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* A la cofradía de la toga y el birrete poco le importa la seguridad del personal que labora en la institución y aunque niegan conflicto de intereses ignoran puntos de vista de académicos de la UNAM sobre el estado de las instalaciones
JOSÉ LUIS AGUIRRE HUERTA *
Especial para Expediente Ultra
El Magistrado Pérez, representante de los intereses de su gremio dentro del arrendamiento y usufructo de los beneficios que implican la constitución del fideicomiso, cuya figura jurídica entraña la posibilidad de obtener la suma no despreciable de treinta mil pesos mensuales a favor de cada uno de los 60 magistrados, integrantes de la cofradía de la toga y el birrete, quienes se proyectan en fideicomisarios de los productos rentísticos del edificio de Fray Servando Teresa de Mier, el que muy a pesar de su franco deterioro, con ruptura de sus columnas traseras y deslizamiento de sus lozas, las que aparecen francamente oblicuas en una pendiente de 20 grados de deslizamiento de sur a norte.
En esas condiciones el Consejo de la Judicatura defeño aprueba el inquilinato del edificio de Fray Servando, en un conflicto de intereses entre los dividendos que obtienen los togados como pensión rentística incluyendo al Magistrado Presidente Pérez y las vidas en peligro que implica el uso de tal edificación como destino de oficinas para operadores de justicia.
El togado Pérez, ha sostenido a capa y espada la existencia de unas estructuras firmes de esa edificación, basada su opinión en un pseudo dictamen de bufete de arquitectura particular, de sospechoso cuño del que se infiere el disparate de expresión neófita cuando preconiza que la “súper-estructura” del edificio se encuentra en adecuadas condiciones.
Tal señalamiento contiene la ignorancia más supina de la lingüística técnica aplicable al caso.
La súper-estructura es un proceso ideológico que detenta el sistema económico, por ende carece de marco referencial con la estabilidad de un edificio.
Lo anterior revela la ausencia de técnica de ingeniería o destreza en el manejo del mal ponderado peritaje, en el que se pretende basar el magistrado Pérez para promover la defensa de los intereses de su gremio en el usufructo del fideicomiso, que produce las pensiones de renta reportadas como beneficio a los togados de referencia.
Es evidente la ausencia de una práctica pericial en el estudio de la mecánica de suelos sobre la que se encuentran los cimientos de esa edificación, de la que se pudiera desprender la inviabilidad de la permanencia de esa construcción en los terrenos de Fray Servando Teresa de Mier, por donde se acusa la famosa falla de San Andrés, circunstancia propiciatoria del derrumbe próximo de la multireferida edificación.
Resulta inconcuso que si el Tribunal de justicia mancerista eroga una renta mensual de un millón ochocientos mil pesos por el uso del inmueble de referencia, muy bien tal presupuesto se puede destinar para la adquisición o renta de otra edificación en mejores condiciones de habitabilidad y rendimiento.
La obstinación de continuar el arrendamiento de esa mole, es un referente de los intereses en conflicto que obran en favor de los pares del magistrado Pérez, quien jura por el santísimo, no detentar intereses en conflicto, proyectando un ditirambo con sabor a engaño en su manejo retorico.
Los trabajadores de las Cortes tribunalicias defeñas, con motivo de los acontecimientos producidos por la fuerza mayor, que estamos presenciando, están adquiriendo plena conciencia de defensa legítima en sus intereses de clase abriéndose la perspectiva del uso de dictámenes periciales en materia de geodesia e ingeniería civil, del calibre y respeto académico que merece la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México con independencia de juicio y fuera de la programática de los compromisos entrañables de la cofradía de la toga y el birrete.
Al margen de lo anterior, el paraguas de impunidad se encuentra extendido para quienes sin recato ético han abordado el dispendio de adquisición de inmuebles en franco deterioro y en decadencia del manejo útil, con un andamiaje de seguridad para los usuarios.
Una vez más, el tema se antoja con un nivel exponencial de impunidad en los indebidos manejos financieros para la adquisición de inmuebles en la palestra de la justicia defeña.
Lo anterior se constata, en contraste con las edificaciones en donde opera la Justicia Federal, quien a pesar de los vientos de la desgracia, han permanecido incólume.
La Justicia Federal con oficinas y edificios de primera, la justicia en Ciudad Mancera con edificios de desecho adquiridos a precio de realización y presentados bajo el maquillaje del disimulo, pone en suerte la vida de miles, bajo la despiadada complacencia del Jefe del Ejecutivo federal.
* Abogado de Profesión
Presidente de la Barra Interamericana de Derechos Humanos
