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Por Samuel Cantón Zetina/@Samuelcanton
“El pleito” del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial no se observa como fruto de su deseo de someterlo o coronarse dictador.
No es enfrentamiento, ni con todo el sistema, ni objetivamente se mira un afán de avasallar a jueces y magistrados.
Así es -interesado, politizado y personalizado- como lo presentan sus adversarios.
La verdad es que el debate por la llamada Ley Eléctrica está siendo un gran ejercicio democrático donde la división de poderes funciona según se plasmó en la Constitución del 17.
AMLO está en todo su derecho de defender iniciativas de reforma que impulsa y considera benéficas, y también los jueces, de estar en desacuerdo con él y sus propuestas.
Para eso son los equilibrios. Para que los poderes se acoten mutuamente.
¿Cuál es el problema?
Sucede que el Poder Judicial venía siendo parte del gran engranaje de corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN -apenas ayer, el Senado aprobó modificaciones para contener el nepotismo y la corrupción allí-, y el paisano no ha querido coludirse o hacerse “de la vista gorda” con las oscuras conductas de algunos juzgadores.
En el reparto del botín que por sexenios fue México, ese poder -libre, autónomo, independiente- se asumió como una isla sagrada de corrupción e impunidad, al margen de supervisión y de la obligación de rendir cuentas.
Hay miles de casos y de fallos que lo prueban.
Al declarar que eventualmente respetará una resolución de inconstitucionalidad, el presidente Obrador advirtió: “No puedo ser cómplice del robo y aceptar que particulares dañen a la hacienda pública y afecten la economía popular, de los más pobres…”
A raíz de amparos dados por un juez en contra de la reforma eléctrica, había pedido a la SCJN se investiguen atribuciones y trayectoria de los magistrados involucrados, y eso no tiene nada de malo, no es intromisión, ni vulnera principios o ámbitos ajenos.
No fue nada ortodoxo, aunque tomando en cuenta los cotidianos ataques en automático de sus oponentes, y en recuerdo al detestable comportamiento del aparato judicial en el pasado, AMLO hizo ver que alrededor de los amparos actúan personas, organizaciones y empresas “afines al antiguo régimen”.
Y mencionó a Claudio X. González y al ministro en retiro José Ramón Cossío, el mismo que -entre otras cosas extrañas- negó amparo a 1116 pobladores indígenas con tal de favorecer a la empresa “Energía Eólica del Sur”.
De él, el mandatario señaló que cuando formó parte de la Corte “legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
Cossío, al que también AMLO acusó de apoyar desde la SCJN causas que en su momento beneficiaron a Calderón, Peña Nieto, e incluso a Genaro García Luna, respondió a los señalamientos, pero nunca explicó por qué no apoyó proyectos que buscaban justicia para -por ejemplo- las víctimas de la Guardería ABC o del Caso Atenco.
López Obrador no está embistiendo a un poder que haya sabido regularse y gobernarse solo, o cumple siempre con su cometido de intentar e impartir justicia.
No es el caso.
Definitivamente.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, tiene que indagar y dar respuesta pública a las legítimas dudas y señalamientos del Jefe del Estado mexicano, para corregir lo que se deba, o ratificar deficiencias e inconsistencias del documento de Palacio.
Con cualquiera de las dos, sin gritos ni dramas.
Y DE MAÑANA…
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