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Escrito por: Saúl Arellano
Unas de las peores políticas que se han desarrollado en la presente administración -y eso ya es bastante decir- es la relativa a la seguridad alimentaria y la garantía del derecho a la alimentación. Frente al escándalo del hambre que ha persistido históricamente en nuestro país, en la gestión de la autoproclamada 4T los resultados muestran, que erradicar la desnutrición es otro frente perdido en lo social.
A partir de la llegada de la pandemia, los casos atendidos por el Sector Salud disminuyeron notablemente, y esto no porque hubiese menos personas con esta problemática, sino porque la atención se redujo drásticamente; sin embargo, en la medida en que se han ido abriendo los espacios para atender padecimientos más allá de las urgencias impuestas por la pandemia, los números han crecido de manera significativa.
En efecto, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, a lo largo del año 2021 se atendieron 39,396 casos por desnutrición leve, grado que no significa que no sea un asunto delicado, sino que es antes bien un eufemismo para referirse a la menos grave de las tres dimensiones que se miden en el país en esta materia. Así, en el año 2022 se tuvo un registro de 49,702 casos, de los cuales, 22,513 fueron de hombres y 27,189 de mujeres. esa cifra representa un incremento de 26.4% entre ambos años.
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En cuanto a la desnutrición moderada, en el 2021 se tuvo un total de 7,054 casos atendidos por el Sector Salud, frente a 8,989 lo que representa igualmente un incremento, que en este nivel es del orden de 27.4% más que el año previo.
Finalmente está el nivel de la desnutrición severa, de la cual se registraron, en 2021, 3,813 personas atendidas, frente a un total de 4,591 en el 2022, lo que representa un incremento de 20.4% entre ambos años.
Estas cifras podrían parecer bajas, pero debe considerarse que se trata de casos que llegan a la atención médica; y aún cuando se carece de un adecuado factor de expansión para estimar el número real, hay expertas y expertos que, dados los niveles de inseguridad alimentaria y de hogares con dificultades alimentarias captados por el INEGI, estiman que esas cifras habría que multiplicarlas al menos por 20; es decir, sólo en el caso de la desnutrición severa se estaría ante una cifra mayor de alrededor de 92 mil casos; dato que se sigue percibiendo como conservador, si se considera que hay casi un millón de hogares con niñas y niños que comen sólo una vez al día.
En este contexto no debe dejarse del lado el hecho de que, según los datos del CONEVAL, la línea de la pobreza extrema por ingresos para los ámbitos urbanos, es decir, el valor de la canasta alimentaria en el país, pasó de $1,930.38 pesos en enero del 2022 a $2,124.70 en diciembre del año pasado, lo que significa un incremento de 10%, valor superior al de la inflación general que fue de prácticamente el 8%; es decir, la subida de precios afectó particularmente a quienes viven en las peores condiciones de pobreza. Para el ámbito rural el cambio fue de $1,481.10 en enero del 2022 a $1,630.95 en diciembre del mismo año, es decir, un incremento de 10.11%
Por su parte, el valor de la línea de la pobreza en los ámbitos urbanos (canasta alimentaria más la no alimentaria) pasó de $3,958 en enero del 2022, a $4,246.06 en diciembre del mismo año, lo que implica un incremento de 7.27%; en el ámbito rural pasó de $2,812.34 en enero del 2022 a $3,051.8 en diciembre del año pasado, esto es, un incremento de 8.51%, nuevamente, un indicador que se ubica por arriba del nivel de la inflación general.
Todos lo anterior indica que, dado que no ha habido una recuperación sustantiva de los ingresos salariales de las personas, sería difícil asumir que ha habido una reducción importante, tanto en los niveles generales de la pobreza, como en los relativos a la vulnerabilidad por inseguridad alimentaria, pues como se ha visto, los incrementos mayores se han dado precisamente en el valor promedio de los alimentos.
La peor parte en todo esto la llevan las niñas, niños y adolescentes. Y por ello debe repetirse cuantas veces sea necesario: en México hay prácticamente un millón de hogares donde alguna niña o niño no come en todo el día o come una sola vez al día. Y por eso es urgente construir una estrategia de emergencia que tenga como propósito erradicar el hambre en toda la población, pero con prioridad y énfasis particular en aquella que aqueja y lastima a las y los más pequeños.
El estado de cosas en que vive la niñez es un reflejo de las prioridades y valores de una sociedad; y dados los resultados recientemente presentados por el PUED-UNAM a través del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (http://www.pued.unam.mx/opencms/publicaciones/51/idn22_d.html), no sería exagerado sostener que somos un país que no sólo no cuida a su niñez, sino que la agrede, la desatiende y la maltrata cotidianamente, lo que fácilmente puede ubicarnos como un país de canallas respecto de las infancias.
Dice un adagio clásico que el poder de uno es el poder de hacer algo; y lo mínimo que podemos hacer como sociedad es exigirle al Congreso y al Gobierno de la República que destinen los recursos necesarios para atender este problema que constituye un severo reclamo moral para todas y todos.
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Investigador del PUED-UNAM
