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“No hay que buscar los parecidos, sino las semejanzas”: Saul Steinberg
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Por Lilia Arellano
Ciudad de México, 18 de octubre de 2021.- En los hechos, pero sobre todo en los resultados, pocas diferencias hay entre la presunta autónoma Fiscalía General de la República, en manos de Alejandro Gertz Manero, y la antigua y vilipendiada Procuraduría General de la República, operadora en sexenios pasados u totalmente puesta al servicio del presidente En cuanto al combate a la corrupción, a la impunidad y a la creciente ola de violencia, los resultados son prácticamente nulos. Solo ha contribuido a la magnificación de los escándalos implicando a funcionarios de administraciones federales pasadas. En los casos de corrupción encontrados en esta administración se guarda silecio cómplice. Así, el escándalo suple a la eficiencia y a la aplicación estricta del derecho. En el caso de corrupción de Odebrecht, ahora la FGR sigue la misma ruta y busca imputar el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto –con quien AMLO mantiene un pacto de impunidad-, así como a 16 actores políticos más como Luis Videgaray y Ricardo Anaya, entre otros, denunciados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Los actores mediáticos , está clarísimo, salen cuando es necesario.
La investigación y el proceso del caso de corrupción de Odebrecht ha resultado frustrante no sólo para el régimen actual sino para toda la ciudadanía al ser Emilio Lozoya un corrupto confenso quien se da la gran vida a pesar de las denuncias en su contra gracias a la protección de la cual goza inexplicablemente. Después de un año de indagatorias, hasta el momento el Ministerio Público de la Federación sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, tal como lo hizo con Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, el ex director de Pemex, Carlos Treviño, y el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, únicos imputados a la fecha por las denuncias derivadas de las delaciones de Lozoya Austin. De este trío, como se recordará, solamente el campechano permanece preso, aún y cuando se presentó de manera voluntaria sólo para declarar.
El tiempo se le va agotando al fiscal Alejandro Gertz Manero, y presionado desde Palacio Nacional y por la opinión pública recurre ahora a uno de los delitos más graves, delincuencia organizada, el cual implica cárcel forzosa y una pena de hasta 60 años de prisión. De acuerdo a la información recabada, el pasado 2 de septiembre, la Unidad de Investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo en el remitiendo a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya realizada en agosto del año pasado. “Esta Representación Social de la Federación considera que los hechos investigados podrían constituir algunos de los delitos de delincuencia organizada competencias de esa Fiscalía Especializada”. Prácticamente de inmediato, un día después, la dependencia a cargo de Alfredo Higuera Bernal, integró dicha carpeta de investigación a través del oficio UIL-B-CGI-175/2021.
En esos documentos se señala en particular al ex presidente Enrique Peña Nieto –con quien el actual régimen mantiene un pacto de impunidad, por lo tanto no se esperan grandes avances en esa senda jurídica- y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, contra quien ya intentaron obtener una orden de aprehensión el año pasado, pero un juez federal rechazó concederla. También están los nombres del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como los ex senadores Ernesto Cordero Arroyo, David Penchyna Grub “y otros”. Según el MPF, el ex presidente y Videgaray “obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos” a través del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Según la FGR, los recursos obtenidos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar la campaña electoral del entonces candidato del PRI para los comicios presidenciales del año 2012, así como para entregar sobornos a legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado, con la finalidad de que éstos emitieran su voto a favor de la reforma Constitucional en materia Energética y Leyes Secundarias, para así poder entregar el petróleo mexicano y los recursos de la nación a empresas y a intereses extranjeros, principalmente a la empresa brasileña Odbrecht, así como otorgar contratos a favor de dicha empresa a través de Petróleos Mexicanos. “Todas esas conductas se realizaban bajo las instrucciones giradas, tanto por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y eran operadas al interior de la paraestatal Petróleos Mexicanos, valiéndose del personal: Emilio Lozoya Austin, director general, su secretario particular Rodrigo Arteaga Santoyo, el coordinador administrativo, Francisco Olascoaga Rodríguez, entre otros.
Pero ahora Gertz Manero y su personal deben demostrar esos señalamientos y acusaciones, a fin de poder proceder contra los acusados. Tal como lo señala Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. la impunidad sigue siendo el gran problema del país y si no se combate la corrupción política seguirán existiendo funcionarios y empresarios privados enriqueciéndose manejando factureras, empresas fachadas, cárteles y grupos delictivos protegidos desde el poder. Nieto Castillo declaró en un foro organizado por el diario El Universal, en donde aseguró hay grupos con vínculos políticos y empresariales que son parte de la corrupción, como ocurrió con el abogado Juan Collado y sus lazos con el PRI. “Mientras no llevemos a los responsables a los tribunales, los modus operandi de las organizaciones delincuenciales van a seguir funcionando… Finalmente, a estos grupos se les tiene que atacar por varios flancos, primero hay que acabar con el sicariato, pero si no se combate a la corrupción política, que es la que protege a las empresas, a factureras, a cárteles, no se va a llegar a ningún lugar”.
AMDA ACUDIRÁ A TRIBUNALES POR LEGALIZACIÓN DE AUTOS “CHOCOLATE”
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) acusó la legalización de autos denominados “chocolates” decretada por el presidente López Obrador sólo premia a “mafias criminales”, por lo cual no descartó la posibilidad de recurrir a amparos ante el Poder Judicial de la Federación contra esa decisión de regularizar vehículos ilegales y usados de procedencia estadounidense y canadiense. La agrupación reportó en julio y agosto pasados la importación de vehículos usados creció 69.8 y 84.9% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades, respectivamente; mientras, la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve. Los empresarios que comercializan y producen vehículos en México advirtieron la regularización vía decreto de un parque vehicular de más de 1.5 millones de unidades usadas provocará menores ventas de modelos nuevos, menor recaudación fiscal y reducción en el valor de reventa de los autos usados nacionales. Tras la firma, en Ensenada Baja California, de este decreto para regularizar vehículos “chocolates”, la AMDA anunció iniciará acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación. Señaló esperan la publicación de los lineamientos del decreto de regularización, que, subrayan, formaliza la corrupción.
La AMDA reprochó sea con ese decreto con el cual se concretó la legalización del contrabando automotriz por parte del mandatario, en acto protocolario, donde estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico para dar cauce a la regularización. Por ello, solicitó eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales, así como refundar el Registro Público Vehicular (REPUVE), a través de la aprobación de una Ley General otorgándole facultades para ordenar el registro vehicular, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y vertebrar los procedimientos de control vehicular federal y locales. Los distribuidores de automotores destacaron es urgente plasmar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2022 una partida suficiente para equipar el REPUVE y ampliar su capacidad de atención. En tanto, sin hacer mención ni alusión a la molestia de la industria automotriz sobre la acción gubernamental para regularizar autos ilegales, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se comprometió a: “la Secretaría de Economía se mantendrá como aliado permanente para que las inversiones de las más de 1,600 empresas de los distribuidores sigan encontrando certidumbre para la permanencia y el crecimiento en el mercado”.
DE LOS PASILLOS
Graciela Machuca, excelente analista y columnista política de Quintana Roo, de nueva cuenta se convirtió en la voz de miles de quintanarroenses. Al hablar de la inseguridad reinante en el municipio Benito Juárez, Cancún, puso énfasis en el primer lugar que ocupan en secuestros a nivel nacional, señalando “al llamado Mando Único Policial de Quintana Roo, poco le importa que el nivel de violencia se siga incrementando en la entidad, mucho menos a la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, quien su único objetivo es la candidatura al gobierno del estado, mientras que la seguridad de la población del municipio que dice gobernar, así como de los miles de visitantes que llegan todos los días al centro turístico de Cancún, nunca le han importado, sólo los ha utilizado como un trampolín político, lo que ya tuvo repercusiones en el ánimo del electorado que afectó la cifras de Morena, pues solo en tres años de una elección municipal a otra perdió cien mil votos, resultados que hasta el momento no ha sabido explicar a la militancia y dirigencia de Morena, partido político que fundó el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y quien al final de cuentas decidirá a quien le da la tarea de contender por la gubernatura de Quintana Roo”… Semejantes verdades tuvieron repercusión inmediata en la ambiciosa alcaldesa quien aprovechó el foro de la XXXIII edición del Cancún Travel Mart, México Summit 2021para desmarcarse y señalar hablará “en los tiempos” de la gubernatura de Quintana Roo porque “hoy estoy trabajando por Benito Juárez”. La reculada vino acompañada de semejante mentira porque al parecer no se ha dado cuenta de estar debidamente publicitadas sus giras por el interior del estado, tiempo en el cual deja al garete al municipio, olvida su responsabilidad y de paso busca el voto popular, no la simpatía de los militantes de Morena quienes claramente la ubican como Verde. Es así está incurriendo en actos anticipados de campaña. Y ¿los gastos de los recorridos, quien los paga? ¿Y los salarios de escoltas y acompañantes quien los cubre? Vaya manera de intentar ganar la voluntad popular.
El presidente López Obrador encabezó en Bacalán, Chiapas, la presentación del programa Sembrando Vida a John Kerry, enviado especial presidencial de Estados Unidos para el tema climático. El mandatario destacó el interés existente por parte del gobierno estadounidense en este programa, a fin de replicarlo en El Salvador, Guatemala y Honduras, para atender así la crisis migratoria…
No será nada sencillo sacar el paquete económico relacionado con los Ingresos. Lo de no aumentar impuestos queda en otra mentira, los gravámenes propuestos no incrementarán sustancialmente la recaudación y sí están generando un nudo gordiano en el cual ya se incluye a los jóvenes estudiantes mayores de 18 años. Su registro a la mayoría de edad está planteado en otros países en donde el dinero producto de los impuestos ciudadanos se maneja limpiamente, encuentran apoyo en salud, educación, infraestructura, se atiende la cultura, se cuenta con seguros de desempleo, en el nuestro hasta un movimiento como el del registro de autos “chocolate” debe designarse para bachear, acción primitiva y obligatoria para los municipios… Alfonso Durazo, como mandamás en seguridad , pidió en al menos cuatro ocasiones tiempo para entregar resultados. Ahora hace lo mismo en Sonora, pero es López Obrador quien, en su nombre, pide le den tiempo para la entrega de resultados en materia de seguridad… Mal estamos cuando el tabasqueño refiere no haber metido mano en la liberación del ex gobernador sonorense Guillermo Padrés ni en ningún otro caso ¿y la liberación de Ovidio Guzmán? ¿Y las exoneraciones mañaneras?
