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Cuan poco se honra en ésta Cuarta Transformación de la Nación a la justicia, así lo demuestran las vejatorias obstrucciones efectuadas por la Fiscalía General de la República, que a cada paso cierra el camino que a la justicia conduce. México no puede mirar a la cara la verdad de la narco-política. La veracidad y la certeza en ese rubro no extrañan, ni tienen cabida en el territorio de la República si no llevan el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador. La poca importancia de la justicia da pauta a efectuar una severa vigilancia de ella y se puede decir sin equívoco alguno que esa prolijidad es mayor que la que se le da a las drogas que circulan libremente protegidas por cierto narco-político.
La omisión del actuar de Alejandro Gertz Manero constituye así, lisa y llanamente, un régimen de proteccionismo, inmunidad e injusticia, a fin de no perjudicar la muy lucrativa producción nacional de la narco-delincuencia política.
Las voces de la abogacía independiente de México y múltiples medios de información así lo confirman.
Eso es lo que no quiere nuestro País y el pueblo así lo confirma.
Por ello el Gobierno de la República Mexicana, hoy más que nunca, debe de actuar, “menos politiquería y más justicia”, no es concebible que en un País como el nuestro se permitan tales clases de aberración política y jurídica.
No resulta ser ni políticamente lícito ni jurídicamente racional expresar, como lo expresan ciertos Siervos de la Nación que esas omisiones no resultan ser perversiones. Debido a esa estúpida politiquería, nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia se han convertido en un repertorio de desconfianza.
No se puede, ni tampoco se debe obviar un realidad, por terrible que ésta sea, si desde la cúpula del poder de ciertas instituciones de procuración y administración de justicia en el pasado se criaron innegables tipos de pactos mediante los cuales se crearon alianzas con la narco-delincuencia, organizándola, financiándola y sosteniéndola, ello fue porque se contaba con la permisibilidad o complicidad de amplios sectores de estamentos políticos e instituciones. Fue también porque dichos políticos confiaban -porque podían confiar- en la inhibición, omisión o parálisis de los órganos e instituciones formalmente encargadas de combatirla.
La justicia tiene ahora la palabra, cuenta con la oportunidad de indagar, verificar, acusar, procesar, condenar y encarcelar al delincuente que propició tal desmán, toda vez que el poder criminal no debe de quedar impune, debe de triunfar la Constitución, la ley, la Justicia sobre la indecencia de esos muchos cuyas togas sucias se mancharan de felonía, convirtiendo a nuestra Procuraduría General de la República y ahora Fiscalía General de la Federación en una cuadrilla de malhechores.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de abogados de México, A.C..
