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* El fallo emitido este 9 de septiembre por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acaba de hacer añicos la pretensión del titular del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Leodegario Hernández Cortez, de atribuirse de manera personal la designación del encargado del Órgano Interno de Control (OIC), cuando tal facultad de acuerdo a la Constitución Local, la propia Ley Orgánica del TEEH y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debe recaer en los diputados hidalguenses
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
La sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acaba de hacer añicos la absurda pretensión del titular del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Leodegario Hernández Cortez, de atribuirse de manera personal la designación del encargado del Órgano Interno de Control (OIC), cuando tal facultad de acuerdo a la Constitución Local, la propia Ley Orgánica del TEEH y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debe recaer en los diputados hidalguenses.
Como señalamos hace apenas un par de días, tanto el presidente del órgano electoral como su responsable de la Dirección General de Administración, se negaron de manera sistemática a entregar la información requerida por el titular del OIC, Jonnathan Pérez Ledezma, quien en un acto de congruencia, presentó su renuncia al Congreso Local.
Para poner en contexto la trascendencia de la negativa a la demanda presentada ante la Sala Superior del TEPJF, por Hernández Cortez, citamos parte del texto de la mencionada dimisión: “La tarea constitucional que me fue conferida, radica en propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, asignatura que desde que llegue al cargo y hasta el momento jamás se me ha permitido”.
“La negativa a entregar la información al Órgano Interno de Control, por parte de la Dirección General de Administración, que depende de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ha sido una constante”.
El tema de fondo es que ningún órgano electoral, ni siquiera el propio TEPJF, pueden estar exentos a la transparencia y rendición de cuentas, por recibir recursos públicos y, por los cuales, tienen la obligación de informar con puntualidad a sus órganos internos de control, sobre el manejo de los mismos.
En la Sesión Pública de este 9 de septiembre, la Sala Superior del Máximo Órgano de Justicia Electoral, también negó la razón al Presidente del TEEH, respecto a su reiterada pretensión de obtener un pronunciamiento de fondo sobre la inaplicación de las atribuciones establecidas a favor del Congreso, determinando que no es jurídicamente viable el análisis abstracto de la facultad que pidió porque éste solo es posible cuando se materializa el ejercicio de la atribución cuestionada.
La conclusión a que llegaron los pares sobre la intención de Leodegario Hernández, para manejar los recursos financieros del TEEH como un coto personal, es contundente: el TEEH no puede realizar nombramiento directo de dicho cargo, ya que no tiene esa atribución prevista legalmente y no existe sentencia que lo faculte.
Como expusimos en nuestra anterior entrega sobre el tema, nadie puede estar por encima de la ley para torcerla a su antojo o intereses personales. Y Hernández Cortez está obligado a explicar a los hidalguenses sobre el por qué su obstinación a no rendir cuentas.
El que nada debe nada teme, pero además no es una cuestión de que el funcionario electoral le haga un favor a la sociedad porque está obligado a ello. No hacerlo, lo inhabilita a tener la mínima calidad moral para garantizar transparencia en los procesos democráticos en donde participan miles de ciudadanos y está en juego nada menos que el cuidado de su libre derecho a votar.
Los hidalguenses debemos exigir al Congreso, a la Contraloría y a los órganos de fiscalización que expliquen lo que sucede al interior del TEEH. Una auditoría no le vendría nada mal a la opacidad de Leodegario, pues el órgano electoral a su cargo no es una empresa o negocio personal para hacer lo que le venga en gana con el dinero que, a fin de cuentas, proviene de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Sus pares ya sancionaron sus pretensiosos desvaríos de ser él mismo quien nombre a su auditor. Y ahora toca a las autoridades locales hacer lo propio y echar abajo la absurda intención de dejar al gato cuidando la carnicería.
