Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 6 segundos
Handicap
Joaquín Herrera
Inesperadamente el Congreso de Veracruz admitió la solicitud de desafuero y juicio político contra el Gobernador Javier Duarte por desvío de recursos: La Auditoría Superior de la Federación le reclama cuentas por 35 mil millones de pesos.
El PRI parece haber decidido pelear la sucesión estatal sin el fardo del gober, el más denunciado por desaparecer miles de millones de pesos, pero también personas, especialmente, periodistas.
La solicitud del juicio político fue presentada por la fracción parlamentaria del PAN el pasado 3 de marzo y ayer se difundió que el Legislativo le dio entrada, cosa que no habría sucedido sin la anuencia del partido mayoritario.
Así, creen panistas, se exhibirá al gobierno saliente y a su partido que no lo ha reprobado. Esto, al calor del proceso electoral más complicado que haya vivido la entidad en últimas fechas, con dos parientes Yunes, en disputa por la gubernatura, bajo la bandera de PRI y PAN, las dos principales fuerzas electorales en la entidad.
En Veracruz hay sectores que dudan si el proceso contra Javier Duarte irá a fondo o solo enmascara una forma de exculparlo y olvidar penalidades que podrían significarle prisión.
El Congreso estatal, plagado de priistas (duartistas) tendrá que mostrar si está acordó con lo que expresó (22 de febrero, en Tabasco) su líder nacional, Manlio Fabio Beltrones de que Duarte “deberá presentar cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos”. Y los panistas vieron que les daba la razón, pero fue hasta ayer en que el Congreso del estado “desempolvó” la petición panista.
a juicio político al gobernador Javier Duarte, acusado de desaparecer 35 mil
millones de pesos e infinidad de periodistas y otras víctimas (Gráfica de El Dictamen)
El “pero” de conseguir los votos necesarios (al menos dos tercios de los 50 diputados que componen la legislatura. El PRI tiene 27, el PAN, tiene solamente 9.
El resto son 6 del Panal (aliados del PRI) Movimiento Ciudadano, 1; PRD, 2; PT, 1; AVE, 1.
Es decir, ni con todos los legisladores de oposición juntos, (que harían 27 del PRI y 6 del PVEM 33) podrían lograr la votación legal, salvo que el tricolor, permite el “voto de conciencia” y en su bancada la mayoría se volcara a favor de lo que casi todos los partidos han buscado: castigar los excesos de Duarte.
Parece ir en serio; la Permanente turna a Comisiones
La Diputación Permanente del Congreso local turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales la demanda.
El artículo 19 de la Ley de Juicio Político establece que, recibida la petición, ambas comisiones dictaminarán en el plazo de tres días hábiles. Esto es, el próximo miércoles cuando estas comisiones definan si procede el juicio.
De ser procedente la Permanente consignaría a la Comisión Instructora, que a su vez alistaría el fallo.
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, diputado panista, promotor del juicio político a Duarte, dijo que esa solicitud se sustenta en la denuncia que por 35 mil 421 millones de pesos reclama la Auditoría Superior de la Federación.
Destacó que, además, al Gobernador se le reclama no dar garantías de seguridad a periodistas ni al resto de la población veracruzana, así como perjudicar la educación superior al desviar subsidios de la Universidad Veracruzana (UV).
“Por eso estamos solicitando que al Gobernador Javier Duarte se le separe de inmediato del cargo, para que responda por todas las omisiones y demás irregularidades que se le han detectado por el mal manejo de los recursos del erario”, reclamó el legislador.
Guzmán Avilés manifestó optimismo en que la demanda del PAN cuente en breve con el respaldo de los demás legisladores de la Oposición e incluso de algunos del PRI, que conforman la mayoría del Congreso local.
“Como diputados del PAN, estamos buscando que los demás compañeros de otros partidos, como son los del PRD, del Movimiento Ciudadano, algunos de Nueva Alianza, para que juntos tratemos que se le dé inicio al juicio de procedencia, pero también invitaremos a los diputados del PRI a que se sumen, sobre todo por la grave situación social, económica y política en la que se vive en Veracruz”, sostuvo.
Desde hace un mes el reporte de la Auditoría Superior de la Federación apuntó contra Duarte, cuya entidad aparece con el peor ejercicio de 2014: encontró ya entonces daño patrimonial por 14 mil 47 millones de pesos, pero a la fecha es ya por 35 mil 421 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mostró desfalcos.
En tanto, los medios han dado cuenta de índices de desgobierno, violencia, intolerancia a la prensa, persecución que ubicaron a Duarte como el peor gobierno estatal.
Deuda a la Universidad, otro foco
Marchas de protestas por deuda incumplida con la Universidad Veracruzana, hicieron crecer la idea de una “salida” de Duarte antes de terminar su mandato, este mismo
año.
Duarte simuló apagar ese fuego, derivado de más de mil 200 millones que no trasladó y sí recibió para la UV.
Duarte pareció dormirse en sus laureles, con aquello de que “si ya saben cómo soy ¿para que me eligieron?”
Riesgo para el PRI, en tiempos electorales
En ese escenario se decidió la candidatura del PRI, por Héctor Yunes, contra la opción panista de Miguel Ángel Yunes.
Así, Miguel Ángel ha tomado como bandera anticipada de campaña la salida de Duarte, que frenó de momento la caída del mandatario, ya como “renuncia” o, lo que hoy se ve cerca, el juicio político.
Y contestó Héctor que “Es muy fácil, desde la oposición ser crítico, pero ser critico dentro de tu partido tiene riesgos, costos y yo los he pagado”.
Y, obvio, Duarte tuvo oportunidad de plagiar a AMLO, y denunció que hay un complot contra él y su partido, para desbarrancar la elección, de seguro a favor del tricolor.
Fue cuando “alguien” urdió una estocada a Duarte en “La Parroquia”, convertido en muro de las lamentaciones, con una andanada contra Duarte que lo hizo “correr”, ante gritos de “Fueras, fuera”, en video divulgado en redes.
Duarte encontró la “explicación y gritó, a su vez: “fue un montaje”.
La desaparición de jóvenes en Tierra Blanca
Falta ver si el escándalo por los policías implicados y arrestados por la desaparición de jóvenes en Tierra Blanca alcanza a Duarte. Ya Rubén Pérez Andrade, el octavo uniformado arrestado bajo cargos de desaparición forzosa (que confiesa que detuvieron a los jóvenes por “sospechosos” de ser narcos) se ha sumado a versiones que podrían implicar al propio gobernador.
Arturo Bermúdez Zurita, el jefe de la policía nombrada por Duarte es el más señalado como quien ordenó la “desaparición” descubierta el 11 de enero reciente.
Pero el caso aterroriza cuando se sabe que las víctimas fueron quemados y metidos en un molino de caña, en el rancho El Limón.
Esto es, una senda similar al caso Iguala, al que el gobierno de Ángel Heladio Aguirre escapó y su partido supo desviar, pero perdió la posibilidad de mantener el poder estatal.
En Veracruz, a Duarte no le perdonan desapariciones y crímenes contra periodistas, quizá no todos ciertos, pero parte de un estado de crímenes insoportable.
A Bermúdez Zurita lo conectan con el “Caso Narvarte”, de julio de 2015; la muerte de Gibrán Martiz Díaz y sus dos acompañantes, en 2014.
