Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 38 segundos
* Tras el fallido atentado contra juez Víctor Hugo Matadamas Barranco, el Poder Judicial del Estado, lejos de arredrarse, ahora asumirá un protocolo para brindar seguridad a aquellos juzgadores que están liberando órdenes de aprehensión y dictando sentencias contra varios de los responsables del robo al erario del Estado, mejor conocido como la Estafa Siniestra
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Los matarifes enviados a cegar la vida del juez Víctor Hugo Matadamas Barranco, seguramente al igual que él o los autores intelectuales que pagaron sus servicios, se están lamentando por haber fallado; el Poder Judicial de Hidalgo, lejos de arredrarse, ahora asumirá un protocolo para brindar seguridad a aquellos juzgadores que están liberando órdenes de aprehensión y dictando sentencias contra muchos de los responsables del robo al erario del Estado, mejor conocido como la Estafa Siniestra.
El modus operandi de los sicarios que el pasado tres de septiembre atentaron contra la vida del juzgador, cuando viajaba en su auto Mazda blanco, por la calle Francisco Villa de la Colonia Iturbe, de Tula, Hidalgo, fue de una clara ejecución.
El mensaje que se buscaba enviar era sin lugar a duda amedrentar a los jueces que tienen en sus manos el análisis de los casos de corrupción del pasado sexenio local, cuyo monto supera los 500 millones de pesos, sin descartar a personajes que están siendo asesorados por abogados poco éticos y acostumbrados al juego sucio para librar a sus clientes de la cárcel.
El ex contralor César Román “N”, pieza clave de la estructura delictiva que desde el gobierno del Estado permitió el robo a los recursos públicos con la complicidad de varios ex alcaldes, algunos de los cuales han sido procesados y sentenciados precisamente por el juez Matadamas Barranco, es de manera lógica uno de los hilos conductores a investigar sobre el atentado. Uno de sus defensores, Javier Coello Trejo es un abogado tenebroso acostumbrado a echar mano de cuanto recurso legal o ilegal, sea necesario para servir a sus clientes.
Las autoridades ya trabajan en la detención de los autores materiales y seguramente una vez capturados —si es que antes no los desaparecen o silencian—, darán luz sobre los móviles del cobarde intento de homicidio, pero sobre todo de quién o quiénes no quieren que se continúe con el castigo a los pillos ex funcionarios y ex ediles que sin el menor cargo de conciencia, se robaron los recursos públicos que debían emplearse en beneficio de los hidalguenses.
Pero lejos de que los jueces se intimiden, los corruptos deberán seguirse preocupando por rendir cuentas a la ley, tarde que temprano.
En entrevista con el colega, Jorge Guzmán, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Rebeca Stella Aladro Echeverría, anunció que se reforzará la seguridad en el Poder Judicial Estatal tras el atentado contra un juez penal, en Tula de Allende.
La titular del Poder Judicial dijo que aunque no hay una petición formal de los jueces y juezas para solicitar medidas de protección a su seguridad, tras el hecho delictivo, habrá un refuerzo en los protocolos de seguridad para garantizar su impartición de justicia.
“Desde antes de este lamentable suceso ya estábamos trabajando en un protocolo de seguridad, el cual será presentado esta semana (…) para su aprobación y posterior implementación oficial”, detalló la funcionaria judicial.
De acuerdo a lo informado por Rebeca Aladro, habrá un registro riguroso de las personas que ingresan a los edificios judiciales, así como la instalación de arcos de seguridad en las entradas y el mejoramiento de los sistemas de vigilancia, en coordinación con las corporaciones municipales y estatales.
Añadió que actualmente hay 110 jueces y juezas en la entidad. Por ello, el refuerzo de seguridad aplicará para los juzgados y oficinas centrales de todos los distritos judiciales.
El mensaje a los corruptos por parte de la Presidenta del Tribunal hidalguense, fue directo: “El Poder Judicial está firme. Todos entendemos los riesgos que implica ser juzgadores, pero asumimos esta responsabilidad porque amamos nuestro trabajo. No permitiremos que el temor impida aplicar la ley como debe ser”.
Importante lo mencionado por Rebeca Aladro porque la lucha anticorrupción sigue adelante como lo informó hace unos días el contralor, Álvaro Bardales, quien señaló que al último corte la dependencia a su cargo ha encontrado irregularidades en al menos 370 obras públicas, de un universo de 3 mil 700; es decir, un 10 por ciento donde se presume que no se cumplió con la calidad de las obras hechas.
Hidalgo necesita jueces de la calidad moral y ética de Víctor Hugo Matadamas y es responsabilidad de las autoridades, blindar su seguridad para que ningún matarife o corrupto piense que se puede amedrentar a los integrantes del Poder Judicial, para librarse de la cárcel o el pago de lo que ilícitamente se robaron en sus cargos públicos.
