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* El cacique del Grupo Universidad insiste en descalificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el nuevo congelamiento a las cuentas de la UAEH ante la presunción de lavado de dinero; Gerardo Sosa sabe que si no cuenta con los fondos suficientes en la próxima elección local, su eterno sueño por ser gobernador puede esfumarse en la 4T
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Especial de Expediente Ultra
Gerardo Sosa Castelán, dueño y señor absoluto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se reunió con su círculo cercano de subalternos en las oficinas de las calles de Abasolo para pretextar un encuentro con los medios con la apariencia de un cónclave a puerta cerrada donde, trascendió, calificó de “chaquetas mentales”, el asunto “más que claro” de las inversiones realizadas con la firma Credito Suisse, para según él, obtener un mayor interés que el pagado en los bancos a los recursos de un fideicomiso fundado hace 20 años con la aportación del 8 por ciento del salario de los trabajadores de la institución educativa; es decir, los 151 millones de dólares que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le volvió a congelar al presidente del Patronato Universitario.
El todopoderoso cacique fue cauto al enfilar sus baterías de manera exclusiva contra el titular de la UIF, Santiago Nieto y HSBC, responsables, a su decir, de descalificar a una “universidad exitosa”, sin mencionar ni por descuido a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y por ende, jefe superior inmediato del Fiscal Antilavado.
Gerardo Sosa está plenamente consciente que aunque trate de deslindar el asunto de la arena política, tal pretensión es imposible. Nieto no se manda solo y todo lo que ha venido investigando por lo delicado de los asuntos, atraviesa por los filtros de Herrera y del propio presidente de la República.
Cauto, no quiere ser la parodia del perro de la Tía Cleta, sobre todo porque Arturo Herrera es considerado dentro del gabinete de la 4T, como el natural “caballo negro” en la sucesión de Hidalgo. Un personaje de ese peso y calibre políticos, no es cómo para echárselo de enemigo. Y si algo caracteriza al jefe del Grupo Universidad, es no tener un pelo de tonto.
Pero aunque el capo de tutti capi de la Sosa Nostra trate de deslindarse del sentido patrimonialista con que ha manejado la Máxima Casa de Estudios de Hidalgo, sus propias palabras y actos terminan por contradecirlo.
De acuerdo a Sosa el origen de los 151 millones de dólares que fueron a parar a bancos del extranjero es un fideicomiso creado hace más de 20 años y, como ya referimos, sustentado por las aportaciones del 8 por ciento de los salarios de los empleados académicos y administrativos de la UAEH, con el fin de tener recursos suficientes para ser entregados a los empleados que cumplan los requisitos de jubilación de 30 años de antigüedad ó 60 años de edad.
La intención, de entrada, parece loable. Pero para crear un sistema de seguridad social paralelo al establecido en las leyes laborales del país, obvio, debió contar con el visto bueno –¿o complicidad?–, de la parte sindical, pues de otra manera haber descontado el 8 por ciento de los salarios a los más 5 mil trabajadores por más de 30 años hubiera constituido un inocultable delito.
El problema es la ausencia de contrapesos reales en el manejo y supervisión de tales recursos con la parte sindical. A cambio de lealtades y sumisiones con los representantes de los trabajadores, sus líderes han terminado por sumarse a lista de incondicionales de Sosa y en pago han sido elevados a la categoría de representantes sociales. Un claro ejemplo de ello es la diputación federal que actualmente ostenta en San Lázaro, Lidia García Anaya, ex dirigente del Sindicato de los Académicos de la UAEH.
Desde hace años, Sosa Castelán se ha negado a que órganos de auditoria externa revisen los estados financieros de la universidad pública del estado, invocando la autonomía y quebrantando las obligaciones de transparencia federal, a pesar de que tal estado de excepción no se aplica en el resto de las casas de estudio del país que reciben fondos públicos para su funcionamiento, salarios y obligaciones contractuales como el pago de pensiones.
Tampoco, que se sepa, las casas de estudio oficiales tienen un patronato que esté por encima de las atribuciones legales de los rectores. Y menos que se auto erijan para manejar cuantiosos recursos en la más absoluta discrecionalidad, cual si se tratara de una empresa privada con un dueño absoluto que adjudica el derecho de no rendir cuentas a nadie.
Lo cierto es que al paso de los años resulta imposible ocultar a los hidalguenses que el rector, las dirigencias sindicales y demás funcionarios universitarios, son meras figuras decorativas cuya función no se rige por los reglamentos en la materia sino por los dictados de Gerardo Sosa Castelán. Nada se mueve en la UAEH sin la voluntad de un político al que las obligaciones de transparencia y ahora de presunción de lavado de dinero, lo tiene, ahora sí, con las uñas contra la puerta.
El cacique insiste en que no debe rendir cuentas a “cualquier persona”, de las 22 empresas que sustentan, en sus palabras, “el éxito” de la UAEH. Pero si el que nada debe, nada teme, ¿por qué ocultar su manejo? Al final de cuentas su origen deviene de recursos públicos, de los impuestos que pagamos todos los hidalguenses y todos los mexicanos. ¿O no es así, señor Sosa?
A menos, claro está, que la DEA tenga razón y el dueño y señor de la institución educativa, no pueda demostrar el origen y manejo de los millonarios recursos congelados por la UIF.
Ya hemos comentado en pasadas columnas que Sosa Castelán necesita de manera urgente el descongelamiento de las cuentas del supuesto fideicomiso. Se avecina una jornada electoral que para él será crucial. Si no se allega los fondos suficientes para comprar voluntades y pagar las campañas de sus amanuenses, como ocurrió en el 2018, su objetivo por ser gobernador de Hidalgo puede irse a pique y entonces sí, deberá hacerse “chaquetas mentales” como único consuelo a su derrumbe político.
