Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 14 segundos
ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
Hay documentos que sirven para cruzar una frontera y hay otros que, sin proponérselo —o precisamente porque alguien decidió utilizarlos así— terminan cruzando una frontera mucho más complicada: la del poder.
Una “visa” pertenece a la primera categoría. Pero cuando el gobierno de los Estados Unidos comienza a retirar visas a políticos mexicanos y, entre esos nombres, aparece Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el asunto deja de ser solamente migratorio.
Se convierte en mensaje político.
Desde hace meses, Washington viene usando la cancelación de visas como una herramienta más para meter presión en su combate al crimen organizado y la corrupción. La medida ha tocado a políticos y funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con actividades que considera de riesgo. Reuters ha documentado que ya son más de 50 los políticos y funcionarios mexicanos que han perdido su visa desde 2025, aunque muchos de esos nombres siguen sin conocerse públicamente.
Hagamos una primera distinción. Que te retiren una visa no te convierte en culpable per se.
Seamos claros, una visa no sustituye una investigación, una acusación formal ni mucho menos una sentencia judicial. Pero tampoco podemos ser ingenuos: cuando Washington toma una decisión así contra un personaje político, sería absurdo pensar que no existe un fuerte mensaje detrás.
Porque una cosa es la facultad jurídica de Estados Unidos para decidir quién entra a su territorio y otra, muy distinta, es el significado político que adquiere esa decisión.
El caso de Andy lo demuestra.
El 13 de agosto, López Beltrán hizo pública una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que denunció que, Estados Unidos había cancelado su visa y responsabilizó de la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. Negó haber cometido alguna conducta que justificara la medida y calificó la decisión como política y propagandística.
La respuesta en México tampoco tardó. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión, habló de un sentido político y sostuvo que no se abriría una investigación en México simplemente porque Estados Unidos hubiera retirado una visa. También pidió que, si existen acusaciones contra López Beltrán, se presenten pruebas.
Y entonces llegó la contrarespuesta estadounidense: las visas son un privilegio, no un derecho, y pueden ser canceladas cuando existan razones para hacerlo.
Legalmente, el argumento es claro. Políticamente, la historia es mucho más compleja.
Porque Andy no es solamente un Andy cualquiera. En la política mexicana, los apellidos también pesan. Y el apellido López Obrador pesa demasiado como para pensar que una decisión así sería recibida como un trámite consular cualquiera.
No estamos hablando de un ciudadano sin relevancia pública. Estamos hablando del hijo del expresidente que gobernó México durante seis años, de una figura con peso dentro de Morena y de alguien que hasta hace poco ocupaba la Secretaría de Organización de ese partido, desde donde se proyectaba hacia la elección de 2027.
¿Estados Unidos está simplemente aplicando sus propias reglas migratorias o está utilizando esas facultades como parte de una estrategia de presión sobre determinados sectores del poder político mexicano?
No tenemos elementos para afirmar lo segundo en cada caso. Pero sí tenemos suficientes señales para entender que las visas dejaron de ser un asunto estrictamente consular.
Washington no necesita acusar públicamente a nadie para ejercer presión.
Durante mucho tiempo, la política mexicana aprendió a leer los mensajes que venían de Los Pinos, de Palacio Nacional o de las dirigencias partidistas. Ahora tendrá que aprender a leer también los que llegan desde Washington en tiempo real.
La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. Seguridad, narcotráfico, migración, huachicol fiscal, comercio y presuntas redes de corrupción forman parte de una agenda en la que Washington ha aumentado la presión y México intenta mantener, al mismo tiempo, cooperación y soberanía.
Por eso también llamó la atención la reacción de Christopher Landau después de la carta de López Beltrán. En redes sociales escribió: “Are you enjoying the show? You’re going to love the next act. Grab your popcorn”.
No sabemos oficialmente a qué se refería y sería irresponsable convertir esa frase en el anuncio de una nueva acción contra Andy o contra cualquier otro político mexicano.
Pero no podemos fingir que el contexto no importa. Y en política, el momento en que se dice algo también comunica.
No se trata de defender a Andy López Beltrán. Tampoco de condenarlo. Se trata de exigir claridad.
Si Estados Unidos tiene información que compromete a un ciudadano mexicano, particularmente a una persona con relevancia política, tiene todo el derecho de tomar las decisiones que correspondan conforme a sus leyes.
Pero México también tiene derecho a preguntar. Y los mexicanos tenemos derecho a distinguir entre una decisión migratoria, una investigación criminal y una acusación política.
Insisto, la cancelación de una visa puede ser legal e incluso un trámite administrativo. Pero cuando ocurre con figuras políticas de alto nivel, inevitablemente produce consecuencias que van mucho más allá de la frontera.
El mensaje debe ser recibido y sobre todo, entendido, por todos.
Y hoy la señal parece cada vez más clara: Washington está dispuesto a utilizar herramientas que antes parecían reservadas para asuntos migratorios como parte de una estrategia mucho más amplia de presión sobre el poder político mexicano.
Porque cuando una visa se convierte en mensaje, lo verdaderamente importante ya no es quién puede cruzar una frontera. Es preguntarnos, ¿qué está intentando decir quien tiene el poder de cerrarla?
¿Estamos dispuestos a escuchar? Al tiempo.
