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* El pasado 20 de septiembre, la contraloría estatal interpuso una denuncia ante la PGJEH contra ex funcionarios municipales de San Felipe Orizatlán y uno en funciones de Zapotlán de Juárez, lo mismo que de un empresario coludido en corrupción. Las indagaciones realizadas con lupa por la contraloría estatal y la Procuraduría, han exhibido tanto a funcionarios municipales como empresarios que hicieron y cobraron por obras de mala calidad; el brazo de la justicia ahora sí será parejo con todos los involucrados
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Para quienes la corrupción era un ejercicio patrimonialista, hoy comienza su pesadilla ante la minuciosa revisión de sus cuestionables administraciones municipales, aderezadas con un tufo pestilente de corrupción.
La herencia maldita que dejaron a los actuales alcaldes comienza a hacer eco en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
En tiempos pasados, los ex munícipes eran reyezuelos de tres años, ungidos ritualmente como ocupantes de un trono, pero no como verdaderos representantes de un pueblo que los llevó al poder. La corrupción rampante que, ante la experiencia reciente, carcomió desde el poder político el combate a la pobreza, todo indica que será castigada.
El pasado 20 de septiembre, la contraloría estatal interpuso una denuncia ante la PGJEH contra exfuncionarios municipales y un empresario. Las indagaciones realizadas con lupa por parte de la contraloría estatal y la PGJEH han descubierto que no solo los que fueron flamantes funcionarios municipales ya se encuentran bajo investigación, sino que también serán requeridos por la justicia estatal aquellos empresarios que se prestaron a la simulación de obras o que fueron hechas con los pies.
La miopía que existía en administraciones pasadas ha dejado de existir en este nuevo gobierno, pues el combate a la corrupción comienza a dar visos de que va en serio esa batalla. Como se mencionó el pasado 20 de septiembre, la contraloría denunció ante la PGJEH a la exalcaldesa priísta de San Felipe Orizatlán, Erika Saab, por hechos posiblemente constitutivos de delito.
Pero llama la atención que el oficio girado a la PGJEH, que este columnista tiene en sus manos, denunció no solo a la exalcaldesa Saab, sino también a Juan Fernando Lara Balderas, exdirector de obras públicas municipales, así mismo a María Isabel Espinoza Rodríguez, quien fungía como tesorera, y al hoy tesorero del municipio de Zapotlán de Juárez y ex contralor de ese municipio, Gustavo Hernández Godoy, quien presumía ser un cercano colaborador del prófugo excontralor, de la pasada administración estatal .
Pero a esta denuncia se suma el nombre de un empresario contratista, el empresario Norberto Rivera Cervantes. Todo esto nos habla de que en pasadas administraciones municipales existió una terrible crisis de honorabilidad y de la monstruosa ineptitud y corrupción con que se manejaban las arcas municipales, sin ningún pudor.
Hoy, la justicia deberá responder a cabalidad y objetivamente y, subrayémoslo, fría y sin pasión partidista, para procesar a todo aquel funcionario y empresario que hayan caído en los tentáculos de la corrupción, esa que fue posible con el concurso de la complicidad de las élites locales.
Las componendas del pasado comienzan a temblar y a derrumbarse.