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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
En política, prometer es relativamente fácil. Cumplir es otra historia. Y cuando hablamos de salud pública, las consecuencias de una promesa incumplida no se quedan en el discurso: terminan en una sala de espera, en una receta que no se puede surtir o en una familia que tiene que sacar dinero de donde no tiene para comprar un medicamento.
Hace unos días, El Colegio de México presentó el estudio “Salud quebrada: Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México (2000-2025 sector)”. Una investigación que recorre un cuarto de siglo de transformaciones en el y que pone sobre la mesa una realidad que debería preocuparnos a todos: el sistema de salud mexicano arrastra problemas estructurales que, lejos de resolverse, se han profundizado durante los últimos años.
Hay cifras que hablan por sí solas. Una de las más alarmantes es que la población con carencia de acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2020 a 44.5 millones en 2024. Más del doble en apenas cuatro años. Detrás de ese número hay personas que no saben a dónde acudir cuando enferman, familias que buscan atención donde pueden y pacientes que terminan pagando servicios privados porque no encuentran respuesta en las instituciones públicas.
El estudio también documenta un incremento del 73 por ciento en el gasto en salud durante la última década. Dicho de otra manera, cada vez son más los hogares para los que una enfermedad representa un golpe económico difícil de superar. Hay familias que venden algo, piden prestado o utilizan los ahorros de toda una vida para enfrentar un tratamiento. Enfermarse no debería significar poner en riesgo el patrimonio familiar.
Pero para entender cómo llegamos a este punto hay que hablar de una de las decisiones más trascendentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la desaparición del Seguro Popular.
Y aquí conviene hacer un poco de memoria, sin nostalgia y sin pretender que todo funcionaba perfectamente. El Seguro Popular tenía deficiencias, problemas de operación y, desde luego, irregularidades documentadas en el manejo de recursos. Hubo corrupción y malos manejos que debían investigarse y sancionarse. Nadie tendría por qué defenderlos.
Pero tampoco podemos borrar de un plumazo lo que significó para millones de mexicanos que no tenían seguridad social. Para muchas familias, aquel programa representó la posibilidad de recibir consultas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos que antes estaban muy lejos de sus posibilidades económicas. No era un sistema perfecto, pero había abierto una puerta que durante décadas permaneció cerrada para buena parte de la población.
Lo razonable habría sido corregir sus fallas, cerrar los espacios a la corrupción, mejorar su financiamiento y ampliar su cobertura. Sin embargo, López Obrador decidió desaparecerlo. Bajo el argumento de combatir los abusos, presentó al Seguro Popular como un programa prácticamente inútil y anunció su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI.
La promesa sonaba extraordinaria: atención médica y medicamentos gratuitos para todos. Y todavía había más. En diciembre de 2022, el presidente aseguró que para finales del año siguiente México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor. Lo dijo una y otra vez, con la seguridad de quien parecía tener resuelto uno de los mayores desafíos del país.
Pero Dinamarca nunca llegó.
El INSABI nació muerto. Los problemas de planeación, financiamiento, administración y operación fueron acumulándose hasta que el propio gobierno decidió desaparecerlo, apenas tres años después de su creación, y trasladar sus funciones al esquema del IMSS-Bienestar.
Así, casi sin explicaciones suficientes sobre lo que había fallado, pasamos de un modelo a otro. Primero se descalificó lo existente, después se prometió una transformación que no llegó y finalmente se volvió a reorganizar la estructura institucional. Mientras tanto, los pacientes siguieron esperando.
Hoy el IMSS-Bienestar tiene frente a sí una tarea enorme. Debe atender a millones de personas sin seguridad social en un escenario de carencias de infraestructura, personal médico, medicamentos y recursos financieros. Habrá que darle oportunidad de demostrar resultados, pero también exigirle cuentas. Porque la necesidad de atención no puede seguir esperando a que cada nuevo modelo encuentre su rumbo.
Y el asunto no termina ahí. El propio estudio del Colmex advierte sobre los desafíos que enfrenta la nueva propuesta del Servicio Universal de Salud impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La coordinación entre las distintas instituciones podría representar un avance, pero los investigadores ponen el dedo en una cuestión fundamental: sin financiamiento suficiente, reglas claras y capacidad operativa, la universalidad seguirá siendo una promesa escrita en documentos oficiales.
Hay algo que parece que nuestros gobiernos todavía no terminan de entender: las instituciones públicas no pueden reinventarse cada seis años por razones políticas. Lo que funciona debe fortalecerse; lo que está mal debe corregirse y lo que no sirve debe sustituirse, pero con una alternativa preparada y funcionando. Parece una obviedad, pero nuestra historia reciente demuestra que no siempre es así.
Porque mientras los gobiernos cambian nombres, estructuras y programas, la gente sigue enfermándose. El cáncer no espera a que se reorganice una dependencia; la diabetes no entiende de transiciones administrativas y una madre que necesita un medicamento para su hijo no puede resolver su urgencia con una conferencia de prensa.
El Seguro Popular desapareció. El INSABI tampoco sobrevivió. El IMSS-Bienestar intenta responder a una demanda enorme y ahora tenemos una nueva promesa de universalidad. Demasiados cambios, demasiados anuncios y una pregunta que sigue sin respuesta para millones de mexicanos: ¿Dónde está el sistema de salud que se les prometió?
Porque la salud no debería ser un proyecto sexenal ni un instrumento para desacreditar al gobierno anterior. Es una responsabilidad del Estado y un derecho que no admite pausas, pretextos ni experimentos improvisados.
Al final, el costo de una mala decisión en materia de salud no se mide en puntos de aprobación ni en discursos incumplidos. Se mide en tratamientos que no llegan, enfermedades que avanzan, personas que no reciben atención y familias que terminan pagando de su propio bolsillo por un derecho que el Estado les prometió garantizar.
La pregunta es inevitable: ¿Cuántos mexicanos han tenido que pagar con su salud y con su patrimonio el costo de una promesa que nunca llegó a cumplirse?
