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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
El poder tiene una peculiaridad: mientras más seguro se siente de tener todo bajo control, más le cuesta reconocer cuando las cosas comienzan a escapársele de las manos.
A veces la primera señal aparece dentro de su propio partido; otras, en las calles, en los hospitales o en las decisiones que ponen a prueba la autoridad del Estado. Lo verdaderamente interesante, es que no siempre se necesita una gran crisis para exhibir las debilidades del poder. En ocasiones basta una candidatura, una protesta ciudadana, un conflicto laboral o una decisión judicial para recordarnos que gobernar es bastante más complicado que ganar elecciones, repartir cargos o pronunciar discursos.
En Nuevo León, “la rebelión en la granja morenista” sigue dando de qué hablar. Lo que comenzó como una disputa por las posiciones rumbo a 2027, se ha convertido en una discusión abierta sobre las reglas internas, los liderazgos y la forma en que Morena pretende procesar sus diferencias. Tatiana Clouthier, Andrés Mijes y Waldo Fernández han manifestado su inconformidad frente a la designación de Clara Luz Flores, dejando sobre la mesa una pregunta que tarde o temprano tendrá que responder la dirigencia: ¿hasta dónde puede llegar la disciplina partidista cuando quienes deben acatar las decisiones consideran que no fueron escuchados?
Pero el poder no enfrenta sus mayores dificultades únicamente cuando se reparten candidaturas. También las encuentra cuando las instituciones comienzan a recibir reclamos que no pueden resolverse con una conferencia de prensa. El conflicto que escala en el Instituto Mexicano del Seguro Social obliga a mirar más allá de las declaraciones oficiales. Las inconformidades relacionadas con las condiciones laborales, la falta de personal y el abastecimiento de medicamentos colocan en el centro de la discusión algo mucho más importante que las diferencias entre autoridades y trabajadores: la capacidad de una institución fundamental para responder a quienes dependen de ella.
Porque detrás de cada discusión sobre presupuestos, plazas o responsabilidades administrativas existen pacientes que esperan una consulta, familias que buscan medicamentos y personal médico que trabaja bajo presiones difíciles de imaginar desde un escritorio. El anuncio de revisiones hospitalarias puede representar un paso para identificar problemas, pero el verdadero examen estará en los resultados.
Una institución como el IMSS, no puede evaluarse únicamente por sus cifras de cobertura o por la cantidad de obras anunciadas. También debe medirse por la atención que efectivamente reciben sus derechohabientes. Y ahí, como suele ocurrir, la realidad cotidiana puede resultar bastante menos cómoda que el discurso institucional.
Otro de los frentes, se abrió en Guadalajara, y aquí el agua se convirtió en el centro de una protesta y en la lamentable actuación de las autoridades estatales frente a la inconformidad ciudadana. Las manifestaciones y las detenciones posteriores obligaron al propio gobernador a reconocer que hubo actuaciones policiales indebidas. El episodio deja dos cuestiones que merecen atención. La primera es la obligación de garantizar servicios públicos esenciales; la segunda, la responsabilidad de preservar el orden sin vulnerar los derechos de quienes protestan. Ninguna puede utilizarse para justificar el incumplimiento de la otra.
Y es que pocas cosas tienen una capacidad tan inmediata para movilizar a la sociedad como los problemas que afectan su vida diaria. El agua no entiende de colores partidistas ni de estrategias electorales. Cuando falta, llega en condiciones inadecuadas o genera incertidumbre entre las familias, las explicaciones técnicas difícilmente sustituyen una solución. Los gobiernos pueden argumentar que existen rezagos acumulados durante años, limitaciones presupuestales o responsabilidades compartidas. Todo eso puede ser cierto, pero tampoco elimina la obligación de responder. La ciudadanía no tiene por qué convertirse en especialista en administración hidráulica para exigir un servicio digno.
Y el tercer, pero no por ello menos importante episodio sucedido en Morelos. La liberación de José David “N”., conocido como el Güero Gym, después de que tres agentes fueran retenidos, plantea interrogantes sobre las decisiones que deben tomar las autoridades cuando una operación de seguridad coloca vidas en riesgo. Proteger la integridad de los servidores públicos es una responsabilidad indiscutible, pero también lo es explicar con claridad las circunstancias de una liberación, su fundamento jurídico y las acciones posteriores para garantizar que la investigación continúe. No se trata de desconocer la complejidad de una situación extrema ni de anticipar responsabilidades penales. Se trata de entender qué ocurre cuando una institución debe decidir bajo presión y cómo rinde cuentas después. ¿Se acuerdan de Ovidio y el Culiacanazo?
Vistos en conjunto, estos episodios permiten observar distintas formas de presión sobre el poder público. En Nuevo León, las decisiones partidistas encuentran resistencia entre sus propios integrantes; en el IMSS, trabajadores y derechohabientes reclaman respuestas institucionales; en Guadalajara, una exigencia ciudadana termina cuestionando la actuación policial; y en Morelos, la violencia criminal condiciona una decisión de las autoridades. No son conflictos equivalentes, ni tienen las mismas causas o consecuencias. Sin embargo, todos recuerdan que la autoridad necesita algo más que facultades legales para sostenerse: requiere capacidad de respuesta, credibilidad y decisiones que puedan explicarse frente a la sociedad.
Quizá ahí se encuentre una de las lecciones más importantes para quienes ejercen responsabilidades públicas. Porque el verdadero problema no comienza necesariamente cuando surge una crisis, sino cuando quienes tienen la responsabilidad de enfrentarla dejan de escuchar las señales que la anuncian. Y para entonces, recuperar el control puede resultar mucho más complicado que haberlo conservado.
