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Escrito por: Saúl Arellano
El presidente López Obrador ha afirmado en incontables ocasiones que “el presidente de México” es la persona más informada del país. Pero eso siempre depende de dos cuestiones fundamentales: 1) que las personas que están en su entorno no le reserven o escondan información de calidad y; 2) que las personas a quienes está dispuesto a escuchar sean las adecuadas en términos de disponer efectivamente de la información o análisis que pueden beneficiar al país.
Hay temas que, por su relevancia para el Estado mexicano, son o deben ser de interés para el Ejecutivo Federal, y en esto hay instituciones clave: la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la SEP, entre otras, son pieza clave en la gobernabilidad y la buena marcha del país. En ese sentido, no es exagerado incluir en ese listado a la UNAM como una de las instituciones de mayor trascendencia para la vida pública nacional.
Por eso llama la atención el cada vez más reiterado y furibundo despliegue de agresividad del Ejecutivo Federal en contra de nuestra máxima casa de estudios, llegando incluso a la afirmación sin sustento alguno, de que el rector Graue forma parte de la pretendida “campaña en contra” de su favorita para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es evidente que el caso del plagio afectó sensiblemente las aspiraciones de la ministra Esquivel de presidir al máximo tribunal constitucional en nuestro país; y lo es también que ha sido utilizado políticamente por la oposición al gobierno. Pero eso hubiese ocurrido en cualquier país democrático y lo sorprendente hubiera sido que ocurriera de otra manera. Pensar otra cosa sería poco más que ingenuo.
Hay dos cuestiones delicadas en el asunto. En primer lugar, el hecho de que, de mantener en su sitio a Yasmín Esquivel mina la credibilidad de la Corte, y ya no sólo por la cuestión, grave de suyo, del plagio; sino porque el Ejecutivo despejó cualquier resquicio de duda respecto de que esta persona obedece a sus intereses y que no garantiza imparcialidad ni autonomía en la toma de decisiones del pleno de la Corte. Esto es gravísimo para la división de poderes en el país.
En segundo término, preocupa que el presidente haya decidido que la “culpable del asunto” sea la UNAM; y que esté tomando este caso particular para lanzar una nueva ofensiva en un momento clave para su vida institucional, pues de todas y todos es sabido que este año se desarrollará el proceso de nombramiento de un nuevo rector o rectora.
Por eso preocupa severamente. ¿Quién le susurra al oído y quién mal informa al presidente respecto de lo que ocurre al interior de nuestra Universidad? Es sabido que hay varias y varios académicos en funciones, y otros egresados que hoy ocupan cargos públicos, que están cerca del Ejecutivo. Pero también es ampliamente conocido que son personas cuyos planteamientos obedecen a un estilo intolerante, sectario y contrario a una vocación universitaria abierta a la crítica y dispuesta a un diálogo abierto, franco y respetuoso en aras de continuar fortaleciendo la autonomía y las capacidades universitarias.
¿Quién convenció al Ejecutivo de que es buena idea “incendiar a la UNAM”? ¿Quién le convenció de que es positivo para el país que violente los procesos legales y estatutarios de la comunidad universitaria y que intervenga en el proceso de renovación de la Rectoría? ¿Quién resultaría beneficiario de un clima de hostilidad, mayor polarización y crispación entre las y los universitarios?
La hipótesis que se plantea en varios espacios sostiene que, dado que la popularidad presidencial entre la comunidad universitaria, la racionalidad es: “dado que ya perdimos ese sector en términos de posibilidad de respaldo, entonces no hay nada qué perder en agredirlo y, si es posible, colonizarlo o destruirlo”.
Si esa hipótesis realmente está dirigiendo la acción presidencial, constituye un error no sólo de percepción, sino también de estrategia política. Porque siendo cierto que la Universidad tiene muchos puntos y aspectos a mejorar, prácticas qué dejar atrás y otras por incorporar plenamente, lo es más el hecho de que en estos momentos aciagos del país, lo que más requerimos es una Universidad vigorosa, con recursos suficientes para potenciar sus acciones; y con la autonomía suficientemente garantizada para dar cuenta de que, actuar en civilidad es posible, y que trabajar por el bien de México puede llevarse a cabo con base en una pedagogía del diálogo y el acuerdo.
A las universitarias y universitarios nos corresponde actuar con enorme responsabilidad y con todo el compromiso que la UNAM nos exige en este momento. Porque está en juego el pensamiento libre y la posibilidad de construir más ciencia, arte, cultura y procesos educativos y de inclusión social que, de otro modo, será muy difícil llevar a cabo.
La UNAM nos ha permitido a cientos de miles, quizá millones, ser auténticamente “las y los primeros universitarios” de nuestras familias; nos ha dado posibilidad y proyecto profesional; nos ha permitido desarrollar vocaciones y sin duda alguna; nos ha permitido profundizar y arraigar un amor especialísimo por el saber y, a través de su generación, servir de la mejor manera posible a nuestra dolorida nación.
La Universidad no puede ser utilizada como un juguete político más; y no puede ser rehén de intereses facciosos. Por ello, las y los universitarios debemos alertar de la amenaza que se cierne sobre uno de nuestros espacios más queridos y preciados: la UNAM, la Universidad de la Nación.
