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Redacción
En un esfuerzo decidido por combatir la corrupción y garantizar la legalidad en las contrataciones públicas, el gobierno de Julio Menchaca, a través de la Contraloría, mantiene un monitoreo activo y constante sobre los procesos de licitación y adquisición de servicios, arrendamientos y bienes en el Estado de Hidalgo.
Durante el último trimestre de 2024, los asesores normativos de la Contraloría participaron de manera proactiva en 138 actos públicos, que incluyeron reuniones, presentaciones y aperturas de propuestas. En total, 73 procedimientos de contratación fueron supervisados por la Contraloría, en 21 organismos estatales, por un monto global autorizado de más de 614 millones de pesos.
El proceso, que incluye diversas etapas clave como las juntas de aclaraciones y las aperturas de proposiciones, es fundamental para asegurar la transparencia y legalidad de cada contratación. En las juntas de aclaraciones, por ejemplo, los contratistas tienen la oportunidad de despejar dudas y los convocantes pueden hacer ajustes o aclaraciones según las necesidades de la contratación.
En estas reuniones, los asesores de la dependencia también vigilan que no haya irregularidades o manipulaciones que puedan distorsionar el proceso. Un paso clave del proceso de licitación es la validación de la documentación presentada por los licitantes.
Los asesores de la Contraloría estuvieron presentes en 49 aperturas de proposiciones, donde se revisó la autenticidad y vigencia de los documentos entregados, con el fin de asegurar que todos los participantes cumplieran con los requisitos establecidos.
En caso de detectar alguna falta o irregularidad, los asesores tienen la facultad de desechar la propuesta, para garantizar que solo los licitantes que cumplen con todos los lineamientos continúen en la competencia.
La última fase de esta supervisión es la de los actos de fallo, donde se evalúa la propuesta ganadora de acuerdo con criterios cualitativos y en estricto apego a la ley. Durante 47 actos de fallo en los cuales participaron, los asesores de la Contraloría garantizaron que la adjudicación de contratos fuera objetiva y basada en la mejor oferta para el Estado.
Este enfoque integral y transparente busca asegurar que los recursos públicos sean aplicados de manera eficiente, económica y honesta. De acuerdo al Contralor Álvaro Bardales, la participación activa de la Contraloría en estos procesos es clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las autoridades y para garantizar que los procedimientos de contratación se realicen con los más altos estándares de transparencia, eficiencia y legalidad.
