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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
Hay episodios en la política mexicana que duran meses y terminan diciendo poco. Y hay otros que duran apenas unas horas, pero alcanzan para desnudar cómo funciona el poder.
Lo ocurrido con Rubén Rocha Moya pertenece a la segunda categoría.
Después de 112 días de licencia, el gobernador de Sinaloa decidió regresar al cargo el viernes 21 de agosto. Lo hizo por iniciativa propia y, de acuerdo con el Gobierno federal, sin que se tratara de una decisión acordada con la Presidencia.
Lo verdaderamente revelador vino después, porque en cuestión de horas comenzaron los deslindes.
La Secretaría de Gobernación calificó el regreso como una decisión de carácter personal y recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados desde Estados Unidos. Morena también tomó distancia. El CEN, Legisladores y gobernadores del movimiento hicieron llamados para que Rocha reconsiderara su decisión.
Y entonces, apareció la Presidenta. Claudia Sheinbaum no necesitó mencionar directamente a Rocha para enviar un mensaje inequívoco: “ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la Nación”. Poco después, la propia mandataria fue más clara al señalar que el regreso del gobernador no le parecía pertinente.
El desenlace de esta tragicomedia, llegó apenas 34 horas después. Rocha volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido. El Congreso de Sinaloa la aprobó y posteriormente designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
Aquí el asunto central es: Legalmente Rocha podía regresar. Pero en ocasiones, lo legal y lo político no siempre van de la mano.
Durante décadas, la Secretaría de Gobernación fue la pieza central para procesar las crisis políticas antes de que llegaran a los reflectores. No porque tuviera una facultad escrita para decidir quién gobernaba un estado, sino porque su naturaleza histórica la convirtió en el espacio preferido de negociación entre el Presidente de la República, los gobernadores, el Congreso y los actores políticos.
Hoy por ley tiene una responsabilidad enorme: “conducir la política interior, mantener relaciones con los gobiernos de las entidades federativas y facilitar acuerdos políticos y consensos para preservar la gobernabilidad”.
Todos sabemos que, en el pasado, Gobernación hizo mucho más que cumplir ese tipo de atribuciones legales.
Era el lugar donde se hablaba antes de que otros hablaran. Donde se negociaba. Donde un mensaje sustituía una confrontación. Y una conversación privada podía resolver lo que públicamente parecía imposible.
No se trata de romantizar aquella época. Pero tenía algo que la política contemporánea parece haber perdido: capacidad para procesar las crisis antes de convertirlas en espectáculo público.
Por eso el caso Rocha resulta tan interesante.
Si realmente nadie dentro del Gobierno federal sabía que el gobernador iba a regresar, como se sostuvo públicamente, entonces aparece una pregunta incómoda:
¿Cómo puede un gobernador, en medio de una crisis política y jurídica de semejante magnitud, tomar una decisión de ese tamaño sin que su propio movimiento político conozca previamente sus intenciones?
Y si alguien sí sabía, entonces la pregunta cambia: ¿Por qué políticamente resultó necesario decir que nadie sabía?
No tengo elementos para responderlo.
Hay, además, una segunda dimensión todavía más delicada: la investidura presidencial.
Rocha enfrenta señalamientos formulados por autoridades estadounidenses y una investigación abierta en México. Él ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que no existen elementos que acrediten responsabilidad penal. La propia SEGOB ha señalado que corresponde a la FGR informar sobre el avance de las investigaciones y que la Cancillería ha solicitado a Estados Unidos las pruebas que sustentan sus acusaciones.
Jurídicamente, eso significa algo elemental pero indispensable: una acusación no equivale a una sentencia, como ya había escrito en entregas anteriores.
Políticamente, sin embargo, el problema existe.
Porque cuando un gobernador señalado en una acusación internacional decide volver al Palacio de Gobierno, no regresa solamente Rubén Rocha Moya. Regresó la investidura.
¿Cómo actuar y defender la soberanía nacional sin que eso sea interpretado como respaldo político a un funcionario señalado por las autoridades estadounidenses?
Sheinbaum tenía que caminar por una línea muy estrecha. No podía permitir que Washington decidiera quién gobierna Sinaloa.
Pero tampoco podía aparecer respaldando políticamente el regreso de un gobernador cuya situación sigue bajo investigación y en la lupa internacional.
El poder no lo destituyó. Simplemente lo dejó solo.
Debemos reconocer que el poder mexicano está cambiando. Antes, muchas decisiones se procesaban lejos de los reflectores y después aparecían como hechos consumados.
Hoy prácticamente todo se realiza en tiempo real. Los deslindes y las posiciones políticas se fijan en redes sociales. Los actores se responden públicamente.
Y una crisis que quizá antes habría pasado primero por varias oficinas y conversaciones privadas puede convertirse, en cuestión de minutos, en un problema nacional.
Lo ocurrido en Sinaloa no sólo deja una nueva licencia. Deja algo mucho más revelador: un gobernador que pudo volver al poder por la vía legal, pero que terminó entendiendo, en apenas 34 horas, que gobernar también depende de algo que ninguna ley puede garantizar: el respaldo político.
Y quizá por eso estas 34 horas importan tanto. Porque no sólo mostraron la soledad de un gobernador. Mostraron que también está cambiando la manera en que el poder mexicano resuelve sus propias crisis.
