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* Con el mayor sigilo, los funcionarios de la dependencia ordenaron el desalojo del inmueble de Paseo de la Reforma y otras tres sedes ante el riesgo de que ocurra una tragedia; al parecer se busca que el grave asunto no trascienda para que Raúl Cervantes, actual procurador, se convierta en el nuevo Fiscal General
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Especial de Expediente Ultra
Los daños registrados por el pasado sismo en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) de Paseo de la Reforma 211-213 y otras de sus sedes alternas ubicadas en Insurgentes 235, Jaime Nuno y Tonalá, son de tal magnitud que obligaron al desalojo del personal.
Ante tan extrema situación, la dependencia ha mantenido de manera inexplicable un total hermetismo por lo que, de acuerdo a un memorándum interno emitido por la representación independiente de los trabajadores sindicalizados, gran parte del personal espera ser reubicado en los próximos días, mientras que algunos empleados están laborando en bodegas improvisadas como oficinas alternas, según informes proporcionados a este medio.
Todo parece indicar que el sigilo con que las autoridades han manejado la evidente catástrofe en las instalaciones de la PGR, se debe a que el aún procurador y aspirante a Fiscal General, Raúl Cervantes Andrade, no desea ser motivo de críticas ni polémicas, desalojando sin mayores aspavientos las diversas oficinas donde prácticamente hasta el más leve brinco puede provocar que las instalaciones acaben de colapsarse.
El siniestro vino a poner en evidencia, por otra parte, las condiciones de abandonó a sus derechos y su seguridad que tienen los más de 2 mil trabajadores sindicalizados quienes desde hace más de una década comenzaron a perder prestaciones y su estabilidad laboral por la eternización en el cargo del actual dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la PGR, Humberto Nava Genera, quien al reelegirse en el cargo en abril del 2010, se autonombró “líder vitalicio”.
Ante la situación de emergencia no fue Nava Genera sino el líder del Sindicato Independiente de la PGR, Sergio Chico Méndez, quien entabló comunicación con los funcionarios de la dependencia acordando la suspensión total de actividades y el desalojo del personal en los cuatro inmuebles ya mencionados, así como el retorno paulatino a las actividades y la notificación de los lugares a dónde será reasignado.
Por ejemplo, para no interrumpir sus actividades, personal de la Subprocuraduría de Control Regional fue reubicado en una bodega ubicada en la delegación Azcapotzalco, aunque la incertidumbre sobre su permanencia en el empleo raya en la angustia de muchos sindicalizados pues desde que se formalizó el cambió de la PGR al de la Fiscalía General, creció el justificado temor de que, como ha ocurrido en la última década, los despidos y retiros voluntarios se acrecienten por la docilidad con que Humberto Nava acata las órdenes de las autoridades, enviando al desempleo a un número no determinado de trabajadores.
De hecho, cuando Nava Genera tomó por asalto la dirigencia sindical de la PGR había en la institución un promedio de más de 9 mil trabajadores de base; ahora, no rebasan los 2 mil 300, razón por la que buena parte de estos han emigrado a la organización independiente de Chico Méndez.
Los trabajadores han denunciado que Nava está más preocupado porque con los próximos ajustes que se darán en la nueva fiscalía no se afecten las plazas de sus amigos y familiares, así como sus más de 90 comisiones sindicales, que en velar por los derechos de las bases. Le critican además el no sentarse a revisar los peritajes de protección civil aplicados en los inmuebles y que arrojaron la inhabilitación permanente de cuatro de ellos, como lo estableció el acuerdo signado con las autoridades por el líder independiente, Sergio Chico.
