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“Ya es hora de reaccionar contra lo que nos ofende y nos doblega autoritariamente”: Conde de Lautréamont
● Tren Maya aumentó en 93% su presupuesto
● Pío López Obrador: dinero sólo para gasolina
● A la sucesión se le acabó el fideo y quedó…
Por Lilia Arellano
Ciudad de México, 19 de julio de 2022.- Mantenerse durante 18 años en campaña, con el único objetivo de sentarse en la silla presidencial, da cuenta del carácter del titular del Ejecutivo. Aunque esta terquedad no es justificante para demostrar no es un hombre de leyes, magnifica su poder cuando las viola, deja de respetarlas, las ignora, sin importar si tales demostraciones lo hacer ver como un político maquiavélico y autócrata. Su palabra es lo únicamente válido, quien se muestre contrario, haga público no estar de acuerdo es convertido en enemigo, así se trate de la opinión de miles o millones de mexicanos.
Sus decretos, resoluciones, órdenes y acciones lo reflejan de esa manera y la protección e impulso de sus obras emblemáticas, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es lo importante, lo demás es lo de menos, aún y cuando estén de por medio cientos de vidas o la educación de millones de niños, de jóvenes, de universitarios. Día a día reconfirma sus viejas sentencias como la pronunciada durante la campaña para suceder a Vicente Fox: “al diablo con las instituciones”, y aún y cuando la ha convertido en realidad al afectar el entramado gubernamental, todavía no logra superar la pronunciada recientemente: 2006, “no me vengan con el cuento de que que la ley es la ley”.
Para su gobierno y administración no existe visión. Lo demás, cualquier expectativa, proyecto u opinión en contra, es traición; es un complot de sus adversarios políticos, confabulación de los conservadores, conspiraciones de los fifís, boicots de la clase media aspiracionista, maquinaciones de la iglesia oligárquica, conciliábulo de los científicos, conjuras de periodistas sin privilegios, intrigas de las mafias compuestas por defensores de derechos humanos y ambientalistas, protestas alevosas de los familiares de los desaparecidos y un largo etcétera.
Aparece en este contexto la determinación del gobierno de López Obrador para convertir eal Tren Maya en una obra “de seguridad nacional”, por lo cual ordenó, sin más ni más, pésele a quien le pese, se reanudarán las actividades del Tramo 5, a pesar de los amparos presentados contra las labores y de las suspensiones otorgadas a la fecha. Para llegar a esta disposición es menester la emisión de un Decreto, y no ha sido enviado, ni firmado y mucho menos publicado. De ahí la observación de Olga Sánchez Cordero sobre esta decisión sobre la cual recaerán una serie de controversias constitucionales. El antecedente radica en el rechazo de la SCJ a la intentona de llevar a cabo estas construcciones aún y cuando no se tuvieran las autorizaciones correspondientes.
Fue Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo -dedicado únicamente al Tren Maya-, quien confirmó fue el lunes anterior cuando se tomó la decisión durante la sesión del Consejo de Seguridad. “Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino” declaró May. Sin embargo, desde el pasado 15 de julio las obras se reiniciaron, aunque bien puede asegurarse, nunca las detuvieron totalmente.
Activistas y organizaciones civiles como Moce Yax Cuxtal, han difundido en medios de comunicación y redes sociales fotografías y videos, donde se aprecia el reinicio de las obras de construcción en el Tramo 5, a pesar de existir al menos dos amparos pendientes de resolución ante un juzgado de Yucatán. El organismo internacional Greenpeace, realizó una protesta pacífica en contra de los trabajos, desplegando en la zona de las obras salvavidas gigante con las siglas S.O.S, y llamó al presidente López Obrador “a detener de inmediato las obras del Tramo 5 del Tren Maya por violar la ley y los acuerdos internacionales”.
También el colectivo Sálvame del Tren, en un comunicado, alertó: “Han reactivado las obras del Tramo 5 del Tren Maya sin permisos y sin esperar la resolución de los jueces, violando de manera flagrante la ley y poniendo en riesgo la Riviera Maya, a su gente, su economía y su riqueza natural”. El reinició de las obras se encuentra en la opacidad, pues ninguna institución ha publicado el acta del Consejo de Seguridad en la que, según May, se tomó la decisión de que el Tren Maya sea una obra de seguridad nacional, con lo cual se pretende justificar el arranque de las obras. Fonatur se concretó a remitirse al artículo 17 de la Ley de Seguridad Nacional en el cual básicamente, se establece “son reservados” tanto las reuniones como las actas y los documentos generados en esas sesiones, por lo tanto no entregarán la información solicitada.
Este martes, el presidente López Obrador justificó haber optado por la declaratoria de seguridad nacional para continuar el Tren Maya, debido a “el tiempo que llevaba parada (la obra de construcción) nos estaba significando un alto costo al presupuesto”. Sin embargo, como también se aplica el “cueste lo que cueste”, el tren entrará en funcionamiento en 2023, por el mero lujo de expresar: cumplí. No se detuvo en demostrar júbilo señalando blinda a su gobierno con esta declaratoria, porque considera no habrá un solo juez capaz de acusarlo de desacato.es con esta.
Y, como es su costumbre, descalificó a quienes opinan diferente, señalando a quienes promovieron amparos para frenar esa obra en el sureste del país como “conservadores, corruptos y pseudo ambientalistas”. López Obrador justificó la toma de esta decisión debido a la tardanza de la resolución judicial: “queríamos esperar a que el juez resolviera, pero, ¿dónde está la justicia rápida y expedita?”. Para tener éxito en sus mentiras, se advierte a quienes las dicen, deben contar con una magnífica memoria y esa ya le falla y feo al tabasqueño. La mentada y desconocida sesión del Consejo Nacional de Seguridad, dijo fue hace una semana -¿no se reúnen diario y eso para informar sobre la situación de inseguridad, sobre las actividades de los cárteles, sobre el número de muertos y la ruta de su “estrategia”?-. Entrampado sólo atinó a comprometer a funcionarios de su gobierno a dar explicaciones sobre el procedimiento seguido.
ANTECEDENTES
Fue la noche del 22 de noviembre de 2021 cuando el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el cual estableció como de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias encabezadas por su administración. Con esta acción el titular del Ejecutivo federal blindó la información relacionada con su desarrollo, además de permitir la emisión de permisos o licencias provisionales en menos de cinco días, para dar pronto inicio a su construcción.
En la edición vespertina del DOF de esa fecha, AMLO publicó el acuerdo en donde se “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México, considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. El texto hace referencia a la infraestructura “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Sus deseos se toparon con pared. El INAI y la avalancha de protestas llevaron a la Suprema Corte de Justicia a suspender el decreto con efecto inmediato tras considerar no existe amenaza o riesgo que enfrente el país ni su defensa legítima, no se pone en riesgo la soberanía, independencia nacional o la defensa de territorio, no hay vulneración al orden constitucional, al fortalecimiento de las instituciones democráticas o la unidad de las partes.
El error, vuelve a repetirse y las promociones de amparo llevadas a cabo y las suspensiones otorgadas, tampoco ponen en riesgo ninguno de los renglones anteriores, por lo tanto, eso de “por seguridad nacional”, sigue siendo violatorio de la ley. Más valdría hubiese expresado “¡por mis pistolas!”
AMPAROS CONTRA EL TREN MAYA
Cabe destacar que el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió a finales de mayo una suspensión definitiva para las obras, luego de que una organización civil denunciara que las constructoras del Tramo 5 pasarían por encima de cenotes, ríos subterráneos y sistemas de cuevas. La demanda interpuesta por un grupo de buzos y espeleólogos de cuevas y cenotes, con el acompañamiento de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señala que la autorización del Fonatur y del Fonatur Tren Maya “no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, cuya obtención es obligatoria antes del inicio de las obras.
Fue el 18 de mayo cuando Fonatur entregó a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 del Tren Maya, en la cual concluyeron: a pesar de riesgos “severos” para flora y fauna protegida y un daño “critico” a casi 500 hectáreas de selva, la obra es “ambientalmente viable”. A pesar de ello, el juez consideró la entrega del documento se hizo a destiempo, debieron presentarlo antes del arranque de las obras, y por ello concedió la suspensión. Será el próximo 28 de julio cuando se lleve a cabo el juicio de amparo en el cual se decidirá si este sigue firme de manera definitiva, o bien, se desecha y las obras pueden continuar.
Por lo pronto y en plena austeridad franciscana, el trenecito ya va por el doble de su presupuesto original; inició con un aproximado de 12 mil millones, un año después aumentó a 31 mil millones; hace dos días el cálculo llegó a 31 mil 503 millones de pesos… más lo que se acumule en fechas próximas. De entre estos renglones no programados deberá contemplarse el pago a Grupo México por la cancelación del contrato para la realización de la obra del Tramo 5 Sur, licitación ganada en mayo del 2021 y cuyo monto alcanzaba los 17 mil 815 millones de pesos. ¿A cuánto ascenderá la indemnización reclamada?
DE LOS PASILLOS
Frente a la investigación por unos videos en los cuales aparece recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo, Pío López Obrador, hermano del presidente, afirmó que jamás ha cometido un delito. En una entrevista para Expansión Política, admitió sí le entregó dinero David León, y fue para apoyar al movimiento de su hermano en “gastos menores como gasolina”. Añadió “es más una falta”, y rechazó se le acuse por haber cometido un delito. Pío López Obrador declaró “es totalmente falso” que la investigación en su contar esté frenada por ser hermano del presidente de México. Al cuestionarse por qué la FGR no ha querido mover el caso o no quiere investigar, afirmó: “Yo no sé por qué no han actuado, es una de las cosas que me llama poderosamente la atención, es una institución cuya función prioritaria es precisamente investigar y en este caso no ha investigado absolutamente nada”… Y ¿Qué otra cosa puede esperarse de Gertz Manero?…
Ya de plano no se aguantó e hizo presente el viejo refrán: hay de dos sopas y la de fideo, se acabó. Para el 2024, dijo tajante el tabasqueño ayer en el templete, solo hay dos caminos:transformación o retroceso.
De ahí se le ocurriera a Mario Delgado poner como condición para quienes registrarse como aspirantes a la sucesión de López Obrador firmar el compromiso de seguir con su proyecto, con el lopezobradorista, ir de lleno, con lealtad a ciegas a continuar su obra… ¿cuál? ¿la destructiva?… El vejete al frente de la SS definitivamente “chochea” y no ve, ni oye pese a su profesión a la muerte. Su pareja, el Doctor Muerte, menos… Jueces y magistrados están contra la pared ante la intervención abierta y cínica del Poder Ejecutivo. Sus determinaciones, si no le gustan al tabasqueño, los ponen bajo investigación y así ¿para cuando el Estado de Derecho y la presencia de una justicia expedita?… Pero ¿qué tal presumir como el segundo mandatario con mayor aprobación en el mundo? ¿no será el segundo más conocido? ¿no será por las regadotas y justamente por no saber sentarse, andar con el saco a medio abrochar, ignorar el Manuel de Carreño y carecer de buenos modales? Porque es el 66 por ciento, nada despreciable.
