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FIESTA DEL TÍO LOLO

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Por Samuel Cantón Zetina / @SamuelCanton

Dentro de las restricciones que impone la pandemia, Carlos Joaquín González hizo un fiestón por el 47 aniversario de Quintana Roo estado (ha sido, al mismo tiempo, el saqueo sin fin de sus pródigos recursos; dos exgobernadores fueron encarcelados, uno -Villanueva Madrid- por vínculos con el crimen organizado, y el otro -Borge- por atracar al erario).

Eventos conmemorativos, sesiones solemnes, emotivos discursos -a los jóvenes pidió cerrar espacios para que “refloten” viejos modelos arcaicos-, ¡todo muy bonito!

Lo que no va del todo bien, sin embargo, es el optimismo y hasta triunfalismo del gobernador.

Expresó, por ejemplo: “Hoy podemos decir que estamos nuevamente de pie”.

O que “hoy tenemos evaluaciones aprobatorias; los mejores índices de calidad nacional”.

¿Es verdad?

Vayamos a un solo caso: Seguridad Pública, cuya ausencia aparece en las encuestas como la principal preocupación de los quintanarroenses.

Joaquín ha dicho que está “satisfecho”, aunque sí reconoce que falta.

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¡Vaya que si falta!

En repetidas ocasiones ha asegurado que la incidencia delictiva ha bajado -en Playa del Carmen se “disparó” un tiempo ¡al 200%!-, pero solo él lo ve.

A fines de septiembre, el fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales pregonó en C-5 “importantes avances en procuración de justicia”, reducción de incidencia delictiva, conforme -según él- a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y se fue a lo hondo: Quintana Roo tuvo eficiencia de 80% en feminicidio de enero a agosto, “resultado -presumió- superior a la media nacional”.

El gobernador interpreta que la recuperación del turismo, y de la actividad productiva, se debe a su sabiduría y a su magistral conducción.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, partido de Carlos aunque entregó el estado a MORENA (8 de 11 municipios), dijo estar “satisfecho” con el sepulturero de su clan familiar, aunque -por supuesto- no con los resultados electorales.

Rechazó que las derrotas hayan sido por mala administración.

 “El gobierno ha tenido un buen desempeño, y el gobernador está bien evaluado”.

Atribuyó -risible- el fracaso a “una falta de cohesión local”, así como a la actual circunstancia nacional de fortaleza de MORENA.

Bueno… no en todos lados esa “fortaleza” trituró al PRIAN.

Pero… ¿cuál es la realidad de la violencia?

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI -por la pandemia, fue realizada en dos tramos: del 17 al 31 de marzo, y del 27 de julio al 4 de septiembre- reveló que el 29.2% de los hogares tuvo, al menos, una víctima de delito en 2020 (28.4% nacional).

Es decir, 164 mil 290 familias de 563 mil 322.

¿Se vale que Carlos Joaquín se jacte orondo de que está “satisfecho”?

La tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes fue de 24,485 (media nacional 23.520).

Están contemplados robo vehículo, en casa, asalto en calle o transporte, carterismo, allanamiento, abigeato, fraude, extorsión, amenazas, lesiones, secuestros y delitos sexuales.

¿Algún familiar del gobernador ha sido víctima de alguno de ellos?

ENVIPE estimó el costo total por inseguridad y delito en hogares en Quintana Roo en $7 mil 354.3 millones (nacional, $277 mil millones, 1.8% del PIB).

En 2020, únicamente 11% de los ilícitos fueron denunciados (11.8% en 2019).

94.8% no se reportaron a la autoridad (nacional, 93.3%).

Y en denunciados, o como resultado de carpeta de investigación, en 48.4% de los casos “no pasó nada o no se continuó con la investigación”.

¿Es como para echar las campanas al aire?

¿Razones en el estado para no denunciar?

“Pérdida de tiempo, desconfianza en autoridad, miedo a ser extorsionado por los propios servidores, actitud hostil de autoridades (mal trato) y miedo al agresor.

El 66.9% de adultos consideró a la inseguridad como el problema más importante, seguido de desempleo (47.7%), salud (30.5%), corrupción, narco, falta de castigo a delincuentes (impunidad), aumento de precios, pobreza, educación, escasez de agua, desastres naturales.

A nivel nacional, la inseguridad es 58.9%.

Las instancias a las que más desconfianza le tiene la gente son, en ese orden, policía de tránsito, municipal, estatal y ministerial o judicial.

Carlos dice que ha invertido $2 mil 500 millones en cámaras de videovigilancia, C5, una base de la policía militar, reestructuración de la policía estatal y en la creación de 100 nuevos ministerios públicos para la Fiscalía.

¿Los resultados corresponden al gasto?

En la fiesta de aniversario de Quintana Roo, el gobernador expuso además que “buscamos acabar con la impunidad para gobernar con transparencia…”

No obstante, la vida lo contradice y exhibe.

Para no ir tan lejos, en el rubro -salvaje, infame- del despojo de tierras.

No solamente fue acusado ante el presidente López Obrador de solapar al cuñado, José María Rejón de la Guerra -casado con la hermana-, en el robo de 37 hectáreas de Akumal a un anciano discapacitado maya.

Rejón contó con la complicidad del fiscal Oscar Montes de Oca Rosales y de jueces.

Bien, ahora resultó que su coordinador de Gabinete, Juan Carlos Pereyra, fue también denunciado -por una mujer de la tercera edad- de apoderarse ilegalmente de un terreno en Playa del Carmen.

Hace ocho años, Pereyra ofreció ayudar a María Luisa Loria, de 83 años, a regularizar el terreno. Para ese fin, le entregó los documentos.

En lugar de “ayudar”, el funcionario de Carlos logró que un cómplice le diera posesión del rancho “El Caracol”.

La legítima propietaria reclamó, y Pereyra ofreció pagar cualquier cosa en mensualidades de 10 mil pesos.

Al no haber acuerdo, y para afianzarse como dueño, el coordinador “avisó” a las autoridades agrarias que los propietarios habían muerto.

El predio sigue en disputa, pero la joyita de Joaquín cobra por la instalación de espectaculares publicitarios (“El Caracol” está a pie de carretera).

Los señalamientos contra el “honesto” colaborador del mandatario satisfecho no son nuevos.

Cuando fue secretario general en el municipio de Solidaridad, su propia tía lo demandó por fraude: nunca le entregó un terreno que le vendió.

Posteriormente, como diputado local, estuvo involucrado en un esquema de desvío de recursos mediante la simulación de entrega de apoyos de programas sociales.

No paran ahí los expedientes de despojos que en el periodo de Carlos Joaquín han transitado con absoluta impunidad.

Un expediente más “balconeado” a nivel nacional es el del empresario Miguel Mosqueda Saldívar, quien decidió participar en un desarrollo inmobiliario en Playa del Carmen.

Para el proyecto, acordó la compra de un terreno a plazos con Jorge Julián Pereyra Escudero, titular de la Notaría Pública 93 con sede en Benito Juárez.

Debido a la pandemia de covid-19, se retrasó en el segundo pago, y las amenazas comenzaron.

El 10 de mayo recibió una llamada de Juan Carlos Pereyra Escudero, hermano de Jorge Julián.

“Me dijo que él era el propietario, y que Julián únicamente era un prestanombres”, contó.

El empresario neoleonés estuvo dispuesto a pagar los intereses por el retraso, y ya con cheque listo, se lo hizo saber a Pereyra.

El coordinador de Gabinete del gobierno del estado tiene una empresa que se dedica a la gestoría de trámites y permisos.

Mosqueda decidió no contratarla.

En represalia, el funcionario aumentó 10 millones de pesos a la deuda. “Nunca me había tocado que me extorsionaran de esta manera”, lamentó.

Las presiones aumentaron, y en junio, a pie de carretera en Playa del Carmen, apareció un espectacular con la imagen de Mosqueda y la leyenda “Defraudador, ¡cuidado””.

Juan Carlos Pereyra lo negó, y -digno- pidió que no se le involucre.

Por otra parte, en una reciente publicación en redes del exdirector editorial del periódico El Universal, Roberto Rock, a propósito de “la protección que otorgaron políticos y funcionarios de alto nivel a la que ahora conocemos como una escandalosa red de empresas factureras y de outsourcing, en la que figuran Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, se puede leer:

“Un solo integrante secundario de ese grupo, Juan Vergara Fernández, encarna una historia de cómo varios gobernadores y autoridades federales pavimentaron su camino en la construcción de uno de los feudos de ese imperio ilegal.

Vergara, de origen poblano, desarrolló por años en Cancún, a la vista de todos, un imperio con al menos 17 empresas irregulares (entre cuyos socios figuraron tempranamente los Álvarez Puga), con las que ayudaba a hoteleros, comerciantes y alcaldes corruptos de la región a burlar impuestos y ocultar fortunas personales. Luego incursionó como alto funcionario estatal, compró ¡32! permisos federales para establecer medios de comunicación, y su poder siguió creciendo.

Hacia finales de 2017, bajo el gobierno Peña Nieto, su suerte pareció languidecer porque estuvo al centro de una investigación de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda acusado de lavado de dinero; fue detenido en febrero de 2018, pero el halo protector del que disfrutaba le permitió ser excarcelado un par de días después, por lo que no tardó en retomar sus actividades durante los casi tres años del gobierno López Obrador.

Los nexos de Vergara con Álvarez Puga ponen nuevamente bajo cuestionamiento al mandatario aliancista de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que sostuvo al primero durante 17 meses como secretario de Finanzas de su administración (2016-2018), para luego impulsarlo como candidato a diputado federal por la coalición PRD-PAN-MC cuando ya era investigado por PGR y Hacienda.

Existen indicios de la relación entre ambos desde que el ahora gobernador Joaquín, quien dejará su puesto el próximo año, se desempeñó como alcalde del municipio de Solidaridad (que incluye la ciudad de Playa del Carmen), entre 2005 y 2008. Luego sería diputado federal, ambos cargos por el PRI, partido con el que rompió en 2016 para postularse y ganar la gubernatura bajo las siglas de PAN y PRD. En septiembre de ese 2016, al arrancar su gestión, incluyó en su gabinete a Vergara, pese a que éste había hecho negocios con su antecesor y rival político Roberto Borge”.

Maravillas de lo que sucede en el feudo que ya “se puso de pie”, de “las evaluaciones aprobatorias” y “los mejores índices de calidad”.

¡Vergüenza que no tienen!

DIPUTADOS SERVILES, MUNICIPIOS EN RUINA

En todo el país, los diputados dejan mucho qué desear, pero los de Quintana Roo acaban de hacer algo que los metió al “top five”: proponer que el siguiente periodo de gobernador sea de… ¡8 años!

Semejante chifladura, presentada por el priista Carlos Hernández Blanco, tendría como finalidad lograr la homologación de las elecciones con las federales.

Para eso, después tendría que venir un minigobierno de ¡2 años!

Lo peor es que en comisiones, fue aprobado por MORENA y sus aliados PT y PVEM.

Sí: como si el presidente de EEUU cumpliera su gestión de 4 años, y repitiera otro tanto.

¡Belleza de barbaridad!

Por suerte, no prosperó.

Lo que en realidad deberían de estar haciendo los flamantes representantes populares es revisar junto con los alcaldes salientes las condiciones en que los salientes dejaron los ayuntamientos.

Porque el trienio pasado fue también un botín en los municipios.

El 2020, ¡obvio!, ha sido el tradicional Año de Hidalgo.

Y éstos quedaron sin patrullas -Solidaridad-, sin camiones recolectores de basura, con las arcas vacías, oficinas en ruinas y desvalijadas (no dejaron ni las escobas), deudas millonarias, obras inconclusas y de pésima calidad, y con los compromisos económicos de fin de año encima.

No tienen tiempo para sacar adelante con recaudaciones propias.

El poco dinero que pudieron encontrar está “etiquetado”.

El gobernador ya advirtió que “no rescatará” a ninguno. No obstante, Carlos Joaquín tendrá que adelantarles recursos para el pago de aguinaldos.

Los presidentes municipales en funciones están en la obligación de ordenar auditorías, documentar el calamitoso estado en que encontraron los palacios, para dar aviso a las contralorías, órganos de fiscalización del estado, y -en su caso- a las autoridades judiciales.

Antes de que se venza el plazo legal para reportar las irregularidades.

Ahí saldrán a relucir los faltantes de fondos, los cementerios de chatarra en que se convirtieron los parques vehiculares, y cientos de anomalías más.

En Othón P. Blanco, la nueva alcaldesa Yensunni Martínez Hernández halló nómina al doble y “aviadores” más que en el aeropuerto de Cancún.

Tendrá que lidiar con un ayuntamiento endeudado por las anteriores administraciones.

Una de sus primeras decisiones será si comprar o arrendar camiones recolectores de basura.

En Felipe Carrillo Puerto, mientras, Mary Hernández Solís denunció que purgó de nómina a 500 “aviadores”.

Muchos de ellos cobraban $15 mil al mes.

“Eran un cáncer…”, señaló.

¿No tiene responsabilidad legal el exedil José Esquivel Vargas?

El municipio recibe $13 millones mensuales de participaciones, y Esquivel tenía nómina de $16 millones.

De ese tamaño el mal manejo.

Antes incluso de que el gobernador Carlos Joaquín González le metiera más de mil millones de pesos, Quintana Roo -al 31 de diciembre pasado- era una de las 5 entidades más endeudadas per cápita.

Iban Nuevo León ($15 mil 192.0); Quintana Roo ($13 mil 735.5); Chihuahua ($13 mil 360.7); Coahuila ($11 mil 971.7) y CDMX ($9 mil 728.4).

MONREAL, GALLINA DE CUARTA

Marybel Villegas presentó ayer su tercer informe legislativo en Chetumal, y uno de los invitados -además del líder nacional partidista Mario Delgado- fue el coordinador de los senadores de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal.

No hubo, por parte del zacatecano, un respaldo decidido para Marybel.

Se salió por la fácil.

Deseó reglas claras y “piso parejo”, para evitar rupturas, e insistió (porque a él le conviene) en la elección primaria incluso en vez de la encuesta.

Tampoco la encuesta “espejo” le pareció suficiente.

Mencionó a cuatro prospectos: Villegas, Mara Lezama, Rafael Marín (autodescartado) y el también senador José Luis Pech, al que sin embargo descartó al decir que el próximo abanderado “tiene aroma de mujer”

No sabía que Gastón Alegre desplazó al hijo y se incluyó el fin de semana.

Según Monreal, la contienda interna será más difícil que la externa: no ve “amenaza” en otros partidos.

Del apoyo a Marybel, lo más cercano fue lo del perfume.

Salomónico, no quiso decir que es su candidata.

Apenas que cree que ganará “a la buena” la postulación.

Y les deseo éxitos a todos.

“No me meteré en las patas de los caballos”, aseguró.

Días atrás, igualmente en la capital, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, puntualizó que Villegas no es una opción para el blanquiazul mientras siga siendo senadora de MORENA.

No obstante, expresó que su partido no está cerrado a candidaturas ciudadanas o externas, aunque -aseveró- “primero revisará perfiles de casa”. Marybel ha admitido acercamientos con algunas organizaciones, incluso que ha recibido ofertas, aunque no ha dicho cuales…

PRI: VOTO DEL MUERTO

Se equivocan los que dicen que la sobrevivencia del PRI depende de la decisión de aprobar o no la Reforma Eléctrica de AMLO.

El tricolor es un cadáver insepulto, y no por causa nueva.

Murió desde que fue una y otra vez machacado en las urnas, y no fue capaz -en años- de levantarse y recuperarse.

De hecho, desde que confió a Alejandro Moreno la labor vital de reinventarse.

A él, bocón y sin categoría política, a quien AMLO, en campaña, calificó de “gran corrupto y reverendo ladrón” siendo virreyzuelo de Campeche.

Ahora que López Obrador lo colocó en jaque mate diciendo que los priistas deben elegir entre Salinas, o Cárdenas y López Mateos (nacionalizaron el petróleo y la electricidad); el pueblo o los empresarios, “Alito” sufre y se tambalea, incompetente y sin autoridad moral para responder al presidente y fijar una posición digna sólida.

“Es una oportunidad histórica de definición para el PRI”, emplazó el oriundo de Tepetitán, Macuspana.

Alejandro está lejos de la estatura requerida para enfrentar un liderazgo poderoso como el de Obrador.

Siendo claramente así, el fin del PRI es inminente.

Y es que si sufraga a favor de la reforma que elimina órganos reguladores, da a privados hasta 46% de la generación, entrega el litio a la Nación y fortalece a CFE, quedará como “entreguista” a la 4T, y casi en automático romperá la coalición Va por México con PAN y PRD, lo que en 2022 pondría a esos partidos, por separado, en total indefensión ante MORENA.

Pero tampoco “Alito” tiene con qué justificar un voto en contra, en cuyo caso su partido sería visto como desleal a México.

Carece de presencia y fuerza para defender cualquier decisión.

De todas formas, AMLO advirtió: si se produce la traición a la patria, se negarán las concesiones de litio, y su explotación será facultad exclusiva del Estado.

Contando los de sus aliados, MORENA está a 11 votos de alcanzar las dos terceras partes para sacar la reforma constitucional.

¡RIP el PRI!

Y DE MAÑANA…

DE LO más raro resulta el “destape” del magnate radiofónico Gastón Alegre como aspirante a la candidatura de MORENA a gobernador, de anteayer en redes, porque se creyó que quien competía era el hijo, Luis, ex diputado federal y representante de AMLO ante el Tren Maya. ¿Fue broma? (no fue el Día de los Inocentes) ¿Padre e hijo son precandidatos? Según el portal Noticaribe, Gastón -amigo desde hace mucho tiempo del presidente- cuenta con 88 años de edad y levantó la mano para el mismo cargo en 1999 (hace 21 años) perdiendo contra Joaquín Hendricks. De ser cierta su nominación, vendría a ser uno de los suspirantes a virrey más viejos en la historia de México. A Ruiz Cortines (Adolfo el Viejo) le echaron en cara la edad con que llegó a Palacio Nacional, pero únicamente tenía 63 años. De allí su célebre frase: “Me eligieron para presidente, no para semental…” ¿O se trata de una estrategia de los Alegre surgida a raíz de las nulas posibilidades de Luis? Algo como esto: Gastón piensa que por su antiguo vínculo con AMLO, tiene en MORENA mucho más probabilidades de obtener la nominación que el vástago, en el entendido de que “cualquier” guinda ganará en Quintana Roo. Solo necesita ser postulado. Y ya si la salud se lo permite, y es gobernador, el que realmente tomaría las riendas, tras bambalinas, sería Luis. Parecido al Juanito de Iztapalapa o a los Salgado de Guerrero…***AUNQUE EL Colegio de Notarios rechazó también en Hidalgo que los fedatarios estén coludidos con “factureras”, o incurran en conductas indebidas, en Tabasco y Quintana Roo también son señalados de ser cómplices de delitos. En el caso del último, cabe recordar que la UIF involucró desde febrero a varios de esos profesionistas, a los que incluso canceló cuentas, en el multimillonario fraude a cuentahabientes y bancos de la mafia rumana de clonadores de tarjetas. Y en la tierra y agua del presidente, son involucrados igualmente por el SAT con empresas fantasmas. Calladitos no se ven más bonitos, pero es mejor…***BIEN HARÍA Lili Campos en pausar las acusaciones contra Laura Beristáin, y pasar a las denuncias formales, no sea que a la mera hora salga puque. Lo más reciente que dijo es que “la Quinta Avenida (su remodelación) fue el monumento a la corrupción en la pasada administración, millones de pesos mal gastados, y que -al día de hoy- luce en malas condiciones y deplorable”. ¡Manos a la obra!…

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