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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
En política no hay nada más peligroso que aquello que opera en silencio, disfrazado de legalidad y que, sin embargo, golpea las finanzas del Estado. Estas últimas semanas hemos escuchado hablar en noticieros, leído en redes sociales y ha sido materia de muchas platicas de sobremesa de un tema en particular. El llamado “huachicol fiscal” es precisamente eso: un contrabando sofisticado de combustibles que, sin necesidad de mangueras perforando ductos, abre un boquete monumental en los recursos públicos del país.
A diferencia del huachicol tradicional —ese que muchos hemos visto venderse en carreteras y que se almacena en bodegas clandestinas—, el huachicol fiscal se ejecuta con facturas, pedimentos aduanales y papeles aparentemente en regla. La maniobra es simple pero letal: se introducen gasolinas y diésel al país, disfrazados de aditivos, lubricantes o productos de baja y muy baja calidad, con el fin de evadir el IEPS y, en muchos casos, el IVA. El resultado: un combustible más barato para el mercado ilegal, y un daño gigantesco para las arcas públicas.
Los datos hablan por sí solos. Entre 2019 y 2024, México dejó de recaudar 554 mil 750 millones de pesos por este esquema fraudulento. En otras palabras, más de 120 mil millones de litros de gasolina y diésel entraron al país sin pagar un solo peso de impuesto. Tan solo en 2024, el golpe fiscal fue de 177 mil 170 millones de pesos, es decir, alrededor de 485 millones de pesos diarios. Esa cifra equivale prácticamente a todo el presupuesto anual de la Secretaría de Energía. Y, para dimensionarlo mejor, estamos hablando de un hoyo fiscal que ronda los 9 mil 200 millones de dólares al año.
El huachicol fiscal es, además, un negocio de grandes ligas. No lo ejecuta un grupo aislado, sino redes bien estructuradas que seguramente incluyen operadores aduanales, empresas fantasma, transportistas y, en algunos casos, la infiltración de estructuras criminales. No es casualidad que las zonas fronterizas —especialmente el norte del país— se hayan convertido en epicentros de este fenómeno. Desde ahí ingresan buques, ferrocarriles y camiones cargados de combustibles disfrazados, que terminan abasteciendo estaciones sin facturas legítimas.
La dimensión política del problema es enorme. El gobierno federal que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum, consciente de que cada litro no registrado es un golpe directo a programas sociales, infraestructura y seguridad, ha endurecido las medidas. En los últimos meses se han fortalecido las aduanas, se han desplegado plataformas tecnológicas de rastreo y se han asegurado millones de litros vinculados a estas prácticas. La Presidenta ha sido clara y lo ha colocado como prioridad nacional, sabedora de que combatir este huachicoleo invisible no solo es un asunto de recaudación, sino también de soberanía energética.
Lo cierto es que la batalla no será sencilla. Enfrentar al huachicol fiscal implica golpear intereses multimillonarios, que se mueven entre lo legal y lo ilegal con gran habilidad. Si el robo de combustible tradicional generó escenas espectaculares en carreteras y ductos, este nuevo huachicoleo demanda inteligencia, tecnología y una voluntad política férrea.
En el fondo, se trata de un dilema mayor: cada peso que se pierde en este fraude es un peso menos para educación, salud, programas de bienestar o seguridad. Y en tiempos de estrechez presupuestal, el costo se multiplica. La sociedad debe entenderlo con claridad: no estamos frente a una trampa de una simple transa fiscal, sino ante un robo a gran escala que afecta de manera directa a cada ciudadano mexicano.
Los engranes de poder están ahora en movimiento para frenar este boquete. La pregunta es si alcanzará el tiempo y la fuerza política para cerrar la llave antes de que la fuga termine por comprometer seriamente las finanzas nacionales.
Porque el huachicol fiscal no se ve en carreteras ni se escucha en mangueras pinchadas. Pero se siente en el bolsillo de todos. Es el robo que no huele, pero que duele.
Al tiempo.
