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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
El sistema judicial en México se encuentra en el momento más crítico de su larga historia, pues, más que nunca, hoy la mayoría de mexicanos reflexionamos sobre el proceso mediante el cual se eligen a quienes ocuparán los cargos más altos del poder judicial. Los muchos y recientes escándalos de corrupción, los conflictos de interés y la falta de transparencia en las designaciones de los ministros, magistrados y jueces, han puesto en evidencia una verdad incuestionable: el Poder Judicial mexicano, en muchos de sus rincones, ha sido uno de los bastiones más corruptos de la administración pública del país.
Para entender la magnitud de este problema, es esencial examinar el papel que desempeñan los órganos del Poder Judicial en la vida del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, tienen la enorme responsabilidad de garantizar la justicia, de servir como contrapesos al poder ejecutivo y legislativo, y de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En una democracia, estas funciones son clave. Sin embargo, cuando estos órganos están manipulados o cooptados por intereses particulares o políticos, se socava la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
El proceso de selección de jueces y magistrados, especialmente en el caso de los ministros de la Suprema Corte, debería ser ejemplar. En teoría, esta es una de las bases para garantizar la independencia judicial: que los nombramientos se hagan de forma transparente, imparcial y fundamentada en el mérito y la capacidad. Sin embargo, en la práctica, la realidad es otra. La influencia de los partidos políticos, la opacidad en los procedimientos y, en algunos casos, las negociaciones a puerta cerrada, han distorsionado este proceso, llevando a designaciones históricamente cuestionables.
Como bien sabemos, la figura Presidencial, junto con el Senado, tiene la potestad de elegir a varios de los altos funcionarios judiciales. Sin embargo, este proceso estuvo plagado de manipulaciones, ya que muchas veces los nombramientos se hacían con base en afinidades ideológicas o, peor aún, en compromisos políticos que nada tienen que ver con la imparcialidad que se exige para el ejercicio de la función judicial. Los partidos políticos, como actores decisivos en este proceso, buscaban insertar a aquellos que serían más afines a sus intereses, lo que debilita la autonomía del poder judicial y fortalece el clientelismo.
La corrupción en el Poder Judicial ha sido una constante en la historia de México. Casos de jueces y magistrados involucrados en escándalos de sobornos, tráfico de influencias y manipulación de fallos judiciales, no son novedad.
Esta situación ha trascendido en todos los niveles: desde los juzgados más pequeños hasta las más altas instancias. El cliente o el político que tiene los recursos suficientes puede, en muchas ocasiones, esperar un fallo favorable a su causa, independientemente de si su argumento es válido o no. Esta opacidad no solo debilita el sistema judicial, sino que, además, crea un caldo de cultivo para la desconfianza generalizada.
El descrédito del poder judicial es tal, que los ciudadanos, en su gran mayoría, temen que sus derechos sean pisoteados por quienes, por mandato constitucional, deberían defenderlos. La idea de que la justicia está «comprada» o que es dependiente de quien pague más se ha vuelto una lamentable percepción común entre la población. Esto va más allá de unos pocos casos aislados: es un sistema que, por acción o por omisión, permite que la corrupción se infiltre en los órganos que deberían ser los garantes de la legalidad.
Por todo lo antes mencionado, la reforma del Poder Judicial en México era una tarea urgente y fundamental y contó con el empuje del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y el impulso de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos saben que no bastaba con cambios superficiales; es necesario que se modifique de raíz el proceso de selección de jueces y ministros, para que se base en criterios objetivos, transparentes y sin injerencias externas. La creación de un sistema más riguroso para examinar a los postulantes, que contemple su trayectoria profesional y su historial ético, es indispensable para frenar la corrupción y la politización del poder judicial.
Además, el fortalecimiento de la autonomía judicial debe ser una prioridad. Los jueces y magistrados deben ser libres de cualquier tipo de presión o influencia, ya sea política, económica o social. Para ello, es necesario implementar mecanismos que aseguren la estabilidad en los cargos y la independencia de los órganos judiciales frente a los otros poderes del Estado. La transparencia en los procesos y la rendición de cuentas son piezas clave de este engranaje, pues permitirían garantizar que los nombramientos respondan a un criterio de idoneidad, y no de conveniencia.
¿Será posible avanzar hacia un poder judicial verdaderamente independiente, capaz de servir a los intereses del pueblo y de la ley, sin temores ni favoritismos?
Al tiempo.
