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Engranes de Poder
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
No todas las políticas públicas fracasan porque sean malas. Muchas fracasan porque nunca lograron convencer a quienes supuestamente iban a beneficiar.
El registro obligatorio de líneas telefónicas es el ejemplo más reciente en México. Este proyecto surgió como una herramienta para combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el uso anónimo de teléfonos celulares por parte de grupos criminales. Pero el proyecto prácticamente nació muerto y terminó enfrentándose a un obstáculo mucho más grande que cualquier reto tecnológico: la desconfianza y el enojo ciudadano. El bajísimo nivel de registros obligó a las autoridades a ampliar los plazos previstos para su implementación.
Y la pregunta es inevitable: ¿qué salió mal?
Porque la finalidad del proyecto puede resultar razonable. En un país donde miles de personas somos víctimas de llamadas de extorsión cada año, resulta lógico que el Estado busque mecanismos para dificultar que los delincuentes operen desde el anonimato. El problema nunca estuvo únicamente en el objetivo. Estuvo en el camino para llegar a él.
México ya vivió la experiencia de algo llamado RENAUT y, años después, del PANAUT. Ambos intentos terminaron convertidos en ejemplos de desconfianza institucional: registros con información falsa, cuestionamientos sobre la protección de datos personales, riesgos para la privacidad y, finalmente, la cancelación de aquellos modelos. Ese antecedente quedó grabado en la memoria colectiva del mexicano.
Por eso, cuando el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó un nuevo esquema de identificación de líneas telefónicas, millones de ciudadanos no evaluaron solamente la propuesta actual, también recordaron las anteriores.
En política, la percepción pesa tanto como la realidad.
Quienes diseñan políticas públicas suelen concentrarse en el aspecto jurídico, administrativo, financiero o técnico de un proyecto. Sin embargo, con frecuencia dejan para el final una variable decisiva: la aceptación social. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía llena los vacíos con dudas, chismes, rumores y desinformación.
No basta con publicar una reforma en el Diario Oficial. No basta con habilitar una plataforma digital. No basta con explicar cómo hacer el trámite.
Hay que explicar por qué existe la medida, qué problema busca resolver, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus límites y, sobre todo, qué garantías tendrá la población respecto al uso de su información.
Socializar un proyecto no significa hacer propaganda. Significa construir confianza, significa escuchar. Atender las dudas, por millones que estas sean.
A lo largo de mi vasta experiencia participando en proyectos dentro de la administración pública, he comprobado que los mejores resultados no siempre provienen de las iniciativas más ambiciosas, sino de aquellas que logran que la gente las entienda, las haga suyas y las perciba como una solución, no como una amenaza. La comunicación nunca debe ser el último paso de una política pública; debe formar parte de su diseño desde el primer día.
También sería injusto ignorar que existen argumentos a favor del registro. Un padrón confiable puede facilitar investigaciones, combatir delitos y reducir el uso de líneas anónimas por parte de organizaciones criminales. Pero también existen preocupaciones legítimas sobre la protección de los datos personales, la posibilidad de filtraciones o el uso indebido de la información. Ambas posturas merecen ser escuchadas.
Precisamente por eso, los gobiernos están obligados a hacer algo más que tener la razón técnica. Deben construir la legitimidad social de sus decisiones.
Porque cuando una política pública necesita prórrogas, enfrenta resistencia masiva o genera más incertidumbre que confianza, el problema difícilmente está solo en la ciudadanía. También hay una lección para quienes diseñaron, comunicaron e implementaron el proyecto.
Gobernar no consiste únicamente en tomar decisiones de manera unilateral. Consiste en lograr que la sociedad comprenda por qué esas decisiones son necesarias.
Al final, la mejor política pública no es la que aparece mejor redactada en un decreto. Es la que consigue transformar la realidad porque la gente decidió creer en ella. Y esa confianza, como cualquier otro activo público, no se impone por ley: se construye todos los días. Y eso aplica para todos los niveles desde el municipio más pequeño hasta todo el territorio nacional.
Al tiempo.
