futuro, un Tribunal tendrá facultades para sancionar actuaciones a todas luces injustas e ilegales.
Con los impuestos, en el máximo tribunal de justicia aún se pagan las pensiones vitalicias a nueve ministros en retiro de la Corte disuelta por Zedillo en 1994, entre ellos Diego Valadés, ex rector de la UNAM.
Se acabó.
