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* En el Estado no solo operan 293 Comités de Contraloría Social que son capacitados para supervisar obras y programas sociales en todos los municipios, de acuerdo a lo informado por Álvaro Bardales; además, el Congreso Local emitió la convocatoria para el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que busca involucrar a ciudadanos con vocación y ética públicas, ajenos a partidos políticos, con el fin de reforzar la supervisión en la transparencia y rendición de cuentas
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
El que ciudadanos de a pie como yo y usted podamos revisar, estar atentos y denunciar cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos, obras y programas sociales, significa un gran avance en el tema de la lucha contra la corrupción. Hace años, tal idea era sencillamente impensable o, mejor dicho, una utopía, pero ahora con el gobernador Julio Menchaca, es una realidad que ayudará a evitar que muchos millones de pesos sean desviados o terminen en manos de políticos, constructores o empresarios sin escrúpulos.
Por todos los ámbitos oficiales y legislativos, el fortalecimiento de mecanismos para evitar que las “uñas” crezcan a funcionarios estatales, municipales o de los diversos organismos públicos, avanza a pasos firmes. Uno de los instrumentos más eficaces y certeros para involucrar a la ciudadanía en la vigilancia de los temas públicos, son los 293 Comités de Contraloría Social que ya operan en todo el Estado.
Como el contralor Álvaro Bardales ha mencionado, la participación ciudadana debe ser un pilar fundamental para garantizar el correcto uso de los recursos públicos. El involucrar a la sociedad en la supervisión de obras y programas, acaba con las opacidades y acuerdos en lo oscurito que por décadas se realizaban en los ayuntamientos.
Muchos alcaldes y funcionarios municipales la están pensando dos veces antes de ejecutar acciones indebidas porque ahora la gente común tiene la facultad y el poder de pedir cuentas claras.
¿Quién mejor que la gente para saber qué obra se ha construido con deficiencias y cuál sí cumple las necesidades de las comunidades?
En esta nueva cultura de la legalidad, el gobierno del Estado no está dejando solos a los ciudadanos. Bardales ha destacado que además a los integrantes de estos comités se les apoya con cursos de capacitación para que tengan los conocimientos en supervisión de obras públicas y programas sociales, uso de recursos y empleo de los mecanismos de denuncia.
Fortalecer la vigilancia ciudadana está ayudando a que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente, porque nadie mejor que quienes pagamos impuestos para cuidar que nuestro dinero se utilice en nuestro propio beneficio.
Pero la lucha contra la corrupción en Hidalgo no solo se restringe al empoderamiento de los Comités de Contraloría Social, hace unos días, el Congreso del Estado lanzó una convocatoria para la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con el objetivo principal de dar vida a un Comité de Participación Ciudadana Independiente, compuesto por ciudadanos ajenos a partidos o grupos de poder local.
La intención es que quienes lo integren sean perfiles con verdadera vocación pública y ética, buscando que contribuyan a una eficaz transparencia y rendición de cuentas. Dentro de este esquema se busca que el SEA, articule al Comité Coordinador, del que forman parte la Auditoría Superior, la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, el ITAIH y el Consejo de la Judicatura, con el Comité de Participación Ciudadana (CPC), pieza clave de la vigilancia social.
El incluir con facultades tangibles a la sociedad en los temas de transparencia, revisión de cuentas y lucha contra la corrupción, representa uno de los mayores logros de la administración del gobernador, Julio Menchaca. Atrás quedaron los tiempos en que los asuntos públicos se ejecutaban en las catacumbas de la opacidad y la prevaricación.
Los hidalguenses tenemos hoy el derecho no solo de pedir cuentas a nuestros gobernantes, sino la facultad de poder supervisarlos y hasta denunciarlos, en caso de probables asuntos de corrupción. La alicata para cortarle las “uñas” a los malos gobernantes, está en manos de la ciudadanía.
