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* Las recientes declaraciones del gobernador, sobre los casos aún pendientes de justicia como el desvío de más de 800 millones de pesos que fueron entregados de manera ilegal al Banco Accendo –institución que quebró–, durante el sexenio pasado, hablan de que la política de cero impunidad va en serio, mostrando que las políticas anticorrupción caminan en paralelo a las investigaciones sobre malversaciones, y la implementación de sistemas de transparencia en el otorgamiento de recursos por medio de los programas sociales en todos los municipios, como lo viene supervisando el Contralor, Álvaro Bardales
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
La reafirmación del gobernador Julio Menchaca de que no “existirá impunidad ni tolerancia” a los corruptos, volvió a redireccionar los reflectores hacia la persona de la ex Secretaria de Finanzas del anterior sexenio, Jessica Blancas, luego de la sentencia de cuatro años por el delito de peculado, dictada contra quien fuera su cercana colaboradora Verónica “N”, debe comenzar a tomar pastillas para dormir.
La pinza comienza a cerrarse contra Blancas quien hasta hace un año vivía holgadamente en uno de los suburbios exclusivos para millonarios en el condado de Harris, Texas. Y contra lo que muchos pensaron de que el tema estaba cerrado con la sanción administrativa impuesta en un primer momento contra la responsable de un quebranto por más de 800 millones de pesos a las arcas estatales, ahora las cosas parecen retomar su cauce legal.
Debe recordarse que gracias a las indagatorias del Contralor Álvaro Bardales y del auditor superior del Estado, Jorge Valverde, a finales del pasado año, se tuvieron los elementos necesarios para señalar como presuntas responsables de la corrupción que llevó a la absurda inversión de más de 800 millones de pesos en el Banco Accendo, institución que de acuerdo a la Comisión Nacional de Valores, quebró apenas a dos años de fundada.
En la trama de los millonarios quebrantos también apareció la figura del ex contralor, César Román Mora, quien igualmente a Blancas, se daba una vida de millonarios excéntrico a la ciudad de Miami, Florida.
La cadena de complacencias y complicidades entre los autores intelectuales de la llamada “Estafa Siniestra”, y sus subordinados fue tal que la propia Verónica “N”, viajaba a ciudades como Nueva York, Venecia y otras más de Europa, teniendo un sueldo de medianos ingresos. El delito por el que actualmente se encuentra sentenciada está relacionado con el uso indebido de 12 millones asignados a una empresa privada de servicios informáticos que nunca fueron realizados.
Si los peces chicos disponían de recursos a su libre capricho e intereses, ya podemos imaginar cómo lo hacían los “tiburones” mayores.
¿Por qué el asunto de Banco Accendo no debe quedar impune?
Recordemos que el pasado año el Contralor Álvaro Bardales, detalló los desfalcos a la hacienda pública caso del Banco Accendo, a la que los ex funcionarios le metieron 864 millones de pesos. Entre los directamente responsables se enumeró a Jessica Blancas y otros tres funcionarios del gobierno de Omar Fayad, que depositaron sin lógica algunos 807 millones 128 mil 783 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), y otros 57 millones de los presupuestos para la salud.
El entonces contralor, sencillamente dejó pasar las cosas al igual que los recursos entregados de manera ilegal a muchos alcaldes, algunos de los cuales terminaron en prisión. Haciéndose copartícipe del fraude.
A la distancia, el tema sigue indignando a los hidalguenses porque con tales recursos bien pudieron construirse un número importantes de aulas y hasta un nuevo hospital público. El dolo y la mala fe son más que evidentes porque invertir en una institución sin reputación ni solidez no es obra de la irresponsabilidad ni el descuido, sino de un deliberado esquema donde los pillos ex funcionarios y ex funcionarias, se llevaron una jugosa comisión.
Se entiende por qué tanto la ex Secretaría de Finanzas como el ex Contralor, vivían a cuerpo de rey en los Estados Unidos.
La cantidad no es menor y en su momento el gobernador tampoco descartó que de ser implicado por los indiciados en el caso, el ex gobernador Omar Fayad, debería comparecer ante la justicia hidalguense.
En este nuevo escenario de no permitir la impunidad, debe destacarse que en la estrategia anticorrupción, el gobernador ha blindado la asignación y manejo de recursos en su gobierno, teniendo el contralor Álvaro Bardales, la responsabilidad de la correcta aplicación de muchos programas sociales.
Bajo un acucioso sistema de transparencia y verificación, el contralor Álvaro Bardales, viene supervisando la entrega de tarjetas de programas del Bienestar, Desarrollo y Madres Trabajadoras, a lo largo y ancho de los municipios del Estado. El tema es de especial importancia porque además de garantizarse que los apoyos lleguen realmente a la población que los necesita, los montos requieren de ordenados.
Tan solo en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, se acaban de entregar programas sociales por un monto superior a los cinco millones de pesos. Y la gente está constatando el compromiso del gobernador Menchaca, en el sentido de que la entrega de estos programas se dé con honestidad, legalidad y cercanía a la gente, la cual tiene total apertura para denunciar cualquier anomalía.
Este sistema de verificación y puntual entrega de recursos, tiene en la Contraloría del Estado uno de sus principales apoyos pues, como ya señalamos, sobre Álvaro Bardales, recae la encomienda del gobernador Menchaca Salazar, al respecto.
No puede pasarse por alto, que tal modelo de supervisión transparencia en el manejo de los recursos, se está convirtiendo en un referente nacional en materia de control interno, combate a la corrupción y participación ciudadano, como quedó de manifiesto en el Noveno Encuentro de áreas Investigadoras y Sustanciadoras de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), celebrado recientemente en el Estado de Colima.
En encuentro al que asistieron representantes de los Órganos Internos de Control de las 32 entidades federativas, la Contraloría de Hidalgo demostró que la profesionalización del personal y el estricto apego a la legalidad, son pilares fundamentales para fortalecer el combate a la corrupción.
Otro elemento que está sirviendo para apoyar a la ciudadanía en la simplificación de trámites, es la integración de plataformas digitales, una de estas herramientas presentadas por el Contralor Álvaro Bardales, es la Oficina Virtual de Proveedores y Contratistas, a través de la cual las personas físicas y morales pueden realizar en línea sus trámites de inscripción, actualización y revalidación en el padrón estatal.
Como se aprecia, a través de este nuevo modelo de cero impunidades y combate a la corrupción mediante la vigilancia en la aplicación de recursos, así como otras estrategias de apoyo a la población, es como los hidalguenses pueden tener la certeza de que los responsables de la malversación de recursos públicos, responderán tarde que temprano ante la ley. Y no cabe duda que la mejor manera de evitar el desvío de recursos, es implementar programas de supervisión donde participa directamente la ciudadanía. Los hechos están hablando por sí solos.
