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* Después de un litigio de ocho meses, el Tribunal Electoral Federal ordenó al CEN del PRI dar una salida a su desacato por no renovar los cuadros del comité de la CDMX y su Consejo Político; Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu acordaron designar a un delegado “con funciones de presidente” que releve en el cargo a Mariana Moguel Robles; hay un marcado rechazo a que Israel Betanzos u otro incondicional de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,arriben a la nominación
Por La Redacción
Especial de Expediente Ultra
Acatando el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la dirigencia nacional del PRI nombrará un delegado “en funciones de presidente” que releve en el cargo a Mariana Moguel Robles, cuyo periodo concluyó en diciembre de 2016, ejerciendo desde entonces de forma ilegítima el liderazgo del priísmo en la Ciudad de México.
En las oficinas de Puente de Alvarado ya le tocan Las Golondrinas a la controvertida líder que hasta hace unos días aún adeudaba tres quincenas a cientos de empleados que laboran en la sede partidista.
Luego de un conflicto jurídico promovido desde marzo pasado por Sergio Jiménez Barrios en su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional, y sostenido durante ocho meses ante las instancias partidistas y los órganos electorales por la renuencia del CEN de convocar a la renovación del Consejo Político del PRI capitalino y de su dirigencia local, Enrique Ochoa Reza, en su calidad de presidente nacional y Claudia Ruiz Massieu Salinas como Secretaria General, decidieron acatar la resolución de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del TEPJF, firmando a la par del acuerdo, el epitafio de Mariana.
Desde el pasado 31 de agosto el máximo tribunal electoral del país ordenó al CEN del tricolor iniciar las acciones necesarias para renovar su comité directivo de la CDMX; empero, tanto Ochoa Reza como los órganos internos del CEN se negaron a acatar lo dispuesto en sus propios ordenamientos; de hecho, otro juicio manejado en la discreción podría abrir la disyuntiva de invalidar los acuerdos adoptados de la pasada Asamblea Nacional y las modificaciones estatutarias derivadas de la misma.
La razón de fondo es que tanto la dirigencia encabezada por Mariana Moguel como el Consejo Político local del PRI capitalino, carecían de representación legal para operar la designación y elección de los consejeros que acudieron al evento nacional de su partido. Si las instancias electorales invalidan tal procedimiento, se estaría en el indudable supuesto de que a la Asamblea Nacional acudieron delegados del priísmo de la CDMX , seleccionados de manera ilícita y su voto a favor de las reformas estatutarias, por ende, carecería de legitimidad, desplegando el riesgo de invalidar todo el proceso.
En tal sentido, la dirigencia nacional, y de manera especial, Enrique Ochoa Reza y diversos funcionarios del CEN, difícilmente podrían negar su responsabilidad en la aprobación de los delegados “cachirules”, presentes en el trascendente evento, ya que no únicamente aplazaron de manera deliberada el cambio de los cuadros partidistas en la CDMX sino además, y conociendo a detalle tal irregularidad que ya se ventilaba en el TEPJF, permitieron que Mariana Moguel, de la mano del cuestionado ex líder, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, impusieran a sus incondicionales, marginando a sus bases. Quienes pensaron que la simple denuncia de un militante no llegaría a mayores consecuencias, incurrieron en el error de pensar que una chispa no puede generar un incendio.
Además, es evidente que el retraso para elegir a una nueva dirigencia capitalina fue una acción deliberada por parte del CEN, desechando la opinión de sus bases a sabiendas de que el pasado ocho de septiembre iniciaba el proceso electoral federal que prohíbe cambios en las estructuras partidistas hasta no concluir, en su totalidad y validación, las elecciones del 2018; es decir, que sólo después de septiembre del próximo año los priístas capitalinos podrán elegir a su nuevo Comité Estatal. Así se las gastan los altos mandos del PRI cuando de anular la democracia interna se trata.
De no haber brotado la inconformidad de Sergio Jiménez Barrios, seguramente que Enrique Ochoa hubiera permitido la continuación en el cargo de Mariana Moguel, así como los acuerdos pactados con el grupo de Los Rojos del ex dirigente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en mutuo acuerdo del apoyo a la candidatura de Rosario Robles para contender por el gobierno de la CDMX. De hecho, Gutiérrez de la Torre incluyó en la lista delegados a la Asamblea Nacional de agosto a un sinnúmero de incondicionales.
Ahora lo que preocupa a la agraviada militancia del PRI de la CDMX es saber quién será el personaje designado por las altas esferas del CEN tricolor para ser el delegado “con funciones de presidente” anunciado como la solución planteada por la dirigencia nacional al requerimiento del TEPJF.
Lo que está bien claro es el rechazo unánime de muchos grupos para que ningún personaje ligado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ya sea el diputado local Israel Betanzos, o el actual Secretario General, Tonatiuh González, llegue al cargo. Mantas que penden en las puertas principales de la sede nacional de Insurgentes informan de los casi cuatro millones de peso que Betanzos, el recaudador oficial del líder de Los Rojos, se lleva al mes por sus labores de “mil usos” a favor de su jefe político.
Enrique Ochoa deberá analizar con sumo cuidado el perfil de quién será el ungido para conducir al PRI capitalino en un proceso de selección de candidatos que no se antoja nada terso, sobre todo por carecer de un Consejo Político vigente. Ante la falta de legitimidad de sus órganos partidistas locales, las cúpulas enfrentan el dilema de resucitar el consabido “dedazo” o plegarse a los caprichos de Gutiérrez de la Torre para darle el tiro de gracia a un priísmo que naufraga en un cuarto lugar de las encuestas en la capital del país.
Mientras tanto, en las oficinas de Puente de Alvarado se escucha, como susurro, un melancólico: “¡Adiós, Mariana, adiós¡”…
