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* Un nuevo proyecto partidista se está madurando y enviará al archivo muerto los candados de la exclusión por género; la ruta que se consolida deja intacta la posible ampliación del mandato a cinco años para la siguiente administración, con el fin técnico indispensable de empatar los comicios locales con los federales de 2033, y quita de encima cualquier restricción artificial de género que intentó mirarse al espejo del nepotismo potosino
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
En Hidalgo, el debate sobre las reglas que normarán la próxima contienda por la gubernatura entró en una silenciosa reingeniería. Ahí, los supuestos amarres y los intentos de imposición chocan de frente contra el muro de la constitución y el pulso real de las esferas nacionales.
Ni mini periodos ni imposiciones de género serán elementos de peso en la balanza partidista. Al final prevalecerá la igualdad de hombres y mujeres y en aras de la continuidad de proyectos y estabilidad institucional, parece ser que se optará porque el próximo periodo gubernamental sea de cinco años; es decir, del 5 de septiembre del 2028 al 4 de septiembre del 2033.
Como se recordará, a finales de diciembre pasado, las iniciativas que presentaron en el Congreso local las diputadas Hilda Miranda Miranda y Diana Rangel Zúñiga, pretendieron abrir un boquete jurídico. Lo insustancial de su propuesta terminó por desinflarse sola.
Todo indicó que al calor de los experimentos de alternancia forzada probados en otras entidades, estas iniciativas pretendieron calcar moldes hechos a la medida de intereses muy particulares, pues la intención de acotar la gubernatura a un solo género mediante copias idénticas a la llamada «Ley Ruth» en San Luis Potosí —impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo para abrirle la puerta a su esposa, la senadora Ruth González Silva— y de la fallida «Ley Mariana» en Nuevo León, demostró una fragilidad insostenible frente a los contrapesos legales del Estado. Los altos mandos de Morena no mordieron el anzuelo que ingenuamente lanzaron las legisladoras locales.
El fondo de aquellas jugadas no aguantó el mínimo análisis serio, y mientras en suelo potosino el impulso familiar reventó los acuerdos y desató una fractura total —confirmada cuando la dirigencia nacional del Partido Verde ratificó que competirá solo y sin la alianza de Morena tras el veto al nepotismo—, en Hidalgo varios actores locales corrieron a subirse de manera anticipada a la inercia de una supuesta exclusividad de género.
Con ello, ignoraron los principios más elementales de la congruencia institucional. El intento de replicar leyes a la medida dejó al desnudo la supervivencia de viejos vicios de cúpula, donde el beneficio de grupo pesa más que la estabilidad democrática.
Ante semejante desgaste, las señales despachadas desde el centro del tablero federal marcaron una línea inquebrantable, pues las posturas públicas de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigencia nacional de Morena, que en ese entonces encabezaba Luisa María Alcalde, trazaron una división jurídica e ideológica muy clara.
Una cosa resulta ser el principio constitucional de la paridad sustancial —el equilibrio del 50 por ciento en el total de las postulaciones— y otra muy distinta aplicar una alternancia forzada por un periodo que golpee de forma desproporcionada los derechos político-electorales, pisoteando los criterios de proporcionalidad que exige la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es justamente en este cruce de caminos donde información de primera mano, filtrada desde círculos con acceso a las negociaciones de alto nivel, adelanta el trazo definitivo que abordarán próximamente los congresos estatales. El nuevo proyecto mandará al bote de la basura los candados absolutos de exclusión por género; y, en el caso de Hidalgo, la ruta que se consolida deja intacta la posible ampliación del mandato a cinco años para la siguiente administración —con el fin técnico indispensable de empatar los comicios locales con los federales de 2033—, pero le quita de encima cualquier restricción artificial de género. El próximo aspirante a Coordinador morenista puede ser tanto hombre como mujer.
Así las cosas, la responsabilidad recaerá por completo en los partidos políticos, tanto nacionales como estatales, para definir a sus prospectos mediante sus propios estatutos, métodos de encuesta y verdadera competitividad territorial.
Esta salida legal neutraliza el peligro inminente de que el máximo tribunal declare inconstitucional la norma y regresa el debate al cauce que las fuerzas políticas serias, nunca debieron abandonar. Se trata de anteponer la experiencia probada, el trabajo a ras de suelo y la cohesión interna por encima de los trajes cortados a la medida.
De este modo, el escenario hidalguense se sacude las inercias febriles y los protagonismos de quienes apostaron por el carro completo de la exclusión y el espejo potosino. La definición por el futuro inmediato no se resolverá mediante caprichos o intereses de ciertas cúpulas, sino calibrando el músculo real de la militancia y de la sociedad mediante instrumentos estatutarios y evaluación de resultados.
El tiempo de los artificios legislativos y las anticipadas calenturas partidistas, llegó a su tope; ahora manda la definición política de fondo. Morena pondrá orden y congruencia en sus próximas definiciones, así de sencillo.
