Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 4 segundos
* La Huasteca pide a gritos un saneamiento político y hoy esa urgencia se acelera ante el avance de las políticas sociales, ante las cuales, los viejos cacicazgos colapsan, a la par de la fiscalización estatal que los aprieta sin miramientos, terminando con los antiguos privilegios de abusos y corrupción como los que ejerció el clan de los Badillo; a la vista de todos y con amplios consensos sociales, surgen nuevos perfiles como el de la Subsecretaria de la SEPH, Maricarmen Mandujano, quien se alza como la alternativa natural, al demostrar eficiencia y honestidad en el manejo del presupuesto de mayor peso que existe en el Estado; el de la SEPH, donde se manejan, por lo menos, 20 mil millones de pesos anuales, entregando resultados palpables y metas cumplidas
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial para Expediente Ultra
El tiempo no negocia. Lo advertimos en mayo: la Huasteca no admitía más analgésicos; exigía una purga de raíz. Hoy el estertor de los viejos feudos no proviene de la retórica, sino del crujido frío de los expedientes judiciales en los juzgados. La fiscalización estatal metió el acelerador a fondo, sin treguas de compadrazgo ni concesiones de camarilla.
El derrumbe del clan de Raúl Badillo Ramírez —peón incondicional de Cuauhtémoc Ochoa— raya en lo patético. Con el margen de maniobra pulverizado y las puertas clausuradas con doble cerrojo en Morena, hoy mendiga un rincón en el Partido Verde para pepenar una candidatura municipal. Tarde. La memoria pública no prescribe y la ley tampoco perdona: perdió el control sobre la obra pública, se le desfondaron los membretes de utilería y arrastra el fardo de una vinculación a proceso bajo la causa penal 1532/2023 por violencia de género. La regla 3 de 3 lo sacó de la jugada. Negocio clausurado. Se acabaron las dinastías de petate.
Todavía flota en el aire aquel sainete durante el Xantolo, cuando pretendieron lucrar con insumos sociales en pleno corazón del festejo comunitario; un madruguete ramplón que la Contraloría frenó en seco, sacudiendo de paso los escritorios de la Subsecretaría de Gobierno. La tijera no se detuvo ahí. Las denuncias radicadas ante la PGJEH contra exalcaldes de la zona norte —como la trama de desvíos en obra pública atribuida a Erika Saab en San Felipe Orizatlán— confirman que el moche institucionalizado y el saqueo familiar dejaron de ser patente de corso.
Muerto el cacicazgo, la política exige otro tonelaje. La grilla de café y el escándalo de banqueta resultan estériles frente a la frialdad de las auditorías.
Ahí entra la ecuación de Maricarmen Mandujano Cerrilla desde la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEPH. Hay números que no admiten adjetivos: sobre su escritorio gravita el presupuesto más robusto y volcánico de Hidalgo, un engranaje superior a los 20 mil millones de pesos anuales que sostiene a 43 mil registros en Educación Básica y 10 mil 500 en Media y Superior.
En sincronía con la línea anticorrupción trazada por Julio Menchaca y el secretario Natividad Castrejón, la oficina consumó una marca impensable para los administradores del pasado: 53 mil 500 declaraciones patrimoniales de trabajadores educativos debidamente procesadas. Orden contable donde antes campeaba el desorden aderezado con una gran complicidad.
La percepción en tierra tiene su propio pulso. En el terreno, el alcalde Alfredo San Román Duval y la doctora Kristel Rodríguez desde el DIF han desactivado el chantaje clientelar entregando apoyos directos —prótesis y órtesis sin intermediarios voraces— a los sectores históricamente olvidados.
El tablero rumbo al 2027 quedó limpio de espejismos. Unos van a los banquillos a rendir cuentas por sus trapacerías; otros acreditan el peso del oficio con disciplina técnica en la oficina y suela en la calle. No hay vuelta atrás.
