Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 6 segundos
Por Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
Un gravísimo error procedimental de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), ha colocado a la Marina-Armada de México, una vez más, en el ojo del huracán de los abusos y violaciones graves a los derechos humanos, justo cuando el presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas les ha concedido mayor presencia, más responsabilidades, mayor peso y, muy pronto, más presupuesto.
La FGR cometió equivocaciones fatales que podrían enviar a la calle, dejar en absoluta libertad, al capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada y a los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, integrantes de un comando de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) que entre 2017 y 2018 fue desplegada en la franja fronteriza de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas con los Estados Unidos para combatir en todas las formas posibles a los cárteles del narcotráfico que operan en esa zona del país.
En agosto de 2013 estos cinco elementos detuvieron, ejecutaron y desaparecieron a Armando Humberto del Bosque Villarreal en el poblado de Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León. Armando tenía problemas recurrentes con un sujeto que siempre andaba armado y lo amenazaba. Los familiares de Armando llamaron a la policía para que interviniera, pero los uniformados, al darse cuenta de quién era el tipo, pidieron el apoyo de la Marina. El agresor resultó ser informante al servicio de los marinos.
Tres unidades de la SEMAR llegaron al sitio y en lugar de llevarse solo al agresor, que estaba armado, se los llevaron a los dos. Los marinos iban en tres camionetas pick up oficiales y además de llevarse detenido a Armando, se llevaron un vehículo Ford Mustang modelo 2000, color gris, toldo negro con placas de Texas, que también abandonaron a quinientos metros de distancia donde estaba el cuerpo de la víctima.
El jueves 3 de octubre de 2013 fueron localizados los restos de Armando Humberto en el interior del rancho Santa Cecilia, a poco más de dos kilómetros de la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina; presentaba un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza, a manera de tiro de gracia.
Se hizo la denuncia y se inició la carpeta procesal 9/2016-VIII, iniciada en el Juzgado Tercero de Distrito en Monterrey, Nuevo León. El padre de Armando, el señor Humberto del Bosque presentó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por desaparición forzada, integrándose la averiguación penal número AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/2013.
Organismos como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tuvieron conocimiento de lo ocurrido y registraron el caso con el número 09/2013, emitiendo una Carta Urgente al entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió el expediente CNDH/2/2013/5769/Q, que tres años más tarde derivó en la Recomendación 11/2016 dirigida a la SEMAR y a otras autoridades estatales, sin embargo, muchos de los puntos no fueron atendidos y los familiares y abogados de Armando acudieron a diversas instancias y siguieron caminos legales en México para lograr que se les hiciera justicia.
Las investigaciones dela CNDH, de la fiscalía estatal y de la PGR fortalecieron las hipótesis sobre la desaparición forzada y ejecución de Armando. El caso siguió su curso en tribunales y ocurrió lo que en su momento fue calificado como una “sentencia histórica” en contra de los marinos por desaparición forzada y homicidio.
A principios de marzo de 2020, luego de siete años de proceso penal, el juez Tercero de Distrito en Monterrey, Nuevo León, dictó sentencia de 22 años de prisión en contra de los cinco marinos por la desaparición y asesinato de Armando del Bosque. Hubo conferencia de prensa en la Ciudad de México para conocer los detalles del caso y se destacó el fallo histórico que abriría camino para ir solucionando y enfrentando los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares en México.
Lo ocurrido con Armando del Bosque era uno más de los abusos y violaciones graves cometidas por personal naval que aún tiene qué responder por la desaparición de al menos 27 civiles ocurrida durante el final del sexenio anterior.
Lo que parecía el desenlace de una pesadilla creada por elementos de una de las dependencias federales cuya misión es la de velar por la seguridad de todos los mexicanos, dio un giro brutal hace unos días, cuando se conoció que el magistrado Alfonso Gazca Cossío, del Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, revocó la sentencia de 22 años en contra de los marinos bajo el siguiente argumento presentado por los abogados del personal: reconoció que la sentencia se había fundamentado en un tipo penal que no era vigente al momento de producirse el fallo.
Esto significa que los marinos debieron ser juzgados y sentenciados de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que fue aprobada en 2017, y no, como ocurrió, con base en el tipo penal del Código Penal Federal, que ya había sido derogado a partir de las modificaciones anteriores.
Un tecnicismo, una grave falla de la FGR –sospechosamente incapaz– estaría a punto de otorgarle impunidad a quienes fueron hallados responsables de la desaparición y muerte de Armando del Bosque Villarreal, en un contexto de empoderamiento militar sin límites patrocinado por la 4T.
