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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
El reciente asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, operadores del círculo más cercano y de confianza de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, no solo estremeció a la administración local, sino que cimbró las bases de los centros de inteligencia federales y, por ende, sacudió el ajedrez político mexicano. La Secretaría Particular y la Coordinación de Asesores del despacho de quien gobierna la capital de la República, no son cargos menores, en ellos recae la agenda pública y privada, la operación política, la interlocución fina y la articulación del mensaje de gobierno.
Este doble homicidio en plena calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, con todo el sello de una ejecución del crimen organizado, es más que una tragedia humana: es un mensaje claro y directo al poder.
La forma del ataque –una persona armada, disparos muy certeros, huida limpia, moto, vehículos, ropa– remite a estructuras criminales que conocen la operación urbana diaria, el terreno político y las señales simbólicas del terror. Pero también pone a prueba la narrativa de “pacificación” de una capital que ha sido presentada por los propios gobernantes desde 1997, como una de las más seguras del país.
Desde su arribo al Palacio del Ayuntamiento en octubre de 2024, Clara Brugada Molina ha intentado trasladar su gran experiencia territorial de Iztapalapa a una escala más amplia, con la promesa de una ciudad de derechos y con “seguridad de abajo hacia arriba”. Sin embargo, gobernar Iztapalapa no es lo mismo que gobernar la Ciudad de México. Y los grupos que operan en el Oriente no siempre respetan las estructuras que trabajan desde el Palacio del Ayuntamiento.
La jefa de Gobierno no es ajena a los contrastes. Forjada en el movimiento social, economista por formación y militante histórica de la izquierda capitalina, Brugada ha construido su carrera entre asambleas vecinales, proyectos comunitarios y estructuras electorales. Pero hoy enfrenta un desafío de otra magnitud: una embestida que combina violencia criminal, señales políticas y exigencias de resultados inmediatos.
En este contexto, es inevitable recordar el atentado que sufrió Omar García Harfuch en junio de 2020, cuando un comando armado intentó ejecutarlo en pleno Paseo de la Reforma. Aquel hecho, adjudicado en aquel entonces al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue un parteaguas. Harfuch sobrevivió y emergió como símbolo de resistencia institucional, pero la amenaza siguió latente. Ahora, los fantasmas de ese episodio reaparecen en medio de un ambiente de mayor incertidumbre.
¿Estamos ante una nueva escalada del crimen organizado contra estructuras gubernamentales? ¿O se trata de un reacomodo interno entre cárteles, aprovechando el vacío que dejó la transición federal y el proceso de reacomodo de los grandes carteles mexicanos? Las hipótesis son múltiples, pero la constante es la misma: tradicionalmente el crimen se atreve a desafiar al poder cuando percibe fisuras, distracciones o debilidad.
La reacción del Gobierno capitalino ha sido rápida en términos operativos –identificación de presuntos responsables, apresurar detenciones, declaraciones públicas–, pero insuficiente en lo simbólico. Brugada debe demostrar no solo que puede garantizar la seguridad de sus colaboradores, sino que su autoridad no está sometida a los designios de ningún grupo del crimen organizado.
En términos históricos, la Ciudad de México ha sido termómetro y laboratorio del poder político nacional. En los 70´s, el PRI operaba con disciplina cuasi militar. En los 80´s y 90´s, emergió la disidencia urbana y con ella, los liderazgos como el de Cuauhtémoc Cárdenas. Desde 1997, cuando se instauró la elección libre de jefe de Gobierno, la ciudad ha sido bastión de la izquierda. Y hoy, en pleno 2025, vuelve a colocarse en el centro de la disputa: ya no solo entre partidos, sino entre legalidad e ilegalidad.
La pregunta de fondo no es solo quién mató a Ximena y a José, sino por qué lo hicieron, qué quisieron decir y qué se va a hacer para evitar que el mensaje se repita. ¿Dedicatoria solo para Clara o para la propia presidenta Claudia Sheinbaum? En otras palabras, este atroz crimen obliga a una redefinición urgente de la estrategia de seguridad, pero también de la legitimidad política del nuevo gobierno capitalino.
La clase política local está obligada a cerrar filas, pero no para ocultar fallas, sino para defender con hechos el derecho de todos –militantes, burócratas, ciudadanos– a vivir sin miedo. El poder no puede volverse rehén del crimen. Y el silencio o la ambigüedad sólo alimentan a los violentos y a los cobardes.
Porque cuando el crimen toca la puerta del poder, los engranes del Estado deben girar con más fuerza e inteligencia que nunca. Al Tiempo.
