Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 58 segundos
Escrito por: Saúl Arellano
Las imágenes que han comenzado a circular respecto de la destrucción que generó el impacto del huracán Otis en la ciudad de Acapulco son devastadoras. Hoteles destrozados, comercios derruidos hasta los cimientos; carreteras y calles severamente dañadas, son seguramente apenas la punta del “iceberg” que poco a poco irá descubriéndose en los siguientes días, cuando pueda llegarse a las localidades rurales y de la montaña que seguramente vivieron un infierno la noche del 24 de octubre, cuando golpeó con mayor fuerza el meteoro.
En todo el mundo, los fenómenos naturales impactan de manera permanente en las zonas identificadas como de “riesgo”; sin embargo, los daños materiales y el número de víctimas está relacionado siempre con las condiciones socioeconómicas que existen en las regiones de que se trate. Por ejemplo, el impacto de meteoros en el Mar Caribe es sumamente distinto en Haití que en República Dominicana o que en Puerto Rico.
Y en nuestro país, es muy distinto el nivel de afectación que se ha llegado a tener en regiones como la de Guerrero, que a lo que puede registrarse en otras zonas, como Tamaulipas, donde también de manera constante se resiente el impacto de huracanes, ciclones y tormentas tropicales.
Desde esta perspectiva, es válido sostener que los desastres siempre son sociales; porque son las personas más pobres, las que viven en las zonas más marginadas; y quienes carecen de información oportuna y pertinente sobre qué se debe hacer durante y después de los desastres, las que a su vez resultan más afectadas y en cuyas familias se registran las mayores cantidades de víctimas.
Es cierto parcialmente que no se podía prever la velocidad con que el huracán cobró la dimensión y fuerza destructiva que adquirió en sólo 14 horas; sin embargo, lo que es evidente es que la política de protección civil en México está más desarticulada que nunca; y que las capacidades de prevención, atención en la emergencia, y de recuperación y restablecimiento de la vida comunitaria y económica, están en el nivel de mayor precariedad en las últimas décadas.
Frente a lo anterior, lo que tanto el Gobierno Federal, como Estatal, como municipales, sabían en Guerrero, es que en la entidad había, en el año 2021, 938,543 viviendas habitadas, dato proporcionado por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Vivienda. Y también sabían que, de esa cantidad, el 46.4%, es decir, 435,453 presentaban grietas o cuarteaduras en techos o muros; que el 20.1%, es decir, 188,590 presentaba pandeos o deformaciones en los marcos de las puertas o ventanas.
Asimismo, en el 22.6% de las viviendas habitadas, es decir, en 212,356, se tenía registro de levantamientos o hundimientos del piso. En el 56.3% de las viviendas había humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos. El INEGI también informó que en el 13.4% de las viviendas de Guerrero había fracturas, pandeos o deformación de vigas, columnas o trabes, es decir, en 125,321 viviendas. Dadas esas cifras, es evidentes que hay viviendas donde se presentan dos o más de las características señaladas y, en resumen, la información muestra que sólo en el 27.8% de las viviendas habitadas, es decir, en 261,099 no había problemas estructurales en sus construcciones, esto es sólo en una de cada cuatro.
Según los datos del propio INEGI, recabados a través del Censo de Población y Vivienda, 2020, y concentrados en los tabulados relativos a la Convención de Pretoria, en el 85.18% de las manzanas habitadas de Guerrero se carecía de drenaje pluvial; y en el 83.68% de las localidades de la entidad se carecía de red de drenaje pública.
A través de estos tabulados se sabía también, desde el 2020, que en los cinco años previos al levantamiento del Censo, es decir, desde 2015, en el 17.53% de las localidades de la entidad se habían registrado inundaciones; y en el 19.36% de las mismas se habían tenido afectaciones por ciclones o huracanes, la segunda cifra más alta entre las entidades de la República, sólo por debajo de Baja California Sur, donde, comparativamente hablando, los daños han sido significativamente menos cuantiosos.
¿Qué se hizo al respecto en los últimos años? Se dirá que se ha reducido la pobreza; lo cual es parcialmente cierto; sin embargo, en materia de infraestructura y calidad de las viviendas; así como en la calidad y eficiencia de los servicios públicos, poco o nada se ha tenido como avances y, por el contrario, hay regiones donde los datos indican importantes estancamientos o incluso retrocesos.
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI, 2021), en todos los servicios públicos las autoridades locales de Guerrero obtienen “puntajes de calificación” muy por debajo de los promedios nacionales. Así, en materia de agua potable, la calificación es de 4.1 (en una escala de 1 a 10), frente a un promedio nacional de 6.8; se califica con 4.9 a los servicios de drenaje y de alumbrado público; 5.7 a los parques y jardines públicos; con 4.9 a los servicios de recolección de basura; con 4 a los servicios de policía preventiva; y 4.5 a las calles y avenidas.
Presa del crimen, de la corrupción y de gobiernos mucho más que mediocres, tanto en el pasado como ahora, Guerrero vive una tragedia permanente que, en momentos como ahora, se muestran en la destrucción en toda su magnitud y gravedad.
