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Escrito por: Mario Luis Fuentes
Uno de los temas cruciales para el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país se encuentra en la garantía de acceso efectivo al agua potable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2022, únicamente el 76% de las viviendas tienen conexión para recibir el líquido al interior de sus construcciones. Pero de ellas, sólo alrededor del 65% recibe agua todos los días.
Lo anterior implica que aproximadamente, sólo la mitad de la población nacional recibe agua potable todos los días al interior de sus hogares. Y entre quienes reciben agua, independientemente de la frecuencia con que lo hacen, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, únicamente el 22% considerada que el agua que recibe es potable, es decir, que las personas estarían dispuestas a beber directamente de la llave, sin temor a enfermarse.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, al menos uno de cada cuatro mantos acuíferos se encuentra sobreexplotado en nuestro país; y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de acuíferos sobre explotados ha ido en aumento. En 1975 había 32 en esa condición; en 1981 la cifra creció a 36; en 1985 a 80; en 2004 a 104; en 2007 hubo una ligera reducción a 101; en 2010 creció nuevamente a 105; se mantuvo en ese mismo nivel en 2017; pero para 2019 llegó a 157.
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Por su parte, en lo que se refiere a la contaminación del agua, de acuerdo con la SEMARNAT, alrededor del 55% de las aguas superficiales del país presentan algún grado de contaminación, vinculado en su mayoría a procesos de vertimiento de aguas contaminadas que provienen de la industria o de los sistemas de drenaje.
Debe comprenderse en esa lógica que es tal el nivel del rezago, que es necesario no sólo invertir muchos más recursos, sino que se requiere la revisión integral de la política pública y de la estructura orgánica y funcional del Estado Mexicano para dar cumplimiento al mandato constitucional en esta materia, partiendo del reconocimiento de la heterogeneidad de la disponibilidad del agua en el territorio nacional. En efecto, se estima que el 32% de la disponibilidad natural media del agua en el a país está en la frontera sur; mientras que en el Valle de México se dispone de apenas el 0.9%.
El periódico norteamericano The New York Times publicó el sábado 2 de septiembre un extenso artículo, en el que documenta la sobreexplotación de numerosos mantos acuíferos en el territorio de los Estados Unidos de América, alertando principalmente sobre dos elementos críticos: el primero es que, debido a la sobre explotación, cientos de acuíferos no podrán recuperarse; y el segundo, que la velocidad con que se está extrayendo agua del subsuelo pone en riesgo la categoría de “súper potencia agrícola” que tiene nuestro país vecino. La cuestión se vincula además con nuestras relaciones internacionales pues nuestras dos principales fronteras están constituidas naturalmente por los Ríos Bravo y Suchiate.
A la cuestión se agrega el problema de la inadecuada gestión del agua: un excesivo consumo de lujo en los altos deciles de ingresos, llegando incluso al otorgamiento de permisos para construir lagos privados; mientras que la falta de infraestructura provoca inundaciones recurrentes y desbordamiento de drenajes en zonas pobres y populares.
Todo lo anterior debe comprenderse de forma estructural: la carencia de agua es deforestación, y viceversa; es falta de posibilidad de una alimentación adecuada; es falta de condiciones de salud digna; es más clima extremo, sequía e incendios forestales; es también enfermedad y muertes prevenible que, en el caso mexicano, se traduce en cientos de muertes anuales de niñas y niños menores de cinco años; es falta de sanidad y pérdida de biodiversidad; es imposibilidad de atracción de inversiones para el crecimiento; se trata de una crisis sistémica que nos puede llevar, sin exageración, al colapso.
