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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
Las imágenes que circulan por internet son brutales y desgarradoras: cientos de pares de zapatos apilados, prendas de vestir esparcidas por doquier, maletas y documentos oficiales rotos. Estos restos, encontrados en el llamado “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco, dan cuenta de uno de los crímenes más atroces cometidos por la delincuencia organizada en el país. Gracias a la llamada anónima que alertó al colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, se logró ubicar este, literal campo de exterminio, que operaba bajo la fachada de un supuesto centro de trabajo. Pero la verdad detrás de esas paredes era mucho más aterradora: el cártel Jalisco Nueva Generación-CJNG, uno de los más poderosos y sanguinarios de México, lo utilizaba como lugar para deshacerse de sus víctimas y adiestrar a nuevos sicarios.
El hallazgo de este campo del horror, no es solo un testimonio más de la violencia extrema que atraviesa México, sino también un reflejo de la manera en que las redes sociales han sido instrumentalizadas para atraer a jóvenes desprevenidos. Según diversas revelaciones, el CJNG reclutaba a sus víctimas a través de anuncios en Facebook, ofreciéndoles trabajos con alta paga que, en realidad, eran trampas mortales. Los jóvenes, en busca de una oportunidad, caían en la red sin saber que se convertirían en presas de un sistema de explotación y muerte.
Al llegar al Rancho Izaguirre, los primeros momentos eran aterradores: los prisioneros eran denigrados en su ser y despojados de su identidad. Se les asignaba un apodo o un número. Este acto despersonalizador no solo deshumaniza a las víctimas, sino que las convierte en cifras dentro de una maquinaria cruel, en la que la vida de cada ser humano vale tan poco como la ropa que dejan atrás. Además de los zapatos y prendas de vestir, fueron hallados tres hornos crematorios clandestinos, restos óseos, cenizas y objetos personales, como maletas y documentos de identificación. Todo eso evidencia la magnitud de la barbarie que se vivió en ese lugar.
Este campo de exterminio, no era solo un lugar de muerte, sino también de reclutamiento y entrenamiento. Aquellos que lograban sobrevivir a la tortura física y psicológica, eran trasladados a un campo en la zona serrana a más de cuatro horas de Guadalajara, donde eran sometidos a un intenso adiestramiento táctico sicarial. Los sobrevivientes en esta etapa, entonces, pasaban de ser víctimas, a ser parte activa de la estructura criminal del CJNG. Este ciclo de horror no tiene fin: quienes sobreviven, en muchos casos, se convierten en cómplices de un sistema que los destruye tanto física como emocionalmente.
El terrible hallazgo en el Rancho Izaguirre no es un hecho aislado. En Jalisco, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), existen más de 15,000 personas reportadas como no localizadas, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿Cuántas de ellas podrían haber terminado en estos campos de exterminio y entrenamiento? Cada número, cada caso, representa una vida destrozada, una familia rota y una justicia que, en la mayoría de los casos, no llega.
Este descubrimiento nos obliga a reflexionar de manera urgente sobre la gravedad de la violencia organizada y criminal en México. No solo estamos ante una crisis de seguridad, sino ante una tragedia humanitaria. La falta de oportunidades laborales, sumada a la descomposición social y la ineficacia de los gobierno locales en muchas regiones, ha creado un caldo de cultivo perfecto para que los grupos criminales se apoderen de las vidas de miles de jóvenes. La promesa de trabajo y un futuro mejor se convierte en una trampa mortal.
Es momento que las autoridades, de todos los niveles, actúen con firmeza y decisión frente a este tipo de crímenes, pero también es necesario que se cree una red de apoyo para las víctimas y sus familias. Los colectivos de búsqueda, como “Guerreros Buscadores de Jalisco”, cumplen un papel crucial, pero su trabajo debe ser respaldado por políticas públicas que, de una vez por todas, combatan el crimen organizado desde sus raíces.
El caso del “Rancho del Horror” es un recordatorio doloroso de la realidad que viven muchas familias mexicanas. La impunidad y la indiferencia no pueden seguir siendo las respuestas. Las víctimas de este campo de exterminio merecen justicia, y cada historia de desaparición exige una respuesta contundente del Estado. No podemos permitir que sigan existiendo más Ranchos Izaguirre en el país.
Al tiempo.
