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LA MANO DEL PRESIDENTE

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Por Pascal Beltrán del Río/@beltrandelrio

Decía Marcel Planiol, uno de los renovadores del derecho civil francés en la Belle Époque, que a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos.

Tres días después de que Andrés Manuel López Obrador calificó de intento de “fraude” electoral el programa Mujer Fuerte del candidato del PRI y el PRD al gobierno de Nuevo León y preguntó si algo haría al respecto la Fiscalía General de la República, ésta hizo bueno el deseo presidencial y dio a conocer que abrió una investigación contra el aspirante Adrián de la Garza. Su falta, agregó la FGR, podría ameritar prisión preventiva oficiosa, con lo cual quedaría marginado de la carrera por la gubernatura.

Simultáneamente, la Fiscalía hizo pública otra pesquisa contra Samuel García, candidato al mismo cargo, pero en ese caso por recibir fondos de origen ilícito y utilizarlos en campaña. En dicha denuncia son también señalados el padre, la esposa y el suegro del político de Movimiento Ciudadano.

Casualmente, ambos candidatos lideran la contienda en las encuestas, varios puntos porcentuales por encima de la oficialista Clara Luz Flores, cuyas aspiraciones se derrumbaron luego de que se exhibió un video que demuestra que sí conocía a Keith Raniere, el encarcelado líder de la secta NXIVM, algo que ella había negado repetidamente.

Los hechos de los últimos días constataron el interés que tiene el Presidente en los comicios de Nuevo León, tal como lo había revelado la senadora morenista María Merced González en una reunión virtual de la Cámara alta, el pasado 20 de abril, cuando habló sin darse cuenta de que había legisladores de otros partidos.

También, que la FGR podrá ser autónoma de nombre, pero en los hechos está muy atenta a las indicaciones del Ejecutivo y dispuesta a usar su poder para acalambrar a candidatos de la oposición, aunque en las filas de Morena pueda haber algunos que cometan acciones tan cuestionables o más.

Y es que apenas el 14 de abril se volvió viral un video en el que Clara Luz Flores atribuyó la compra de las vacunas contra el covid y la aplicación de los programas sociales a López Obrador. “Por eso quiero hacer equipo con él”, dijo a un ciudadano, a quien visitó como parte de sus actividades proselitistas. “La única forma de hacer un cambio verdadero es seguir con las políticas del Presidente”, agregó.

Ayer le preguntaron al mandatario si sus afirmaciones de los últimos días sobre la elección en Nuevo León y el anuncio de la FGR no constituían una intervención indebida en el proceso neoleonés.

—Presidente, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia.

—Pero ¿cómo no voy a tener que ver?

—Y que usted está metiendo la mano en las elecciones.

—Claro que sí, claro que sí… si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude.

Quizá el Ejecutivo no lo sabe, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en 2017 contra de las quejas presentadas por Morena contra el uso de programas semejantes al que promueve ahora De la Garza –una tarjeta en la que se pide el voto y se ofrece dar un beneficio social en caso de ganar los comicios–, pues “no se demostró que los presuntos infractores hubiesen ejercido presión y coacción al electorado mediante la entrega de los medios publicitarios en estudio”.

Es decir, que la conducta que Morena consideró ilegal hace cuatro años –igual que lo hace el hoy Presidente– no es tal a juicio del Tribunal Electoral. Y ante la posibilidad de que dicha estrategia de campaña sea inmoral, resulta igual de condenable que hoy eche mano de ella De la Garza como que en 2011 lo hiciera Alejandro Encinas, actual subsecretario de Gobernación, quien, durante su campaña para gobernador del Estado de México en aquel año, ofreció a los votantes apoyarlos con una tarjeta denominada La Cumplidora.

Lo realmente nuevo en este caso –por lo menos en los tiempos de la transición democrática– es que el Presidente invada las funciones de los órganos electorales, intervenga en los procesos para frenar a los candidatos de la oposición y luego lo presuma.

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