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A mis compañeros de Excélsior, en el
104 aniversario del Periódico de la Vida Nacional.
Cuando hizo pública su iniciativa preferente para realizar una contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de dar ventajas a la CFE por encima de los productores privados de energía, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no atender los avisos sobre las consecuencias legales, económicas y ambientales de dicho cambio, expresados por expertos de la industria, abogados, líderes empresariales y miembros de la oposición.
Aunque un líder siempre debe tomar en cuenta todos los posibles derroteros de una decisión, se entiende que el mandatario haya pensado que esas voces tenían algún interés particular y que, por lo tanto, las críticas esgrimidas carecían de validez. Es más, es posible que realmente haya creído que hacerse eco de ellas sería, como dijo ayer, volverse “cómplice del robo, del atraco”.
Pero lo que es imposible de comprender es que López Obrador no haya hecho caso de las advertencias que lanzaron dos de sus aliados más cercanos: la secretaria Tatiana Clouthier y el senador Ricardo Monreal, de quienes no se puede sospechar deslealtad alguna ni falta de compromiso con el proyecto lopezobradorista.
Estaba en vías de aprobarse la iniciativa en la Cámara de Diputados, cuando Clouthier, en diálogo con senadores, los invitó a tejer fino en la discusión de la minuta que les llegaría en poco tiempo. Al participar en una reunión de trabajo con la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, el senador morenista Héctor Vasconcelos preguntó a la secretaria de Economía cuál era su opinión sobre la propuesta del Presidente y si pensaba que, de aprobarse sin cambiarle una coma –como deseaba el mandatario– se corría el riesgo de provocar un conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá.
“La Ley de la Industria Eléctrica debe generar un balance adecuado entre el fortalecimiento del sector eléctrico mexicano con las obligaciones internacionales y ahí ustedes tendrán que ser tejedores finos de este balance”, respondió.
Con toda claridad, la funcionaria dijo a los senadores que los inversionistas que sientan afectados sus derechos “disponen de mecanismos legales para proceder”. Y que si bien siempre se intenta dialogar con quienes tienen ese tipo de inconformidades, “en los casos en los que tristemente no se ha podido caminar de esa manera, pues se ha procedido a los arbitrajes, que efectivamente resultan costosos para la nación mexicana”.
Tres días después, ya aprobada la iniciativa en San Lázaro, entrevisté al senador Monreal en Imagen Radio. El líder de la mayoría morenista convocó al diálogo con quienes rechazaban la propuesta presidencial y llamó a encontrar una redacción que pudiese evitar consecuencias legales, como las reparaciones.
“Sí creo que debemos abrir un compás para la búsqueda de soluciones. Porque van a venir, eso es inevitable, con la aprobación de la iniciativa, un cúmulo de recursos jurídicos legales constitucionales, inconformándose con la reforma”.
—¿Cómo evitarlo? –le pregunté.
—Dialogando, es la única manera. El tema de fondo es la retroactividad de la ley. Quienes tienen contratos firmados, van a impugnar y van a intentar declarar inconstitucional una norma que el Congreso aplica. Lo que sugeriría es que evitemos ese tipo de conflictos, incluidos arbitrajes internacionales. Mi postura es buscar soluciones, tratar de que no se generen condiciones de desconfianza en la inversión privada. Hay que buscar salidas. Si aprobamos (la minuta) tal y como viene de la Cámara de Diputados, va a haber recursos contra esa ley. Y yo lo que intento es que el Estado no sufra mermas económicas en su patrimonio por las demandas que se puedan interponer en el arbitraje internacional o en los órganos jurisdiccionales.
El Presidente no escuchó a Clouthier ni a Monreal y la iniciativa se aprobó, como él quería, sin cambiarle una coma. Hoy hay más de una treintena de suspensiones, dictadas por dos jueces. Ayer el Presidente dijo que si el Poder Judicial acaba rechazando la ley, como antes hizo con sus decretos en la materia, propondría una reforma constitucional, para la cual el oficialismo no cuenta con una mayoría en el Senado. La palabra del Presidente es muy potente, pero no es la ley.
