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Engranes de Poder
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
Lo ocurrido con Marx Arriaga, ex Director General de Contenidos Educativos de la Secretaría de Educación Pública, no es solo una anécdota insólita: es un síntoma real de la administración pública mexicana.
Según versiones difundidas en cientos de medios de comunicación, tras ser removido de su cargo, decidió atrincherarse en su oficina durante varios días bajo el argumento de que nadie le había notificado oficialmente su salida. Más allá del detalle administrativo —si hubo o no documento formal, si la notificación fue verbal o escrita— el episodio desnuda una realidad que quienes hemos dedicado años y pasado por el servicio público conocemos demasiado bien: en el gobierno, el poder nunca es propio; es prestado.
Y lo prestado, se devuelve.
En el servicio público la estabilidad es relativa. No existe la certeza contractual del sector privado, ni la protección de una carrera inamovible en la mayoría de los cargos de alto nivel. Estamos sujetos a cambios de administración, reacomodos políticos, ajustes presupuestales y, sí, también a decisiones personales. A veces bien pensadas. A veces tomadas sobre las rodillas o con enconos y resentimientos.
Esa es la regla no escrita. Quien entra al gobierno sabe —o debería saber— que la relación laboral es frágil. Que la confianza es el verdadero nombramiento. Y que cuando esa confianza se retira, el cargo se termina, aunque el oficio tarde en llegar. No es necesariamente justo. Pero así funciona.
Por eso el episodio de Marx Arriaga resulta más simbólico que administrativo. Porque atrincherarse no cambia la naturaleza del poder. Resistirse en una oficina y tapizarla de carteles como si fuera un cubículo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM no transforma la lógica política. Puede generar titulares, puede provocar debates, pero no altera la estructura básica del sistema: los cargos no le pertenecen a las personas; pertenecen al gobierno y a sus administradores en turno.
Lo verdaderamente delicado no es que alguien se resista a salir. Lo preocupante es el contexto que lo rodea.
En México —y no es exclusivo de un partido ni de una administración— la política de cuates y de cuotas sigue siendo una constante. Hay perfiles que llegan por mérito, experiencia y trayectoria. Pero también los hay en una gran mayoría, que llegan por cercanía, por compromiso previo, por pago de favores o por equilibrio interno de grupos.
Y cuando el acceso es político, la salida también suele serlo. En ese ecosistema, las decisiones no siempre obedecen a evaluaciones técnicas. A veces pesan más los enconos personales, las etiquetas ideológicas o las presiones internas. A veces el criterio no es desempeño, sino conveniencia. Y sí, en más de una ocasión, las determinaciones se toman con prisa, sin medir impactos ni cuidar las formas, mucho menos la cortesía.
Eso erosiona al servicio público. Porque el funcionario que hoy se atrinchera pudo haber sido el que ayer fue respaldado por la misma lógica que ahora lo desplaza. El problema no es individual, es estructural. Es la normalización de un sistema donde la lealtad política vale más que la institucionalidad y donde la estabilidad depende menos de resultados que de alineamientos.
Quienes dedicamos nuestra vida laboral al servicio público, entendemos algo esencial: el cargo es circunstancial. Se llega por una combinación de mérito, oportunidad y confianza. Y se sale por exactamente las mismas razones. Pretender que un nombramiento es propiedad personal es desconocer la esencia misma del sistema.
Pero también es cierto que el poder debe ejercerse con responsabilidad. Remover a alguien sin formas claras, sin comunicación adecuada o bajo criterios opacos no fortalece la institucionalidad; la debilita. Porque si el ingreso es discrecional y la salida también, el mensaje es claro: lo que importa no es el trabajo, sino la cercanía.
Ahí es donde la política de cuotas termina por afectar no solo a las personas, sino a las instituciones. El caso de don Marx —más allá de simpatías o críticas sobre su gestión— abre una conversación más amplia: ¿qué tan profesionalizado está realmente nuestro servicio público? ¿Cuánto pesan los resultados frente a los compromisos políticos? ¿Y cuántas decisiones se toman con visión institucional, y cuántas obedecen a reacomodos internos?
En el cierre o ajuste de administraciones, estas tensiones se intensifican. Los grupos se mueven, las posiciones se redistribuyen y el margen de estabilidad se reduce. Es parte del ciclo político. Pero cuando el proceso carece de inteligencia, transparencia y reglas claras, lo que queda es incertidumbre y desgaste innecesario.
En el gobierno no hay plazas eternas. Tampoco debería haber trincheras personales. El servicio público exige entender que el poder es transitorio. Que hoy se firma y mañana se entrega. Que la oficina no es territorio propio, sino espacio institucional. Y que la madurez política se demuestra tanto al llegar como al irse.
Quizá lo verdaderamente insólito no es que alguien se encierre cuatro días en su oficina. Lo verdaderamente revelador es que todavía nos sorprenda la fragilidad de una relación laboral que, desde su origen, siempre ha sido temporal.
En política, el poder no se defiende con llave. Se ejerce… mientras dura.
Al tiempo.
