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Escrito por: Saúl Arellano
Gobernar es una de las tareas más complejas que puede haber en cualquier sociedad. Se trata de un muy difícil ejercicio de conciliación de intereses, generación de consensos y definición de prioridades para transformar todo aquello que es necesario; mejorar lo que existe y funciona relativamente bien; y también crear nuevas capacidades y acciones para enfrentar nuevos fenómenos o problemas que surgen con el paso del tiempo.
Lo anterior requiere de refinados ejercicios de planeación, que permita avanzar de manera decidida, pero también controlada, respecto de los objetivos y metas que se establecen desde que se tiene la pretensión de gobernar, y, sobre todo, a partir de que se adquiere el mandato popular, a través del voto ciudadano, para que una cierta opción política le represente y tome decisiones en su nombre.
En el caso de la administración 2018-2024, una de las ofertas de campaña que resultaban más atractivas y que sin duda fueron seguramente uno de los motivos más relevantes para que el electorado votara por esta opción, era precisamente avanzar hacia la construcción de un sistema de salud que garantizara al menos tres cosas: cobertura universal efectiva; acceso a medicamentos oportunos; y acceso a tratamientos médicos pertinentes y de calidad.
Un buen sistema de salud en cualquier país, podría entenderse como aquel que es capaz de al menos tres cosas: el primero de ellos es trabajar de manera articulada con otros sectores del gobierno para incidir en los determinantes sociales de la salud, en el entendido de que hay padecimientos que no tienen origen o como causa principal a agentes patógenos, sino a condiciones socio ambientales, como ocurre en los casos del sobre peso, la obesidad y los padecimientos que se les asocian, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.
El segundo es tener la capacidad de detección temprana de enfermedades, lo cual requiere de estrategias preventivas integrales para garantizar prevenir aquellas en las que es posible hacerlo, e incluso evitarlas, como es el caso de las enfermedades asociadas a vacunación o administración temprana de fármacos.
El tercero es ser capaz de intervenir adecuadamente en el tratamiento de las enfermedades ya que se han manifestado, lo cual debe incluir hasta el acompañamiento en los cuidados paliativos en el caso de las enfermedades crónicas y terminales, o incluso procedimientos de muerte asistida o de eutanasia en condiciones de dignidad y apegándose a los más altos estándares bioéticos.
En México, en ninguno de esos rubros se ha trabajado de manera apropiada; y esto es una cuestión que viene de décadas atrás; pero lo más preocupante es que todo lo que se venía haciendo mal se radicalizó; y ahora no sólo tenemos un sistema de muy mala calidad y deficiente, sino a todas luces desordenado y por momentos, como en las fases más terribles de la pandemia, caótico.
Hay otras cuestiones en las que no se logró mejorar: sobre todo la creación de plazas laborales en condiciones dignas para las y los médicos generales y especialistas, no solo que hacen falta, sino que urge incorporar; y todo porque no se cuenta con un proceso adecuado de planeación y presupuestación que le dé prioridad a esta agenda, más allá de los esfuerzos -fallidos todos- de avanzar, llegando al caso patético de la contratación de personal médico de otros países.
En infraestructura continuamos teniendo severas deficiencias. Y se sigue arrastrando una enorme carencia, heredada de los nefastos gobiernos del pasado; pero ante lo cual, en la presente administración, la marca de la casa ha sido fundamentalmente la incapacidad de imaginar y diseñar una nueva generación de políticas, programas y acciones en la materia.
Cuando, siendo candidato, el actual titular del Ejecutivo Federal prometió construir un sistema de salud “similar al de Dinamarca”, la frase se tomó a broma; lo paradójico del asunto es que efectivamente, la propuesta quedó en solo un chiste de mal gusto que sirvió para convencer a millones de que la suya era la mejor opción de gobierno.
La cuestión seria acá es que, a prácticamente cuatro años de haber obtenido el aplastante triunfo electoral que se dio en julio de 2018, ante una oposición con sendos candidatos de risa (Ricardo Anaya y José Antonio Meade), el presidente de la República haya dicho una vez más que “espera que, más o menos en un año más, tendremos un sistema de salud de calidad”. Es decir, si bien nos va, esto ocurriría a mediados de 2023.
Pero eso no va a pasar. Porque el modelo que se ha propuesto es una calamidad; porque los funcionarios que el presidente nombró para encabezar la implementación de esta tarea son una runfla de incompetentes e indolentes.
Si lo que se hizo en administraciones pasadas era condenable por la corrupción y sus efectos criminales en la calidad de vida de las personas; lo que está ocurriendo ahora es igualmente nefasto, por necedad y por la perversidad de haber lucrado política y electoralmente con la enfermedad y muerte de millones de personas en la pandemia.
El reclamo político y ético que debe plantearse ante el gobierno federal debe llevarse a cabo con la seriedad debida; y debe evitarse a toda costa que se utilice para el burdo golpeteo político. Porque lo urgente es generar los urgentes consensos que nos hacen falta para evitar que mueran, los millones de personas que definitivamente, por las capacidades y recursos que tenemos, no deben morir.
