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* A pesar de que la impartidora de justicia determinó la culpabilidad del alcalde Luis Antonio Montiel Castelán, ordenando su detención el pasado 7 de junio, por negarse junto con otros de funcionarios y miembros del cabildo a entregar información relacionada con el delito de Violencia Política en Razón de Género, cometido en contra de una regidora, el alcalde había tratado de burlarse la ley ante la tibieza de la magistrada, pero ahora sabe el edil que en la actual administración se está recobrando el Estado de Derecho
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
El pasado siete de junio y en medio de la euforia triunfalista de unos y la amarga derrota de otros, pasó desapercibido un incumplimiento judicial cuya gravedad amerita voltear a verlo con detenimiento porque está implicado nada menos que el arbitro que debe resolver los conflictos electorales y temas relacionados con asuntos de la democracia, en el Estado.
Como lo hemos venido informado en este espacio, el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo, determinó sancionar desde el pasado 17 de mayo con una multa y arresto inconmutable de 36 horas, al alcalde Epazoyucan, Luis Antonio Montiel Castelán, imponiendo además una multa a varios de sus funcionarios municipales y miembros del cuerpo edilicio por haberse negado a entregar la información necesaria, relacionada con el juicio promovido por la Regidora Verónica Jiménez Islas, a quien los acusados ejercieron el delito de Violencia Política en Razón de Género, desde el pasado año.
Las pruebas aportadas por la afectada fueron contundentes por lo que a la magistrada Rosa Amparo Ramírez Lechuga, no le quedó de otra que fallar a favor de la Regidora violentada, pero conforme han pasado las semanas y concluyeron las elecciones, Montiel Castelán y sus funcionarios edilicios y del ayuntamiento, se empecinaron en hacer oídos sordos negándose a cumplir con lo ordenado por Ramírez Lechuga.
A pesar de que la magistrada se ha mostrado en exceso benevolente y tolerante con el alcalde y otros involucrados como el también regidor, Héctor Miguel Olvera Cortés, quien se dio el lujo de acosar físicamente a su compañera de cabildo, enfrente de todos y todas las presentes en las sesiones, el Poder Judicial de Hidalgo demostró una vez más que no se anda con medias tintas y detuvo por fin al infractor, tal y como lo estableció la sentencia del Tribunal Electoral.
Las pruebas son contundentes por lo que no se explica por qué Rosa Amparo Ramírez estaba permitiendo que los culpables tomaran sus sentencias como llamados a misa. Y en una actitud por demás absurda, la impartidora de justicia falló en contra de los responsables pero se estaba mostrando tibia a la hora de hacer valer sus propias sentencias.
¿Acaso estaba habiendo cierto grado de complicidad?
No hay que olvidar que todavía a finales del pasado año, Rosa Amparo Ramírez era la titular del Tribunal Electoral del Estado y se vio involucrada en un presunto fraude por 20 millones de pesos no aplicados en la construcción de la nueva sede del organismo.
Todavía pesan sobre su persona las pesquisas no concluidas por la Contraloría y la Procuraduría General del Estado, lo que algunos suponían que sus antes protectores políticos del PRI que la colocaron en tal cargo, le estaban haciendo manita de puerco para que no enviara a prisión a Montiel Castelán por ser alcalde precisamente del alicaído PRI, que ya tiene suficientes escándalos y descréditos como para ver a uno más de sus miembros tras las rejas.
Pero el asunto apenas y comienza con la detención del alcalde Epazoyucan, y puede tornarse en pesadilla todavía para la magistrada Ramírez, porque el asunto al no ser resuelto conforme a derecho castigando con celeridad a los culpables, ya fue remitido a un Juicio de Protección de Derechos Ciudadanos, a una sala del Tribunal Electoral de la CDMX, para que se investigue el irregular proceder de la impartidora de justicia.
El asunto al interior del ayuntamiento de Epazoyucan está escalando ahora a otros ilegales temas por las amenazas que están recibiendo varios regidores para que firmen por las buenas o las malas la aprobación de presupuestos totalmente irregulares. El que promueve esta nueva serie de intimidaciones es nada menos que el Secretario Municipal, Horacio Valencia Martínez, quien por cierto ya acumula tres averiguaciones previas en su contra, la más reciente iniciada por una regidora el pasado viernes siete.
Hasta donde sabemos, precisamente el pasado viernes, el alcalde huyó de forma repentina de sus oficinas en la Presidencia Municipal para evitar ser detenido, pero cercanos suyos dicen que desde el Tribunal Electoral, hay quienes ya le había avisado con mucha anticipación que iban tras él.
El caso es que además de la violencia política en razón de género, pesan sobre el presupuesto diversas presunciones de irregularidades en su manejo, por lo que Montiel Castelán así como sus abusivos y nada transparentes funcionarios, pueden irse preparándose a enfrentar lo que viene en asuntos pendientes con la justicia.
El primer aviso de que la cosa va en serio, ya está dado.
