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Escrito por: Mario Luis Fuentes
La inmensa inversión que realizará la empresa Tesla en el estado de Nuevo León representa un conjunto de nuevas oportunidades laborales para miles de personas, pero también para la construcción de nuevos encadenamientos productivos y de valor entre esa entidad y Texas, del lado norteamericano. Para dimensionar la magnitud de ese monto, se trata de una suma equivalente al 5% de la inversión total anunciada por Joe Biden para la primera etapa de su ambicioso plan de reindustrialización de todos los Estados Unidos de América.
La elección de Nuevo León para instalar esa nueva planta tuvo varias razones: la cercanía geográfica con Texas, la construcción de nueva infraestructura carretera que conectará a Monterrey directamente con Nuevo Laredo, y la modernización de las aduanas de Colombia; pero también, la existencia de universidades públicas y privadas de alto nivel, la disponibilidad de profesionales para laborar en esta empresa, así como una infraestructura productiva y comercial robusta para garantizar una adecuada proveeduría de manufacturas y otros productos y servicios.
A pesar de lo anterior, para el gobierno de Nuevo León y para el propio Gobierno de la República, la llegada de esta empresa implica el reto de impulsar una nueva estrategia de desarrollo regional que equilibre a todo el Noroeste del país, y que garantice que no se acentuarán las desigualdades en la región y respecto del resto del país. Esto, porque debe subrayarse que la existencia de proyectos de mega infraestructura no garantizan por sí mismos el desarrollo con bienestar, como ya ha pasado negativamente en los casos de Cancún, la Riviera Nayarita o el caso del enclave industrial de Guanajuato.
En este contexto, poco se ha hablado de una estrategia que permita la vinculación y la “apropiación social” del proyecto, entendida como la generación de ventajas sociales para la población: comenzando por las personas que habrán de ser empleadas ahí, y, en segundo lugar, por las personas y comunidades que viven en los entornos.
Desde esa perspectiva, el gobierno de Samuel García tiene la oportunidad de diseñar un nuevo modelo de intervención social para construir círculos de protección y bienestar social; es decir, a partir de un megaproyecto de inversión privada, detonar un megaproyecto de inversión social que pueda incluso replicarse como modelo de desarrollo local y regional en el país, pero también en otras regiones del mundo.
Hay pocos ejemplos de esa naturaleza en todo el mundo, y esta no puede ser una oportunidad desperdiciada, sobre todo porque se habla de que la construcción e inicio de operaciones de esta nueva planta se desarrollará en tiempo récord, de tal forma que en diciembre o a más tardar en marzo de 2024 estará iniciando sus labores.
El gobierno de Nuevo León no puede perder de vista que el entorno social de una empresa de esta envergadura es esencial para generar un clima de negocios apropiado, pero también un ambiente de garantía de derechos para los habitantes de Nuevo León. Por ello, si esa planta se edificará a gran velocidad, debería actuarse igual en la generación de intervenciones sociales para mejorar las condiciones sociales.
Así pues, surge la pregunta de: ¿cómo pensar en las paradojas que existen en esa región del país, sobre todo por los profundos enclaves de pobreza que aún persisten; por las condiciones de inseguridad generadas por las organizaciones criminales que operan en toda la región; y por la complejidad migratoria que se ha configurado en toda la frontera norte de México?
Se ha dicho que esta inversión puede ser una de esas acciones que “cambian el juego” en algunas regiones; y es cierto; pero no puede pensarse sólo en términos de lo económico, sino, ante todo, debe entenderse que, sin una mejoría sustantiva en el bienestar social, aquello será una vez más, un cambio a favor de los jugadores más fuertes, desplazando, y sobre todo, lastimando a los de siempre: los más pobres y los más desprotegidos.
Investigador del PUED-UNAM
