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Por Samuel Cantón Zetina / @SamuelCanton
Los que vieron en La Mañanera cómo el gobernador Carlos Joaquín González fue acusado de encubrir al cuñado en un criminal despojo de tierras a un campesino ignorante y discapacitado, pudieron quedarse con la idea de que la contestación del presidente se quedó muy abajo, pero se equivocan.
Andrés Manuel López Obrador dijo que “el cacique dura hasta que el pueblo quiere”, y que ese mismo día la secretaria de Gobernación recibiría a la periodista y abogada Fabiola Cortés Miranda, que valientemente expuso el atropello.
Aparentemente, fue todo.
En realidad, aquella no fue su respuesta.
Fueron los 13 minutos que la producción del programa más visto de la televisión dedicó a la exposición de la infamia solapada por el gobernador.
El presidente permitió que Cortés narrara hasta el último detalle de la manera canalla en que se arrebató el patrimonio al viejo chiclero.
Se trató, y Carlos Joaquín González debió entenderlo, del modo en que AMLO dejó el mensaje de que no se quedará de brazos cruzados.
Con todo y que, días antes, lo elogió por supuestamente no meterse en las elecciones.
Mal hará en creer, como dicen que es el caso del gobernador oaxaqueño Alejandro Murat -de los consentidos de Obrador, aunque del PRI- que “entregar” el estado a MORENA lo blinda de todo y contra todo por lo que resta al sexenio.
Más vale pues a Carlos poner sus barbas a remojo.
Bajo advertencia, no hay engaño.
La historia del despojo, lector, está disponible en la parte final del texto.
Pero los días de pesadilla de Carlos Joaquín no paran ahí, porque también sufre por su incapacidad de conseguir ayuda de la Federación para controlar el arribo del sargazo a las playas de la Riviera Maya; para evitar los constantes apagones masivos, y para reparar el socavón que desde hace ¡4 largos meses! -a principios de febrero empezaron a aparecer las grietas- colapsan la circulación del corredor turístico tramo Playa del Carmen-Puerto Morelos.
Tuvo que aparecer el representante de AMLO ante el Tren Maya, Luis Alegre Salazar, apenas para anunciar que FONATUR se hará cargo de resolver la falla del kilómetro 306 (quedará en noviembre, y en octubre arranca la obra del TM).
Increíblemente, cuando la industria sin chimenea de la que depende el estado se ha visto terriblemente dañada por la pandemia por más de un año, transcurrieron -reconoció Alegre- “meses de trámites burocráticos” antes de llegar a la decisión de que a partir del lunes pasado lo viera Fonatur.
¡Para Ripley!
¿Y el gobernador para qué sirvió?
La negligencia de las autoridades ocasionó un atasco vehicular gigantesco -filas de 3 kilómetros en ambas direcciones- de manera cotidiana, en perjuicio de miles de paseantes y residentes.
Con retardo de más de 120 días -un tercio de año-, se hará un camino alterno, aunque adelantó de una vez Alegre, “la solución no será inmediata”.
Si lo hubiera dicho hace 4 meses…
Con lo de los apagones, Carlos Joaquín volvió a exhibir su proverbial (y dañina) tibieza y falta de liderazgo.
En un tuit, manifestó “su interés” a Bartlett para que investigue e informe sobre las causas de las interrupciones del servicio.
Otro gobernador, como el de Tabasco cuando las hidroeléctricas inundaron Villahermosa, le hubiera exigido y peleado con él, si fuera necesario.
No Carlos…
Con el recale del sargazo, el gobernador esta todavía peor, y ya no sabe a quién culpar o qué pretexto inventar.
Preocupados y angustiados, empresarios turísticos y organismos ambientalistas lanzaron en change.org la campaña “S.O.S Nos hundimos en Sargazo”.
La llamada de auxilio es al gobierno, porque no se ha puesto al frente del combate contra las algas.
Apenas se han recolectado 17 mil toneladas en tierra y mar, contra las 85 mil toneladas del 2019.
¿Y el gobernador?
“La acumulación y descomposición de toneladas de sargazo en las playas ha contribuido a su erosión, lo que acaba con los pastos marinos y fauna, produciendo un deterioro en la calidad del agua costera, que impacta gravemente a los arrecifes coralinos del Caribe Mexicano, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano”, asegura un informe mostrado en la plataforma.
La concentración del sargazo afecta sobre todo a playa del Carmen y Tulum.
Este año el arribo del alga se prevé mayor incluso que los niveles récord de 2018.
Carlos Joaquín se ha limitado a hacer ver -como si fuera espectador, y no tuviera que ser protagonista- que el fenómeno “complica” la temporada de verano; que las embarcaciones sargaceras no son las adecuadas, y que los tres niveles de gobierno (no parece estar enterado que él jefatura uno de ellos) “deben” invertir los recursos necesarios como en 2019 y 2020.
Ya ni qué decir del fracaso en la contención del virus.
Quintana Roo no está en rojo nada más porque sería la muerte (una más) del turismo, de la economía y del empleo.
Milagrosamente, Cancún -al menos- acaba de registrar una semana de ¡500 vuelos!, como no tenía desde marzo del 2020.
Tampoco hay nada que festejar por el lado de la seguridad pública, porque como publicó en portada el diario nacional Reforma -viernes 25-, los asesinatos continúan en Tulum y Cancún (contabilizó 7 en un solo día).
En Chetumal, de cara a los recientes feminicidios del sur del estado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eloy Quintal Jiménez, demandó atención urgente, que las autoridades asuman su responsabilidad, y que detengan la extensión del flagelo.
Mientras, el gobernador se permitía casi homenajear al exjefe policial Alberto Capella, vinculado (vox pópuli) con los cárteles del narcotráfico desde que estuvo de secretario, durante la inauguración del C5 presentado como el más avanzado de América Latina.
Grupos feministas lo culpan de autorizar el ataque de elementos uniformados contra ciudadanos -mujeres, principalmente- que protestaban en Plaza de la Reforma de Cancún, el 9 de noviembre pasado.
La FGE vinculó a proceso a 11 policías, entre ellos dos altos mandos, pero no incluyó en las investigaciones a Capella.
El gobernador lo exoneró en el C5.
Respecto del puesto de vigilancia, habrá que compararlo con un símil de El Salvador vendido por el presidente Bukele también como el más moderno de habla hispana del continente.
Se trata del Centro de Control de Videovigilancia del sistema de emergencia 911, 208 cámaras interconectadas a 700 ya funcionando en la capital.
Los dispositivos, instalados con fibra óptica, cuentan con un software que capta placas de vehículos y realiza un cruce automático contra el listado de vehículos con reporte de robo.
Regresando a Capella, su reaparición fue calificada por el colectivo “Marea Verde” como una osadía y burla de Carlos Joaquín, y testimonio -dijeron sus líderes- de que “vivimos en un Quintana Roo Feminicida”.
Y DE MAÑANA…
NO ESTÁN aún agotadas todas las instancias de ley, pero si finalmente se confirma el triunfo de Lili Campos en Solidaridad, lo primero que tendrá que hacer, porque fue lo que más ofreció en campaña y lo que tal vez le dio la victoria, es auditar y -si hay elementos- llevar a tribunales a la actual alcaldesa por “los actos de corrupción de la familia Beristáin”, de acuerdo a sus propios señalamiento no solamente en búsqueda del voto sino en la Cámara de Diputados, donde desde hace dos años pidió sin éxito muchas veces que se le quitara el fuero y procesara. Se supone, según declaraciones atribuidas a la panista Kira Iris Sans, que la Comisión de Justicia tiene ya el dictamen con la declaración de procedencia del juicio político contra Berestáin…***A PROPÓSITO de las impugnaciones de resultados electorales en 7 municipios, habrá que esperar, aunque lo más seguro es que haya cambios y quizás sorpresas. Los argumentos de los partidos para pedir la nulidad van desde fallas en la integración de las mesas, rebase de los topes de gastos, uso de propaganda política con menores, hasta actos anticipados de campaña y errores en los cómputos. Los únicos saldos firmes son los de Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto. El Tribunal Electoral de Quintana Roo tiene un mes más para resolver -25 de julio-, y de ahí queda el TEPJF, instancia cuyos fallos son ya inapelables…
UNO MENOS POR LA SILLA DE CARLOS
Ya hay bajas entre los aspirantes de MORENA a gobernador, lo que resulta importante a raíz de la amplia supremacía que el partido demostró en Quintana Roo el domingo 6 de junio.
El primero que ha quedado fuera es el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, al que muchos veían como el “tapado” por su cercanía con el presidente Obrador.
¡Claro!, si la eliminación es real, y no como el legendario -aunque falso- “denme por muerto” del propio tabasqueño.
De cualquier forma, no fue autodescarte como lo presentó Marín.
“Ni lo ando buscando, ni me interesa”, dijo.
¿Usted le cree, lector?
El que escribe, ¡no!
Nadie -que esté vivo- renuncia a una pretensión semejante.
“Yo tengo que terminar; el presidente no me permitirá salirme, dejarle tirado el proyecto”, expresó.
De acuerdo, pero no lo dedujo solo.
“Alguien” le ordenó que no fuera, sepa Dios si porque la candidatura ya tiene dueño…o dueña.
Quedan, a la vista, otros tres o cuatro suspirantes: la alcaldesa de Cancún, Mara Hermelinda Lezama Espinosa, abiertamente respaldada por Jorge Emilio González Martínez, con todo y que en 3 años (2018-2021) perdió 90 mil votos, casi la mitad de su capital.
La suplente de Lezama, por si se ofrece, Ana Paty Peralta, es también posición del “Niño Verde” cincuentón.
Por otra parte, la senadora Marybel Villegas estuvo a punto de renunciar al movimiento luego de volver a perder la nominación en Cancún, para irse a Fuerza por México de Ricardo Monreal, aunque al final se salvó de cometer un gran error gracias al fracaso en las urnas de FM y su pérdida del registro.
Sigue vivita y coleando, al perder Sheinbaun más de la mitad de la capital, y resurgir Monreal, al que la Jefa de Gobierno -junto con Bejarano- habían aplastado en el reparto de las candidaturas a alcaldes.
Marybel es impulsada por Monreal para presidente de la Mesa Directiva del Senado, aunque cabe decir que el zacatecano fue excluido por AMLO de su lista de presidenciables, en cuya represalia pudo darse la declaración del exgobernador de que “no será fácil” aprobar en la Cámara Alta las nuevas reformas que pretende el presidente.
El fin de semana, Monreal anunció que no buscará más la Jefatura de Gobierno de la CDMX -la última vez lo derrotó Sheinbaum-, y que irá única y exclusivamente por la presidencia de México.
Todo o nada.
Otro que se menciona, igualmente próximo a Obrador, por su (extraño) nombramiento como su representante ante el Tren Maya en Quintana Roo, el diputado federal Luis Alegre, hijo del magnate Gastón Alegre, propietario de estaciones de radio y del hotel Casa Turquesa de la Zona Hotelera de Cancún, mantiene influencia al interior del poder y acaba de ocupar reflectores con el también raro anuncio -¿por qué no el gobernador?- de que Fonatur arreglará el socavón del corredor turístico.
Por último, figura el también senador José Luis Pech, que hace un par de días denunció que “la delincuencia organizada financia campañas políticas”, y que esos candidatos, cuando llegan al cargo, en vez de trabajar por la ciudadanía, lo hacen para favorecer a esos grupos.
Supuestamente ganó puntos con Obrador al promover una iniciativa que garantiza el acceso a las playas, rompiendo el acaparamiento de los desarrollos turísticos.
En virtud de ello, los primeros 10 metros de playa corresponden ahora al ciudadano.
Públicamente, Pech admite que mantiene su aspiración de gobernar al estado.
Por el lado de la oposición, a la que pertenece el gobernador, no hay nada.
HISTORIA DE UNA VILEZA CON NOMBRE
En La Mañanera, la periodista y abogada Fabiola Cortés denunció al gobernador Carlos Joaquín González por solapar el despojo de tierras cometido por su cuñado José María Rejón de la Guerra contra un humilde, ignorante y discapacitado campesino septuagenario de Akumal, de legítimo origen maya.
Lo había hecho público en diciembre del 2020, antes de la pandemia.
Reaccionó entonces el gobernador amenazando en su cuenta de Twitter con “tomar acciones legales” en contra de la defensora de causas sociales.
Nunca lo hizo.
Lo que sí hizo, en cambio, fue desatar una intensa campaña de difamación y desprestigio contra Cortés, con la publicación de cientos de notas periodísticas denigrantes, incluso a nivel nacional.
La represalia del integrante del clan de los Joaquines no paró ahí: para intimidarla más, le abrieron 3 carpetas de investigación, una por 8 delitos inverosímiles, y otra por presuntamente destruir una comunidad de 40 casas con apoyo de… (risible) ¡la Marina, Ejército y Guardia Nacional!
Fabiola Cortés expuso ante el presidente, y su audiencia millonaria, que la venganza del gobernador “se ha materializado”; que no es un caso aislado, sino el comportamiento generalizado en las instituciones del estado, y que conoce de innumerables casos.
Citó uno absolutamente ilustrativo: un magistrado falsificó documentos para obtener el cargo, solapado por el Congreso.
Al final preguntó a AMLO: “¿Cuándo los quintanarroenses vamos a empezar a ver el fin de la corrupción y la impunidad?”
LA VÍCTIMA
Antonio Manrique Mac es un campesino discapacitado de 72 años que padece además disminución cognitiva, y cuya escolaridad se reduce a primaria sin terminar.
No sabe usar cuenta bancaria ni el cajero automático.
Llegó a QR hace más de 40 años, cuando -recordó Fabiola- “solo era selva, mosquitos y dengue…”
Fue chiclero.
También laboró para la Secretaría de la Reforma Agraria, que le tituló un predio de 100 hectáreas en Akumal en compensación por ubicar comunidades y localidades que estaban en la cartografía y en los mapas, pero que nadie sabía con exactitud donde estaban.
Fue vendiendo poco a poco, hasta quedarle 37 hectáreas.
Era lo último.
Rejón de la Guerra, en complicidad con las autoridades, lo despojó de lo que quedaba de su patrimonio.
Hoy, Manrique vive en la pobreza con una hija que trabaja de camarista en un hotel de Akumal.
Los delincuentes simularon pagarle 6 millones de pesos por el predio.
Él ni siquiera quería vender.
Y no era ni el valor de la propiedad.
Nunca recibió el dinero, aunque se abrió (no él) una cuenta bancaria a su nombre.
Parte de los fondos depositados se usaron para pagar los impuestos de la presunta operación de compra-venta.
5 millones de pesos más se retiraron y depositaron en otra cuenta desconocida.
Lo llevaron a firmar las escrituras a una notaría de Mérida.
Denunció ante la FGE del estado, y en 3 meses -como en muy pocos casos- determinó el no ejercicio de la acción penal a favor del cuñado del gobernador.
En todo ese tiempo, no se permitió a la defensa de Manrique el acceso a la carpeta de investigación, ni tampoco presentar pruebas.
Así, con esa sublime impunidad, se perpetró la venta fraudulenta en la zona turística de la Riviera Maya.
