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Que nunca más se repita en la historia de México un caso como el de Ayotzinapa, cuya desaparición de 43 estudiantes conmovió al mundo; es el objetivo de la iniciativa de Ley que presentó este día el senador Omar Fayad Meneses, ante el pleno del senado.
Se trata una ambiciosa iniciativa de reforma al Art. 73 Constitucional y la creación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que jamás se vuelva a repetir un “hecho aberrante como la desaparición de ninguna persona, por una autoridad de cualquier orden de gobierno”, afirmó en tribuna el senador hidalguense.
“El 26 de setiembre de 2014 marca un parteaguas en la historia de México: la desaparición de 43 jóvenes normalistas rurales por parte de las autoridades municipales de ayuntamiento de Iguala, en Guerrero, ha puesto a pensar a todos en este Congreso que resulta fundamental atender de manera precisa e inmediata las debilidades del Estado mexicano”, sostuvo con firmeza el legislador hidalguense.
La iniciativa, que recoge el trabajo de varios meses con expertos internacionales y con organizaciones de la sociedad civil, es una respuesta del senador Omar Fayad Meneses al dolor de todas y todos los mexicanos ante lo ocurrido en el municipio de Guerrero, donde un alcalde, su esposa y la policía local se coludieron con el crimen organizado.
“Es una importante iniciativa que cumple con los más altos estándares internacionales para la protección de los derechos humanos y la erradicación de la corrupción, la impunidad y los crímenes que lesionan no solo los derechos humanos y la integridad física de mexicanos, sino que dejan honda huella en la memoria colectiva”, sostuvo Omar Fayad.
En su exposición de motivos, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública refirió que con esta Ley el Estado Mexicano atenderá de una vez por todas el reclamo social y cumplirá con las recomendaciones hechas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Esta Ley que tendrá un alto impacto a nivel internacional, tipifica el delito de desaparición forzada y establece sanciones que van desde 2 hasta 60 años de prisión a quien conozca de un caso de desaparición forzada y no lo denuncie y hasta el extremo opuesto para los responsables de casos en donde la víctima pierda la vida.
Prevé además, un incremento de las penas en una mitad, en casos en donde la víctima sea menor de edad o adulto mayor, tenga incapacidad, sea mujer en estado de gravidez, o pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena.
“Con esta Ley damos una respuesta contundente a un fenómeno que no puede tener cabida en nuestro país, y para evitar la tentación de que ante la acción del crimen, se propongan soluciones que restrinjan los derechos en lugar de expandirlos, particularmente en el caso de los derechos humanos”, concluyó el senador Omar Fayad.
