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* La directora general del CCLEH, Mariela Valero Mota, reportó que entre 2025 y 2026 se celebraron 150 audiencias para este sector —principalmente por adeudo de prestaciones—, alcanzando 100 convenios mediante el diálogo y garantizando atención preferente y asesoría jurídica gratuita.
Redacción
Entre 2025 y lo que va de 2026, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH) desarrolló 150 audiencias de conciliación relacionadas con personas adultas mayores. De este total, 100 concluyeron mediante convenios de conciliación, lo que representa el 67 por ciento y refleja la disposición de las partes para alcanzar acuerdos y resolver sus diferencias mediante el diálogo.
La directora general del organismo, Mariela Valero Mota, informó que, durante este periodo, el principal motivo por el que las personas adultas mayores han acudido al CCLEH estuvo relacionado con el pago de prestaciones laborales.
Explicó que el organismo cuenta con medidas de atención prioritaria para este sector de la población, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de asesoría y conciliación, así como brindar las condiciones necesarias para realizar sus trámites de manera oportuna, segura y sin barreras.
En este sentido, destacó que el trabajo coordinado que encabeza el encargado de la política laboral en la entidad, Oscar Javier González Hernández, fortalece el servicio a los distintos sectores de la población y promueve relaciones laborales más equilibradas, con una visión de inclusión y respeto a los derechos laborales, como parte de la transformación que impulsa el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Valero Mota recordó que el CCLEH brinda asesoría jurídica gratuita y conciliación laboral, por lo que invitó a las personas adultas mayores y a la población en general que enfrenten alguna controversia relacionada con su trabajo a acercarse al organismo para recibir orientación y conocer las alternativas disponibles para resolver su situación.
Finalmente, señaló que brindar una atención cercana y prioritaria a este sector representa una responsabilidad institucional y contribuye a fortalecer una justicia laboral más accesible, incluyente y sensible a las necesidades de la población.
