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“OPERATIVO CAUDAL”

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Por Jesús Solano Lira

Si bien la Fiscalía de Justicia de México, en coordinación con la policía federal, estatal y municipal encabezó el “Operativo Caudal”, en un intento por combatir el huachicoleo hídrico, el gobierno mexiquense no contempló el daño colateral que ocasionaría.

El operativo se realizó simultáneamente en 48 municipios contra la extracción, explotación y distribución ilegal del agua, un añejo, pero muy añejo problema que arrastra el Estado de México, y en el que están involucrados ex alcaldes, ex diputados y ex regidores que lucran con el agua y, sobre todo, con la necesidad de los mexiquenses que por años han padecido la escasez de agua.

Los frutos del operativo fueron: 51 pozos y 138 tomas clandestinas localizados, siete personas detenidas, pero ningún pez gordo, diría el clásico, y 322 pipas aseguradas.

La respuesta de las organizaciones con fachada de sindicatos no se hizo esperar. Asfixiaron al Estado y la Ciudad de México, con sus bloqueos, ocasionando severas pérdidas económicas y afectando a millones de trabajadores, estudiantes y amas de casa.

Detrás de esas movilizaciones están las organizaciones que se crearon al amparo de políticos de todos los partidos, que operan con impunidad, además de controlar cédulas dedicadas a la extorsión, desalojos, invasión de predios, entre otros delitos.

Esas organizaciones tienen nombre y apellido. Entre ellas se encuentran: La Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (UNISON) y el Sindicato 25 de Marzo, lideradas por Misael Rodríguez Fragoso y Guillermo Fragoso Báez, prófugo por las órdenes de aprehensión en su contra, ambos personajes ligados al ahora diputado federal del PT, Fernando Vilchis, ex alcaldes de Ecatepec.

Por cierto, Guillermo Fragoso Báez, ex regidor de Morena de 2019-2024, en el periodo de Fernando Vilchis, controlaba el negocio del huachicoleo del agua en Ecatepec, cuyas pipas vendían el líquido a un sobre precio de 1, 200 hasta 2, 000 pesos por pipa.

Además de esas organizaciones, también se encuentran el Sindicato Libertad, que por cierto controla a miles de taxistas tolerados en el Estado de México, así como Los 300 y La Chokiza, éstos últimos dedicados al narcomenudeo en la zona oriente del Valle de Mexico

Y ahí le va. En Los Reyes La Paz, clausuraron un pozo ubicado en un inmueble propiedad de José Medina, quién fue dos veces alcalde del PRI en ese municipio, y quién aún mantiene cuotas de poder de su cacicazgo.

Muy bien por el Operativo Caudal, sin embargo, la gobernadora Delfina Gómez, también debería de iniciar una investigación al interior de los organismos operadores de agua potable, que funcionan como la caja chica de los gobiernos municipales.

Para quienes conocen el teje y maneje de esos organismos municipales y estatales, no es ningún secreto que los recursos generados se utilizan para apoyar campañas políticas.

El modus operandi es hacerlo en complicidad con los sindicatos que compran el vital líquido en bloque ilícitamente a la Comisión del Agua del Estado de México y a la Conagua, con el visto bueno de los alcaldes, y aplicando la política del No Pasa Nada, se aprovechan de la necesidad de las personas.

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