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* Citlali Jaramillo Ramírez, Secretaria de la Contraloría, dio la bienvenida a titulares y representantes de Órganos de Control Interno de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca
Por Karla Ortigoza Ruíz
Especial de Expediente Ultra
En representación del Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y en su carácter de Coordinadora de la Región Centro-Golfo-Istmo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación(CPCE-F), Citlali Jaramillo Ramírez, Secretaria de la Contraloría, dio la bienvenida a titulares y representantes de Órganos de Control Interno de los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, así como a la titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y Asesora Técnica Nacional de la CPCE-F, Ana Laura Arratia Pineda y Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora y Coordinador Nacional de la CPCE-F.
Durante esta primera reunión se trataron temas referentes al Fortalecimiento en Materia de Gobierno Abierto, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, la Ventanilla Única para los Tramites y Servicios del Gobierno, Implementación de Acciones de Transparencia con la Participación de la Sociedad Civil, la Formación de Servidores Públicos en Contraloría Social, Promoción y Difusión en Materia de Contraloría Social y la Promoción y difusión de los Mecanismos Alternos de Participación Ciudadana.
En lo que concierne a Hidalgo en voz de la Secretaria Citlali Jaramillo, se trató el tema de Promoción y Difusión en Materia de Contraloría Social, en lo que respecta a la promoción y difusión de la décima octava edición de la revista electrónica AtiKuali titulada “La participación de la Mujer en el Combate a la Corrupción” y la promoción de las prácticas de Contraloría Social a través de la plataforma colaborativa y en redes sociales.
En su intervención el Coordinador Nacional de la CPCE-F, Miguel Ángel Murillo Aispuro subrayo la importancia del papel de las Contralorías estatales en el combate a la corrupción, así como en los temas de trasparencia y rendición de cuentas.
“Como coordinadores de una de las vertientes fundamentales para combatir el mayor mal de la sociedad mexicana que es la corrupción, tenemos un enorme compromiso y esto que parece una gran dificultad, es una oportunidad que han puesto en nuestra persona los gobernadores de todos los estados”, subrayó Murillo Aispuro, quien agregó que el Ejecutivo que no entienda la importancia de las contralorías, está fuera de la responsabilidad histórica y de comprender el valor que tiene el control interno, la trasparencia, rendición de cuentas y la importancia de los temas centrales como el gobierno abierto.
Destacó que en la actualidad los sistemas de control y normatividad implementados por la federación apuestan a mejorar la estructura jurídica con la voluntad de los servidores públicos y la conciencia de la población.
En su oportunidad, Ana Laura Arratia Pineda, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social y Asesora Técnica Nacional de la CPCE-F, reconoció el papel del Coordinador de la Comisión Permanente de Contralores e hizo énfasis en la exigencia de la nueva legislación que evoca a una suma de esfuerzos y retos, así como compromisos por cumplir con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual cabe destacar que entró en vigor el pasado mes de julio del 2016.
Arratia Pineda, refirió, que es sobre esta Ley en donde se centra el trabajo de los órganos internos de control del ejecutivo, por lo que, en el marco de esta legislación general, las Contralorías de los Estados tienen que ser un reflejo de todas las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública.
Ante esta nueva dinámica, subrayó la relevancia del papel preventivo que tienen las instancias de control interno ya que “como en los temas de salud es mejor prevenir que atender, lo mismo con nosotros, es mejor fortalecer nuestros sistemas internos, nuestros sistemas informáticos”, con el objetivo de evitar sancionar y fortalecer el papel de las Contralorías a nivel nacional.
Cabe destacar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor en el mes de julio, fecha límite para que las entidades federativas publiquen la Reforma Constitucional de sus sistemas locales anticorrupción.
