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* Desde el sexenio de Miguel de la Madrid los ciudadanos tuvieron la percepción de que los narcos estaban siendo protegidos por los políticos en turno; el contubernio siguió en el sexenio de Carlos Salinas, se acentúo en el gobierno de Ernesto Zedillo y prosiguió en los sucesivos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta terminar enraizado en la administración de Peña Nieto, derivando en un problema mayúsculo hasta el día de hoy
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) la percepción pública ha sido la de que los cárteles del narcotráfico han infiltrado al Estado mexicano mismo.
Y en el sexenio de Carlos Salinas –personaje de siniestra fama dada su vena perversa para la política– esa infiltración alcanzó el ápice mismo de la pirámide del poder.
Esa infiltración prosiguió durante el sexenio de Ernesto Zedillo y se consolidó, al parecer enraizadamente, en el periodo sexenal de Vicente Fox, otro de triste celebridad.
El crecimiento del fenómeno –el de la infiltración que derivaría en narcopoder– no escapaba a la perspicacia perceptiva de la ciudadanía. Es un narcoestado, se decía por doquier.
Con De la Madrid, esa percepción se nutrió de ciertos sucedidos –el asesinato del periodista Manuel Buendía, considerado crimen de Estado– muy documentados. Situación donde sospechosamente la libró el directamente señalado y entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.
Con Salinas, las actividades sospechosas de uno de sus allegados más cercanos, Justo Ceja Martínez, ex secretario particular del expresidente, alimentaron la percepción pública. Hoy, el señor Ceja está libre.
Y con Zedillo, las suspicacias ciudadanas se acentuaron, particularmente en lo que toca a ciertos jefes militares de alta jerarquía. Que protegían al narco, se decía.
Con el señor Fox –cuyo patetismo se colmó al permitir que su segunda esposa, Marta Sahagún, fuera un poder fáctico sospechoso de grotesca corrupción–, creció la percepción.
Y como olvidar esa “guerra” contra el narco emprendida por Felipe Calderón que dejó una estela de sangre con más de 120 mil muertes violentas generadas en todo el país por una lucha estéril contra el crimen organizado, así como los 23 mil desaparecidos a consecuencia de los “daños colaterales”, que aún claman justicia, son la muestra irrebatible de un gobierno que perdió la brújula
La herencia sangrienta entregada a Enrique Peña Nieto, la hizo crecer a más de 150 mil asesinatos en todo el territorio nacional, incluyendo los desaparecidos de Ayotzinapa. Pero EPN capturó, encarceló a ex gobernadores, recapturó al Chapo Guzmán, pero solapó a García Luna, pues se mencionaba en los pasillos políticos como un personaje “que esta de nuestro lado”, y claro, los contratos millonarios que le fueron otorgados al preso y sentenciado García Luna son muestra de esa complicidad.
Luego llegó el gobierno de la transformación (el de “abrazos y no balazos”), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y al final de ese gobierno, la cifra fue más que espeluznante ¡más de 180 mil muertes!
Y creció tanto esa sospecha ciudadana que no son pocos los mexicanos que piensan que la infiltración de los cárteles se tradujo en impunidad y cinismo para sus jefes de jefes.
Hágase la salvedad de que la conjugación, aquí, del verbo infiltrar no es, a nuestro ver, la más apta para describir el fenómeno. Fue mucho más que una infiltración. Fue asociación.
Y esa asociación se entiende no como la figura jurídica, sino en términos de relaciones de poder entre vertientes de éste.
Y como relaciones de hecho su naturaleza exhibió peculiaridades propias: fue, por un lado, simbiótica y estratégica para el narco.
Por otro lado, fue una relación coyuntural, variable, efímera, mutante e inasible a cualesquier afanes de trascendencia institucionalización.
Pero la existencia objetivamente discernida de aquel fenómeno de la infiltración fue una verdad en la cultura de enredos del poder en México.
De esa verdad dieron cuenta las operaciones militares en el estado de Michoacán y la ciudad de Tijuana, en donde los jefes de jefes fueron avisados de antemano de dichas acciones y en tiempos más recientes, hasta el hijo del Chapo Guzmán fue puesto en libertad por el propio López Obrador.
Más aún, la suspicacia popular discierne que los mandantes en esos cenáculos de la alta burocracia civil y militar –la de la coacción legal– sabían lo siguiente:
Uno, que ningún capo di tutti capi considerado pez gordo estaría presente en el lugar en donde se realizarían las operaciones militares.
Y, otro, que esa premisa arrojó por secuela que las operaciones militares no serían efectivas en cuanto a objetivos declarados: capturar a los jefes de jefes del narco.
Sin embargo, se realizaron decenas de operaciones, porque los móviles de dichas acciones eran estrictamente políticos, lo cual explicaría su exagerada proyección mediática.
Este alarde burdo de simulación confirmaría precisamente la existencia del corrosivo fenómeno de la infiltración y, por inferencia, de otro fenómeno secuencial.
Ese otro fenómeno es el crecimiento del poder fáctico de los cárteles. Ese poder actúa así por su enorme capacidad de compra de voluntades de personeros del poder formal.
Hoy, las cifras sangrientas siguen siendo alarmantes, pero según datos oficiales los homicidios han disminuido en todo el territorio nacional, pareciera que quedó en un baúl de los recuerdos, esa frase que empoderó a los criminales, pronto terminará el primer año de la Presidenta Claudia Sheinbaum y las cifras, seguramente, serán diferentes, pero la incógnita sería ¿a la baja o al alza?
