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* A la cúpula de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se le llena la boca escupiendo discursos de justicia social mientras oculta con cinismo el verdadero costo de sus paros incesantes. Hoy pregonan una falsa defensa de los derechos laborales al mismo tiempo que condenan a la ignorancia a millones de niños en las regiones más pobres del país y estrangulan la economía nacional bloqueando puertos y casetas. La miseria moral de este cártel magisterial no soporta la terca realidad del rezago educativo ni las multimillonarias pérdidas del sector productivo. ¿Acaso creen que el país ignora que su supuesta reivindicación se financia vendiendo plazas y usando a los maestros de base como carne de cañón para arrodillar al gobierno en turno? ¿Piensan ocultar la brutalidad con la que aplastan a quienes se atreven a cuestionar su tiranía desde las aulas?
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Resulta imperdonable asumir la cómoda postura del testigo silencioso frente al chantaje sistemático disfrazado de lucha social, la educación pública constituye el único patrimonio real de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Defender las aulas de quienes las asfixian con saña se convierte en un deber moral ineludible y absoluto para cualquier nación que pretenda salir del atraso histórico, nunca deben caber las concesiones, ni las tibiezas cuando los dueños del corporativismo sindical empeñan el futuro de la infancia para llenarse los bolsillos pues la tibieza institucional engendra monstruos.
Las huestes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han perfeccionado un modus operandi criminal basado en el secuestro descarado de la enseñanza pública. Han paralizado ciclos escolares enteros mediante plantones interminables que hunden en la ignorancia a estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, es una geografía del abandono y esta tiene dueños y apellidos.
Los supuestos defensores de la clase trabajadora operan bajo la lógica de una mafia organizada que toma como rehenes a las generaciones más desprotegidas del país, convirtieron el derecho constitucional a la educación en una vulgar moneda de cambio para negociar prebendas políticas y blindar su impunidad.
El teatro del absurdo cobra dimensiones trágicas en la infraestructura nacional, donde esta franquicia de la extorsión aplica tácticas de terrorismo económico, diseñadas para poner de rodillas al Estado mexicano. Sus históricos bloqueos sistemáticos, como fueron a las vías férreas estratégicas y al puerto de Lázaro Cárdenas que provocaron la paralización del flujo de mercancías, provocaron un colapso total a la cadena de suministro de la industria acerera y automotriz, y ahuyentaron la confianza de los inversionistas. Esta parálisis del aparato productivo se complementa con la toma violenta de casetas de peaje en las principales autopistas de la República para allegarse de millonarios recursos ilegales.
El control que ejercen estos líderes legendarios corruptos sobre la estructura laboral que opera mediante un esquema clientelar sumamente opaco y autoritario. Puertas adentro la democracia sindical es una quimera inexistente, mantienen una resistencia feroz a cualquier intento de evaluación docente que ponga en riesgo sus privilegios dinásticos o su manejo discrecional de los ascensos. La aversión a la meritocracia es el pegamento que mantiene unida a esta cúpula de vividores, que usan la presión con violencia para preservar la nefasta herencia de los cargos y la venta clandestina de plazas vacantes, y sin dudar a equivocarnos, convirtieron las nóminas magisteriales en un jugoso mercado negro donde el mérito académico no vale un centavo frente a la lealtad ciega hacia los capos del sindicato.
Y como olvidar la brutalidad de sus métodos internos, que desnuda la falsedad de su discurso emancipador. Manipulan a los maestros de a pie como simple carne de cañón bajo la amenaza directa de arrebatarles sus derechos laborales si no marchan al son de los radicales. Los profesores que realmente desean impartir clases y cumplir con su vocación son hostigados, golpeados y expulsados de sus comunidades por las brigadas de choque de la disidencia, obligando a las bases a abandonar las aulas para engrosar las filas de sus plantones en la capital del país bajo la amenaza de congelar sus salarios o negarles el acceso a créditos de vivienda.
La historia reciente de México es un catálogo vergonzoso de claudicaciones frente a este pulpo corporativo, pues la cúpula de esta coordinadora estaba acostumbrada a doblar las manos de los pasados gobiernos federales y estatales para arrancar prebendas millonarias e impunidad jurídica para sus facciones más violentas.
Y para dimensionar hasta dónde llega la podredumbre de esta movilización radical y sus redes de complicidad, resulta imperativo revisar la trama de Ayotzinapa filtrada recientemente por el gobierno federal.
Los reportes de inteligencia han desnudado a una célula extrema incrustada en el Comité Estudiantil de la Normal, señalando como presuntos cabecillas a Jesús García Estrada, alias “El Coquillo” y presidente del Comité de Lucha, junto a Juan Miguel Hernández Carbajal, alias “El Padrino” o “El Mamado”, líder de “Los otros desaparecidos”. A este grupo se les documentó la planeación y elaboración técnica de más de mil artefactos explosivos fabricados con tubos de PVC, armas que rebasan por mucho la capacidad destructiva de los petardos tradicionales y de los cuales 59 ya fueron decomisados en la caseta de Tlalpan.
Lo verdaderamente grotesco es el nexo político que trazan las hipótesis oficiales, apuntando a un financiamiento y apoyo logístico directo desde las filas del PRI en Guerrero, y vinculando con nombre y apellido al senador Manuel Añorve Baños, demostrando cómo desde la impunidad de las curules se patrocina el caos callejero.
Toda esta maquinaria del chantaje confluye de manera explosiva en la capital del país, donde el amago gubernamental, previo al Mundial 2026, exhibe la preocupación del oficialismo ante los reflectores internacionales. Las movilizaciones de este martes 10 de junio, que empalman los embates de la CNTE en el AICM y las conmemoraciones del ‘Halconazo’ por parte del Comité 68, llevaron al secretario Pablo Vázquez a presumir un megaoperativo con mil 700 elementos de la Policía Capitalina. Y mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, intenta suavizar el ambiente asegurando en el discurso que no habrá represión para evitar «capítulos oscuros», la cruda realidad en las calles es el estrangulamiento absoluto de la movilidad.
Las autoridades despliegan un cerco asfixiante que incluye el amago de cerrar estaciones neurálgicas del Metro, como Oceanía y Pantitlán, improvisando rutas alternas con camiones de RTP. La máscara de la tolerancia gubernamental cae por completo con la advertencia tajante de César Cravioto, secretario de Gobernación de la CDMX, quien notificó a los contingentes y colectivos de búsqueda que, bajo ninguna circunstancia, se les permitirá romper el círculo de seguridad de la «última milla» en torno al estadio mundialista, exhibiendo la farsa de quienes exigen atención ciudadana a base de asfixiar las vías de comunicación.
Ese discurso de barricada se estrella brutalmente contra la cruda realidad económica y social de un país que padece las dolorosas consecuencias de sus huelgas salvajes. Las pérdidas se miden en el bolsillo productivo por los bloqueos sistemáticos y en un abandono institucional imperdonable que perpetúa la miseria. Resulta imposible calcular el daño antropológico causado a millones de jóvenes que llegan a la edad adulta sin saber leer de corrido ni comprender operaciones matemáticas básicas debido a los paros locos de sus mentores.
El castigo real de este sabotaje permanente recae de manera exclusiva en las regiones sumidas en la pobreza más extrema. Las estadísticas del rezago educativo crónico configuran un panorama desolador que condena a generaciones enteras a la marginación absoluta. Oaxaca, Chiapas y Guerrero ocupan invariablemente los últimos lugares en cualquier medición nacional e internacional de aprovechamiento escolar. Los líderes magisteriales presumen sus logros en restaurantes de lujo mientras las escuelas de la sierra carecen de techos, sanitarios y energía eléctrica. Los hijos de los jerarcas estudian en colegios privados o en el extranjero mientras los hijos de los campesinos pierden ciclos completos escuchando consignas revolucionarias vacías de contenido.
La impunidad con la que han operado estos grupos de choque es el reflejo más nítido de un sistema político caduco que prefirió administrar el conflicto antes que resolverlo de raíz, y es muestra fiel que, aquellos gobiernos que caían en sus chantajes, compraban la paz social a plazos entregando en garantía el intelecto de los mexicanos del mañana.
Los datos duros sobre el desplome del rendimiento académico y las pérdidas logísticas pulverizan de manera definitiva la farsa de su supuesta lucha social. Ninguna ideología justifica el secuestro del futuro.
Los voceros del radicalismo magisterial pueden llenar plazas públicas con discursos incendiarios y retórica antiimperialista pero los números los desnudan como lo que verdaderamente son: operadores políticos dedicados al pillaje presupuestal.
Su lucha no es contra la desigualdad, ni contra el neoliberalismo. Su verdadera batalla es por mantener el control absoluto de una nómina gigantesca que les permite vivir fuera de la ley sin enfrentar consecuencias penales.
