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Por FERNANDO CORTÉS
En este texto, el Dr. Fernando Cortés Cáceres**, uno de los principales referentes latinoamericanos en estudios sobre la desigualdad, la pobreza y la marginación, analiza los datos relativos a la política social de la 4T y su eficacia en el contexto de la pandemia de la COVID19.
En abril de 2020 se conoció de la llegada a México del virus SARS CoV-2. Se importó a través de los principales aeropuertos del país. De ahí en adelante se esparció por el territorio nacional aprovechando las relaciones sociales, es decir, usando como vehículo los intercambios cara a cara que se practican cotidianamente entre las personas que conviven en una sociedad. Son muchas y diversas las relaciones sociales que se producen y reproducen cotidianamente, de entre ellas destacan, por su frecuencia, los vínculos comerciales, económicos, familiares, laborales, los escolares y los propiamente sociales.
Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia -por cierto, en ese momento con muy poco conocimiento acerca de las características del nuevo virus, de su forma de transmisión y del modo en que ataca a los seres humanos-, se recurrió a medidas que habían dado buenos frutos en situaciones similares en el pasado cercano y remoto.
Las primeras medidas frente a la pandemia
Las recomendaciones a la población en general fueron lavarse cuidadosamente las manos, mantener sana distancia y usar cubrebocas, aunque en ese momento esta última indicación trajo consigo polémicas, en la actualidad queda claro que es un buen mecanismo para disminuir la probabilidad de contagio.
En lo colectivo se declaró la cuarentena, es decir, al aislamiento de los contagiados, saneamiento de los espacios y el manejo de cadáveres, para evitar así la propagación de la COVID, nombre de la enfermedad provocada por el SARS CoV-2. El origen de la cuarentena se pierde en el pasado de la humanidad, las medidas más antiguas de aislamiento de las que se tiene registro se remontan a más de 3,400 años, se mencionan en la Biblia, en el Pentateuco y tuvieron el propósito de controlar los contagios por lepra.
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En México la cuarentena significó la paralización de todas las actividades económicas consideradas no esenciales. Siguieron funcionando las necesarias para proveer los servicios básicos, como agua, electricidad, transporte, combustibles de todo tipo y, obviamente, los servicios de salud y de emergencia médica. Dejaron de funcionar las empresas de los sectores secundario y terciario, entre ellas las del sector público y hubo, o hay hasta hoy, trabajos que se realizaron a distancia. Las labores del sector primario siguieron operando con relativa normalidad, especialmente las realizadas en el sector agrícola.
De este modo la crisis sanitaria originó una crisis económica, una crisis de oferta como dicen los economistas. Pero la paralización de las plantas productivas de la industria de la transformación, de los servicios y del comercio provocó, también aumentos desmesurados en el desempleo, el subempleo y la inactividad por desaliento.
La política social y la no protección a los más vulnerables
La excepción fueron los trabajadores autónomos de bajos niveles de ingreso tales como los vendedores ambulantes y prestadores de una amplia gama de servicios, quienes enfrentaron la disyuntiva entre conseguir dinero para el sustento cotidiano al precio de arriesgarse al contagio, restringir el consumo o simplemente enfrentar la posibilidad de sufrir hambre.
Enfrentados a la paralización y a las consecuencias económicas acarreadas por la crisis sanitaria numerosos gobiernos de los países del mundo, incluidos los de América Latina, reaccionaron protegiendo las condiciones de vida de su población a través de una gama variada de políticas sociales y económicas que buscaron salvaguardar los puestos de trabajo, así como los niveles de consumo de sus habitantes.
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A primera vista llama la atención que el gobierno federal mexicano cuyo lema central es “por el bien de todos, primero los pobres” no haya diseñado un conjunto agresivo de medidas de política social y económica destinadas a resguardar el bienestar de la población, considerando que los sectores sociales más golpeados por la pandemia, así como por la caída de la economía fueron justamente los que cuentan con los menores recursos. La única respuesta específica a las nuevas condiciones económicas fue el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas familiares consistente en ofrecer un millón de microcréditos.
La crisis golpeó a México y el gobierno federal sólo dispuso de una política social compuesta mayoritariamente por nuevos programas sociales, que empezaron a operar en el año 2019, combinados con algunos que sobrevivieron de administraciones anteriores. Una de las características centrales de la nueva política social es la entrega de apoyos monetarios directos, eliminando a los intermediarios.
El virus de la crisis económica
Se podría argumentar que en el caso de México no fue necesario poner en práctica una política reactiva a la crisis debido a que la nueva política social, la aplicada a partir de 2019 tenía por propósito inmunizar a los pobres, de modo que la población más carenciada del país ya estaba previamente protegida: ¡el virus de la crisis económica se enfrentó a una población ya vacunada! Dicho que descansa en dos supuestos, uno es que los programas sociales tienen una amplia cobertura y el otro es que favorecen a los sectores ubicados en la base de la pirámide social, lo que es equivalente a sostener que están bien focalizados.
En cuanto a la cobertura de los programas sociales se dispone de tres fuentes de datos, el Censo de Población y Vivienda del año 2020, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del año 2020, ambas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y cinco levantamientos de la ENCOVID-19, encuesta llevada a cabo por la Universidad Iberoamericana entre los meses de Julio de 2020 y marzo de 2021.
Las tres fuentes coinciden en mensurar la cobertura de los programas en 30% de los hogares y no el 70% como suele afirmarse. Esta última aseveración, usualmente sostenida por las autoridades gubernamentales, es difícil de validar pues no se proporciona la información necesaria para hacerlo. Las tres que coinciden en cuantificar la cobertura en alrededor del 30% no sólo hacen públicos sus métodos y los errores de estimación, sino que, además, ponen sus bases de datos a disposición de quien desee utilizarlas, lo que facilita el escrutinio y el análisis de la información.
La política social que rechazó la focalización
Aún cuando los apoyos lleguen sólo al 30% de los hogares, la nueva política social podría haber sido exitosa en proteger a los sectores sociales en situación de pobreza si estuviese bien focalizada, es decir, si todos los recursos distribuidos se concentrasen en los sectores sociales más desprotegidos. Para examinar si efectivamente aconteció así se decidió procesar los datos de la ENIGH 2020. El cuadro que se presenta a continuación, construido con base en dicha encuesta, ordena a los hogares de menor a mayor ingreso percápita y define 10 grupos de igual tamaño, por lo tanto, cada uno de esos grupos (llamados deciles) contiene al 10 por ciento del total de hogares. El decil I contiene a los hogares con menores ingresos per cápita y el X a los más adinerados.
Las cifras del cuadro son elocuentes, los recursos de los programas sociales de la nueva política social favorecen a todos los sectores sociales no sólo a los primeros cuatro deciles que cobijan a los pobres del país. Aún más, en las zonas urbanas la focalización está al revés pues favorece proporcionalmente más a los hogares de los deciles superiores, los de los “más ricos”, lo que contrasta claramente con la focalización en las zonas rurales, que sin ser perfecta está más acorde con lo esperado.
Las premisas que podrían sustentar la falta de una política gubernamental ante la crisis de COVID19 en México, son falsas: la cobertura y la focalización de los programas no muestran que los recursos distribuidos lleguen preferentemente a manos de los hogares que conforman la base de la pirámide social. De lo anterior se desprende que se habría necesitado elaborar una política social específica para proteger a la población en situación de pobreza ante los embates de la pandemia.
Sobre el Doctor Fernando Cortés Cáceres
Licenciado en Economía por la Universidad de Chile y Doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, unidad Occidente. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la Especialidad de Desarrollo Social del Programa Único de Especialidades en Economía de la UNAM.
En 2005 fue nombrado profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde 2007 es Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México
