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* El intento de reducir la estrategia de seguridad pública en Hidalgo a un simple asunto de concertación partidista o a berrinches de regidores en los Cabildos locales es, además de miopía política, un profundo desconocimiento de cómo opera el aparato estatal. La gobernabilidad marcha por su propio carril y pretender que el combate al hampa se resuelva con estrategias de pasillo es una ligereza que la realidad desarma con datos duros
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Confundir la gimnasia con la magnesia es el recurso recurrente de quienes analizan el tema de la seguridad desde la comodidad de un café. Esos opinadores de ocasión pretenden, con una ligereza que asombra, resolver el flagelo de la delincuencia organizada con el mismo instructivo con el que aprenden a operar su celular.
La seguridad pública no se pacta en pasillos institucionales; se ejecuta con firmeza, inteligencia y presupuesto.
El reciente golpe de timón del gobernador Julio Menchaca Salazar, durante la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, fue claro para quien quiera entender de verdadera gobernanza.
No fue un llamado de auxilio político para apagarle los fuegos de la inexperiencia a algunos alcaldes atrapados en sus disputas domésticas en Tula, Tepeji o Apan; fue una exigencia técnica y de alineación operativa: comprometer presupuestos específicos y coordinar la inteligencia policial. Quien no lo entienda así, simplemente demuestra su analfabetismo de los asuntos públicos.
Los datos duros suelen indigestar a los que arman y desarman la realidad en sus charlas de sobremesa y sus narrativas de café, pues las cifras presentadas por el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, cayeron como balde de agua fría en la retórica de pasillo, la reducción del 21.3 por ciento en homicidios dolosos y una caída del 67.7 por ciento en el delito de extorsión, son irrebatibles botones de muestra.
Eso se logra con carpetas de investigación bien judicializadas y ministerios públicos metidos en el territorio, no firmando minutas de buena voluntad en mesas de concertación.
La policía que comanda Salvador Cruz Neri responde a la lógica de la fuerza del Estado, no a componendas partidistas o a estrategias de humo que muchos opinólogos de redes sociales tejen en sus imaginarias narrativas.
Para quienes dudan que en el Estado se combaten los delitos de alto impacto. Damos algunas cifras sacadas de la realidad no de críticas insustanciales.
Ahí están los más de seis millones de litros de hidrocarburo decomisados al hampa para demostrar dónde está el verdadero frente de batalla, y ante esa realidad de combate frontal, el que un ayuntamiento esté entrampado porque el alcalde no se lleva bien con su síndico es una distracción minúscula en el mapa criminal.
Culpar a la «falta de operación política» de la Secretaría de Gobierno por las debilidades estructurales de las policías locales es una soberana tontería; la autonomía municipal exige responsabilidad de los alcaldes, funcionarios municipales y cuerpo edilicio, no de que se les lleve de la mano como a niños de párvulo.
Los recursos están fluyendo de manera transparente, muestra de ello son los 329 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), sumados a los 57 millones destinados a uniformar y dignificar a los elementos en 67 municipios, que demuestran dónde están las prioridades de la administración estatal.
Si un presidente municipal prefiere la parálisis administrativa antes que depurar a su corporación o capacitar a su policía procesal, la culpa no es de la política interna del Estado; es de su propia incompetencia. Hidalgo ofrece certidumbre y atrae inversiones porque blinda sus carreteras y opera con inteligencia la lucha contra el crimen, no por la estrategia de pasillo o los acuerdos informales en los ayuntamientos.
Al delincuente se le frena con el peso de la ley y la fuerza del Estado. Para todo lo demás, quedan los sombrerazos y las crónicas de café. Y resulta por demás cuestionable que algunos de los que ahora critican a la administración local, años atrás, cuando estaban del otro lado del mostrador – es decir, mamando de la ubre presupuestal–, asumían un mutis de complacencia a lo que entonces sí se hacía pésimamente mal. Y en eso de las posiciones de un lado y otro del mostrador, vale concitar el sabio apotegma: “No es lo mismo ser cantinero que borracho”
