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*La pretensión de la alcaldesa del PAN para que se le entregue el manejo del vital líquido, operado por la Caasim, puede tener el encubierto propósito de privatizar el servicio
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Cercada por sus yerros políticos y la urgencia de hacer redituales negocios, a un año de que concluya su mandato, la alcaldesa de Pachuca, Yoli Tellería exige al gobierno estatal la entrega del manejo del agua potable y alcantarillado bajo la excusa de mejorar la operatividad y obtener mayores recursos a su administración, marcada por la ineficiencia y corrupción.
La Comisión de Agua Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (Caasim) respondió de manera clara y contundente a la absurda petición de la munícipe:
“La CAASIM es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, el cual tiene a su cargo 14 municipios de la zona metropolitana del Estado de Hidalgo, incluyendo Pachuca de Soto, por lo que, su infraestructura desde las fuentes abastecimiento, acueductos, cárcamos, tanques de distribución y bombeo, así como sus líneas de interconexión, están diseñadas para atender de forma coordinada a todos los municipios, sin existir frontera física entre la infraestructura y mucho menos delimitando a cada territorio.
Por lo cual, ningún municipio por sí mismo tendría la capacidad, infraestructura, ni fuentes de abastecimiento para operar de forma individual; por ejemplo: Las fuentes de abastecimiento que surten al municipio de Pachuca de Soto, se encuentran territorialmente en los municipios de Mineral de la Reforma, Zapotlán de Juárez y Zempoala; la Capital del Estado únicamente cuenta con dos presas y dos plantas de agua de mina, con un volumen de 192 litros por segundo, que servirían para abastecer solamente a 26 mil tomas de las 115 mil que se tienen registradas actualmente en el padrón de usuarios.
Además, el municipio no posee dentro de su territorio ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, ya que estas también se ubican en los municipios circunvecinos. En consecuencia, los habitantes, no solo de Pachuca, si no de los 14 municipios, se verían seriamente afectados en la calidad, continuidad y costo de los servicios”.
En su tercer informe de gobierno, la presidenta municipal planteó al gobierno del estado: «Quiero pedir al gobernador que nos apoye con recursos extraordinarios, mismos que serán aplicados donde se deben con transparencia; así también exigimos que se entregue el aprovechamiento de agua potable al ayuntamiento y no a Caasim, para que de esa forma podamos atender drenaje pluvial que no se tiene y que tanta falta hace en la capital, así como para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y construcción de las líneas de agua potable y drenaje por parte el municipio y que así no se dependa del gobierno estatal para poder atender las vialidades; para esto únicamente falta voluntad política y dejar de lado los colores partidistas para ver por el beneficio de los pachuqueños».
El pedimento de Yoli Tellería no debe verse a la ligera pues no debe olvidarse la tendencia a privatizar los servicios públicos por parte de diversos partidos en gobiernos municipales y federales. Por ejemplo la fallida Ley Korenfeld presentada por el titular de la Conagua en el sexenio pasado y más reciente, el proyecto en este sentido del alcalde de Guadalajara, del partido Movimiento Social, Ismael del Toro Castro.
En la Perla Tapatía, líderes sociales han denunciado el proyecto encubierto para privatizar el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), por parte de las autoridades.
“El derecho humano al agua y al saneamiento está vigente en México, (por lo que) el agua para uso doméstico que capta el Siapa es incompatible con una política de empresa privada que busca el lucro. Para cumplir con el derecho humano al agua se requiere el servicio público y no puede quedar sujeto al interés de ganancias privadas”, advirtió en aquella ciudad el representante de la Red Metropolitana de los Parques Públicos y Áreas Verdes, Pedro León Corrales.
En este contexto y el interés de Yoli Tellería, no debe pasarse por alto la denuncia que activistas de 17 países han venido haciendo, en el sentido de que “en México hay una privatización del agua en curso”, como lo expusieron en el marco del foro internacional “El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones: Avances y retos en América Latina”, donde discutieron la situación de la región en materia de acceso al agua, a través de la exposición de las experiencias adquiridas en países como Bolivia, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, Honduras, Chile y México.
A Yoli se le va el tiempo y no debe permitírsele que siga llevando al despeñadero al municipio pachuqueño en su afán por empezar a engordar su cochino en el próximo Año de Hidalgo de su administración. Bajo ningún pretexto debe permitírsele que el manejo del agua potable pase a sus manos.
